Este martes el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, presentó en la Cámara alta un proyecto que busca hacer minería por fuera de la Ley 7722. La iniciativa propone trabajar la minería en 200 hectáreas del departamento del sur mendocino, donde se puedan aplicar sustancias como cianuro y ácido sulfúrico, actualmente prohibidos por la normativa, pero necesarios para distintos tipos de extracción, según explicó el jefe comunal sureño.
Ojeda se presentó esta mañana a la Casa de las Leyes junto a la senadora malargüina Jésica Laferte para presentar formalmente la propuesta en la que se viene trabajando desde hace meses.
Una vez formalizada la presentación, tal como se lo adelantó en persona al intendente Ojeda, el gobernador Rodolfo Suarez se despegó de esta iniciativa y avisó que desde el Ejecutivo provincial respaldarán la vigencia de la 7722.
El mandatario provincial quiere evitar el conflicto social que ya atravesó en el inicio de su gestión y que podría generarle nuevas tensiones hacia el próximo año, que será electoral.
“No va a salir del Senado en los próximos meses, y es probable que no salga en todo lo que queda de gestión”, confirmaron desde la cúpula radical, muy cerca de donde se toman las decisiones. El mandatario fue claro, y la visión de casi toda la UCR es que lo mejor que puede pasarles es que el avance de Ojeda termine cajoneado, por lo menos, hasta que haya un cambio de Gobierno en la provincia.
“Lo que nos mencionó el gobernador es que sería negativo avanzar con el expediente. No está en las intenciones del Ejecutivo tratarlo, simplemente porque no ha habido un proceso de sensibilización ni debate de calidad. Al menos por ahora”, expresó una alta fuente legislativa. En ese “al menos, por ahora”, puede residir la poca esperanza de los sureños respecto a que la norma sobreviva.
En contraposición, luego de abandonar la Legislatura, el intendente de Malargüe aseguró que existe consenso popular en este departamento para el desarrollo de este proyecto minero y avisó que quiere construir colectivamente una minería que combata la pobreza, genere trabajo y que, a su vez, cuide el ambiente y genere progreso y oportunidades.
“Nuestro departamento tiene una superficie equivalente a Tucumán o Suiza y, a lo largo de la historia de Malargüe, la minería fue muy importante para el desarrollo social, económico, cultural, educativo, de construcciones viales e infraestructuras férreas para el país. Tenemos vocación minera desde entonces y la mantenemos actualmente. Hoy producimos cerca del 65% del petróleo mendocino y con ello prácticamente se financia el 80 por ciento de los sueldos estatales de la provincia. Tras la pandemia y la crisis más grande que asoló este departamento, es necesario que los mendocinos comprendan que para que haya una luz de esperanza; este departamento necesita desarrollar todo lo vinculado con su matriz productiva y esto incluye la minería”, explicó el intendente de Malargüe.
En ese sentido, Ojeda les solicitó a todos los habitantes de la provincia que lo apoyen: “Si aquí se habla de trasvase del Grande al Atuel es porque entendemos que hay zonas o regiones que tienen una mayor capacidad en el desarrollo agropecuario y requieren del agua. Y lo proponemos porque entendemos esto y nos desprendemos de este recurso vital, por eso pedimos la misma solidaridad por parte de los mendocinos con este pueblo, porque urge que Malargüe haga minería. Queremos trabajar de lo que somos, sabemos y siempre hicimos. Malargüe debe ser un gran polo minero, industrial y energético”.
El Intendente malargüino dijo que su proyecto exige el cumplimiento de la ley de ambiente (25.675), la norma de protección ambiental de la actividad minera (24.585), la protección del medio ambiente (5.961), la de Residuos peligrosos (5.917), la Constitución Nacional y Provincial; la ley de Ordenamiento Territorial (8.999), la ley de presupuestos mínimos para la preservación de Glaciares (26.639), el precepto de protección de áreas naturales (6045) y normas específicas de la Dirección General de Irrigación, entre otras: “Teniendo en cuenta lo dicho, la cantidad de hectáreas disponibles para el desarrollo de la minería no serían más del 0.05 % del total de la provincial, algo así como 200 hectáreas en el potencial y al cien por ciento de desarrollo de este sector”.
En esa línea, el intendente pidió que la discusión del proyecto se mantenga en el ámbito legal y no se extienda hacia otros sectores: “Estamos convencidos de que se necesita un cambio y esa discusión debe darse en el ámbito legislativo, no por fuera. Por eso, hemos venido a presentar la propuesta aquí, porque creemos en el diálogo, en la matriz productiva plenamente desarrollada, en la democracia, y ojalá todas las voces e instituciones, aun cuando no estén de acuerdo o sientan temor, confluyan a la casa de las leyes. Esta es una propuesta concreta –de nuestra tierra– para poder sacar a Mendoza y el país de la pobreza en la que están sumidas”.
Ante las críticas recibidas de distintos sectores ambientalistas y políticos, Ojeda defendió la propuesta al señalar que “excluye zonas donde no se podrán usar sustancias químicas como el cianuro o el ácido sulfúrico, y prohíbe el uso total del mercurio”, a lo que agregó: “Esta exclusión está estipulada a una distancia no menor de 10 kilómetros respecto de los ríos Atuel, Colorado, Grande, Salado, Barrancas, Malargüe, incluidos sus afluentes; a todos los humedales, reservas naturales. Insisto, allí estará prohibido el uso de estas sustancias”.
Más allá de la rebeldía del intendente, el Gobierno Provincial tiene la decisión de evadir el proyecto minero a raíz de los acontecimientos del 2019 cuando el pueblo de Mendoza dijo contundentemente «La 7722 No Se Toca», más allá de que la Legislatura entre peronistas y radicales había votaron a favor de la desaparición de la emblemática ley y puso en juego la gestión de Rodolfo Suarez en sus primeras semanas.
