Las terceras fuerzas en la provincia siempre estarán en riesgo por la corrupción de sus integrantes, con el antecedente de impunidad del caso de Bonarrico. Terminadas las elecciones del 2017, Protectora había obtenido tres senadores provinciales que aseguraban una minoría importante en esa cámara legislativa que, en más de un caso, obligaría a desempatar a la exvicegobernadora Laura Montero. Obviamente, al gobernador Cornejo le disgustaba sobremanera ese escenario, por lo que ya en la Fiesta de la Vendimia usó la estrategia de Romper y corromper, por lo que tenía abrazado a Bonarrico, junto con el jefe de gabinete Marcos Peña, que todavía le faltaba hasta el mes de mayo para asumir y ya lo tenía a su lado. Luego por cuatro años tuvieron un aliado incansable para votar todos los proyectos del oficialismo.
Los favores se pagan. Siempre fue para nosotros una gran intriga qué recibía Bonarrico del gobierno a cambio de su voto incondicional y su apoyo público, aparte de darle el apoyo para sacar leyes como «el día de la iglesia evangélica» y otras similares. Se supo por el boletín oficial que el 23/2/22 el ministro de gobierno Dr. Víctor Ibañez Rosaz, en representación del gobierno de Mendoza, suscribió un convenio de colaboración con la Fundación Acción Social, cuyo presidenteera Bonarrico, donde el gobierno de Mendoza asumió el compromiso presupuestario de desembolsar en el término de dos años $18.000.000 (pesos dieciocho millones) para que la Fundación Acción Social realice actividades que terminan siendo una réplica de las realizadas por el Estado Provincial a través de sus diferentes Ministerios y organismos.
Ante semejante donación, fue entrevistado Bonarrico por Marcelo Arce en MdzRadio, y explicó que la donación de 18 millones que iba a efectuar la provincia a favor de su fundación se hacía en cumplimiento de un acuerdo político que hizo su partido Movimiento de Acción Social (MASFE) con Cambia Mendoza en ocasión del cierre de candidatura de las últimas elecciones y que posteriormente luego de una reunión con los dirigentes de Cambia Mendoza, entre los que estaba presente Tadeo García Zalazar (Presidente de la Unión Cívica Radical) el 12 de julio de 2021, el se comprometía a renunciar a su candidatura y a la de todos los candidatos que se iban a presentar en cargos provinciales y departamentales pertenecientes a su partido. Por lo que MASFE no llevó candidatos ni Bonarrico se presentó para renovar su banca en el Senado.
La denuncia del Partido Verde
A raíz de estas declaraciones, junto a los dirigentes del Partido Verde, como tercera fuerza política de las últimas elecciones, hicimos la denuncia penal a fin que se investigara la posible existencia de presuntos delitos de corrupción de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, exacciones ilegales, concusión, cohecho y tráfico de influencias, dado que tanta esta última donación de 18 millones que se conoció, pudiere ser un eslabón más de otras dádivas dadas desde el gobierno provincial, como también desde municipios. Así la fiscalía debería haber investigado el origen de las abundantes entregas de módulos alimentarios que usaba el Partido Masfe para entregar a sus afiliados.
Así la fiscalía debería haber investigado las pautas publicitarias, como la de 400 mil pesos que el municipio de Godoy Cruz que ha pagado al multimedios “Shalom” cuyo titular es Bonarrico,
Así la fiscalía debería haber investigado la contabilidad de las personas jurídicas cómo el partido MasFe, la Fundación Acción Social, cuyos presidentes es Bonarrico.
Así la fiscalía debería haber investigado en forma personal a Bonarrico la cantidad de asesores o puestos en la administración pública que pudo haber sido dados a sus familiares o personas de su entorno.
Por desgracia esto nunca lo vamos a saber porque desde la propia fiscalía solo consideraron, Sin investigar, la donación como un solo hecho delictivo, en forma aislada, cuando es base de una investigación de corrupción ver todos los posibles accesos a dádivas o beneficios económicos. Lo mismo se aplica a los delitos que se pidieron investigar como enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos, que no se produjeron porque el gobernador dio de baja la donación, Sin investigar, todas otras actividades que pudieran comprometer fondos públicos destinados de una u otra manera la persona de Bonarrico.
No obstante la fiscalía conociendo o debiendo conocer la existencia de una alternancia continua de un opositor y el gobierno donde sin explicación lógica se apoyaba los proyectos de ley y apoyo electoral, que podía dar lugar a la sospecha suficiente para recabar prueba de cargo para continuar la investigación penal del delito de negociaciones incompatibles, solo con la propia declaración del imputado, y sin buscar una llamada telefónica, pedidos de informes, nada, Archivaron la causa.
Consecuencias del Archivo de la Causa Penal contra Bonarrico. La falta de una justicia independiente, que investigue hasta las últimas consecuencias los posibles casos de corrupción gubernamental, máxime cuando el delito involucra no solo un enriquecimiento ilícito de una persona, sino que es la posible compra de la voluntad política de un Senador Provincial, que llegó a la banca para representar una minoría de oposición, por lo que la impunidad ratifica la posibilidad de seguir comprando voluntades y minar cualquier partido político minoritario usando los fondos públicos para su consecución.
Cuando alegremente se asevera que en Mendoza las terceras fuerzas políticas no se desarrollan y crecen, sepan que es muy difícil lograrlo si se permite el juego sucio de la compra de voluntades
Nuestra propuesta para evitar a los tránsfugas de bancas. Por eso, en nuestras propuestas del Partido Verde para la transparencia y fortalecimiento de la democracia, debemos consagrar por Ley que los cargos electivos sean del partido político que se presenta a las elecciones y no de la persona, para evitar a estos «tránsfugas», la violación a la voluntad de los electores y que se evite los negocios espurios de compra de votos legislativos.
Las bancas de toda representación legislativa provincial, municipal o comunal deben pertenecer a los partidos políticos que han intervenido en el acto electoral. Cada partido tiene que tener la atribución de determinar si la forma en que es ejercida su representación o mandato responde al programa y doctrina política que sirvió para la exaltación del candidato al cargo que ocupa» y en caso de incumplimiento en el ejercicio de su mandato «a solicitud del órgano deliberativo máximo partidario» y con todas las garantías del derecho de defensa «se revoca el mandato del representante y se sustituye por el suplente correspondiente ante la justicia electoral’.
Por Mario Vadillo, diputado provincial mandato cumplido y presidente del Partido Verde Mendoza.
