Para Cornejo los que protestan en las calles son «criminales» y envía imputación al FIT y sindicalistas por el paro del 6 de abril

Actualidad

Los legisladores de la izquierda mendocina Lautaro Jiménez, Héctor Fresina y Víctor da Vila, más los referentes sindicales Polo Martínez Agüero, Raquel Blas, Jorge Chávez y Jonathan Neira, y el abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humano, Enrique Jasid, fueron notificados de su imputación por la supuesta violación del artículo 194 del Código Penal por participar de un corte con movilización y acto en el marco del último paro nacional del 6 de abril. La orden lleva la firma de la fiscal Gabriela García Cobos.

Cabe recordar que el pasado 6 de abril se realizó un paro de la CGT por 24 horas en todo el país. En Mendoza hubo un corte total en calle Colón y San Martín, y con un gran caos vehicular para ingresar a la Capital mendocina. Con un gran operativo policial, organizaciones políticas y sociales se había desarrollado una marcha por las calles del microcentro de la provincia, que terminó con un acto frente a la Legislatura.

Una vez en la Legislatura, el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, había asegurado que iban a imputar a los dirigentes y legisladores que cortaron la calle, y había amenazado que si es necesario, buscarán quitarles los fueros a los diputados y senadores que ocasionaron el corte de calles por el hecho de «entorpecimiento de las vías terrestres».

Mientras tanto, del lado de la Municipalidad de Capital se había hecho presente Raúl Levrino, secretario de Seguridad Ciudadana; para notificar al partido político de izquierda una multa por 40.000 pesos, por el propio corte de calles, por no respetar las normas de convivencia de Capital.

Hoy todo aparece en esta imputación manifestado en papel por «impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra».

Al respecto el diputado Lautaro Jiménez aseguró que «esta imputación es, lisa y llanamente, la criminalización de la protesta social basándose en una norma establecida durante la dictadura de Onganía. Toda una declaración de principios del gobernador Cornejo que es quien está detrás de esta persecución. Como no puede dar respuesta a los problemas de trabajo, vivienda, salud o educación quiere encarcelar a quienes reclaman por sus derechos y a quienes nos solidarizamos con esos reclamos» y agregó que «repudiamos esta decisión de la Justicia adicta y amañada, armada a gusto de Cornejo, para perseguir a quienes reclaman derechos elementales».

Por su parte, Noelia Barbeito afirmó que «claramente esta decisión de la Justicia, propiciada por el gobernador, es una barbaridad que debe ser repudiada por todos los sectores políticos y sindicales del país. Esta política de persecución, amedrentamiento y persecución es una política impulsada por el radicalismo y el presidente a nivel nacional».

En un comunicado del Partido Obrero señala «Esta acción representa un salto en calidad en la política represiva que viene impulsando Cambiemos en todo el país, que tiene como antecedentes directos el desconocimiento de las tutelas sindicales, el intento de regimentar las asambleas de trabajadores (así como la intromisión directa en la vida de los sindicatos como en el caso de la intervención del gremio judicial), la instrumentación de medidas anti huelga como el doble presentismo, y el accionar policial en ocasión de ollas populares, de concentraciones de feriantes, ocupaciones de terrenos o el reclamo de barrios humildes inundados».

Agrega: «Este “salto en calidad” represivo significa una declaración de guerra contra las libertades democráticas. El gobierno pretende que la acción política de los senadores y diputados de la izquierda se limite a las cuatro paredes de la legislatura, es por esto que no es casual que se avance contra los legisladores que estuvieron acompañando cada una de las luchas populares en la provincia y expresándolas al interior del recinto, y que denunciaron los actos de corrupción de funcionarios y legisladores (como el actual ministro de Economía Martín Kerchner) y planteando una salida obrera a la crisis provincial.

No se trata de una decisión judicial, sino de una decisión política del gobierno.
Si esta medida prospera la legislatura deberá revocar los fueros de los parlamentarios consumando un régimen de “excepción jurídica” a criterio de gobierno. Ya son violados los fueros pues se está imputando a quienes ejercen una acción política consecuente con las plataformas electorales por las que fueron votados.
Al mismo momento de la notificación, expresaron su rechazo distintas organizaciones y personalidades. Lanzamos ya mismo una campaña contra este brutal ataque a las libertades democráticas y de acción política y sindical.
Llamamos al conjunto de la población  a derrotar esta escalada represiva», finaliza el comunicado del PO.