Soledad Sosa insiste #LaRemontaNoSeVende:»Este proyecto es un acto de entrega de soberanía, extranjerización y concentración de la tierra»

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Las polémicas y ricas tierras de La Remonta siguen con final abierto. Ya es sabido que el gobernador Cornejo avala la subasta de tierras militares de Campo los Andes, asegurando que la inversión privada generará riqueza y que será redistribuida. Sin embargo los asambleístas opinan lo contrario y denuncian la concentración de tierras y el limitado acceso a los recursos naturales claves para la Región del Valle de Uco.
A casi un mes de presentado el recurso de amparo- sobre el decreto presidencial 225/17, que habilita esta subasta de las tierras públicas, la Justicia Federal todavía no ha dicho nada y aún no hay juez designado para atender los amparos presentados.
El 11 de abril, productores y vecinos de la zona en cuestión -representados por el abogado y ex legislador radical Fernando Armagnague- presentaron una acción de amparo en el Juzgado Federal en lo Civil (Sección 2 ), a fin de detener cualquier accionar que se pueda realizar en el marco de la  resolución del Ejecutivo Nacional, a la cual consideran “arbitraria y anticonstitucional”.

Días después, la Fundación Pedemonte hizo lo propio en la Justicia. “El decreto presidencial dispone la venta del terreno desconociendo que es un bien de dominio público y por lo tanto inalienable, ubicado en zona de seguridad y frontera”, argumentaron, entonces, desde la organización civil y también basaron su oposición en el hecho de que esta medida tendría que haber sido discutida en el ámbito del Congreso Nacional, como establece el artículo 75 de la Constitución.

A estos dos amparos se habrían sumado luego otros en la Justicia Federal, encarados  por particulares que están en desacuerdo con el destino propuesto por el Gobierno para estas tierras del Ejército. Sobre ninguno habría resolución.

Ahora la Justicia Federal también está buscando desaparecidos de la última dictadura militar en el lugar de La Remonta. Esto es a raíz que los puesteros, los mismos que han presentado un amparo judicial contra la venta de esos terrenos, afirman que fueron testigos en la dictadura de cómo secuestraban gente en la zona.
Hoy los vecinos autoconvocados de La Remonta -y del Valle de Uco, en general- se concentraron frente al edificio de Tribunales Federales, en Mendoza Ciudad, buscando respuestas sobre por qué han pasado cuatro semanas y aún no hay juez designado para atender los amparos presentados.
La diputada nacional por Mendoza, Soledad Sosa señaló «Acompañé en tribunales federales a los vecinos del Valle de Uco que en una nueva acción rechazan la escandalosa venta de más 10 mil hectáreas de terrenos pertenecientes al Estado Nacional concretamente al Ejército Argentino, «Campo Los Andes» donde se encuentra el paraje La Remonta. Presentaron dos recursos de amparos a los cuales piden se les designe un juez».
Sosa, del Bloque FIT-Partido Obrero agregó «Seguiré insistiendo en el tratamiento del proyecto de ley que presenté en el Congreso de la Nación para que se derogue el DNU 225/17 de Macri que dispone esta venta ya que considero  que es un acto de entrega de soberanía y de bienes comunes como el agua y la tierra, favoreciendo la extranjerización y concentración de la tierra en una zona estratégica para quienes ya dominan el mercado del vino, espero que el resto de los diputados nacionales me acompañe para defender los intereses de la provincia y de la nación».
«Además, se suma el agravante que la venta de La Remonta impediría la búsqueda de desaparecidos de la última dictadura, tal como declararon particulares que viven en la zona ante la justicia y sus abogados. Esto entorpecería el objetivo de memoria, verdad y justicia con el que miles de argentinos se movilizaron recientemente», destacó la legisladora de la izquierda mendocina.
Por otro lado, Sosa habló sobre la importancia estratégica de los recursos naturales que se encuentran en dichas tierras «No está prevista la situación de las familias que viven allí desde hace décadas, es un terreno de frontera donde se encuentran las plantas potabilizadoras de agua que abastecen a los pobladores del Valle de Uco».
Las autoridades de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), cuando estuvieron semanas atrás en Mendoza, aseguraron que el proceso de venta está planteado a muy largo plazo y prometieron generar instancias de diálogos con la comunidad y referentes locales para su diseño.

Sin embargo, hasta el momento no hubo diálogo y sí algunas acciones. Los vecinos dicen que han realizado mediciones y que incluso, días atrás llegaron agentes para realizar un censo a la población de la zona, pero -después de conocer la situación- se retiraron sin hacer la consulta censal.