La Asamblea por el Agua tras el fallo que manosea la Ley 7722: «El gobierno provincial será responsable de la conflictividad social»

Actualidad Mendoza

Por más que los grandes grupos mediáticos de Mendoza, que juegan a favor del lobby de las megamineras, quieran minimizar la modificación de la Ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas para la actividad minera en Mendoza , incluso algunos periodistas pagos hablan de «ruidito», el pueblo se empezó a movilizar y manifestar su indignación por la resolución judicial de la Corte Suprema de Justicia que resolvió un recurso extraordinario elevado por la minera San Jorge que establece la inconstitucionalidad del párrafo del artículo 1 que hace referencia a «otras sustancias» en la mencionada norma. De esta manera, a partir de ahora habilita con impunidad el uso de xantato, poliacrilamida y otras sustancias químicas contaminantes en Mendoza.

Las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP) repudiaron el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional una parte clave del artículo fundacional de la Ley 7722 que impide el uso de sustancias tóxicas en la minería.

«La principal beneficiaria inmediata del fallo es Minera San Jorge, pues le facilita reimpulsar su proyecto en el valle de Uspallata, con una técnica similar a la de Minera Alumbrera en Catamarca. Si diera lugar a esa pretensión, el gobierno provincial será responsable de la conflictividad social en torno a un proyecto que desde sus inicios no tuvo licencia social», resumió en un comunicado la AMPAP.

Se refieren con esto al proyecto de San Jorge para dinamitar la montaña en busca de oro, plata y cobre con un sistema de lixiviación que utiliza el xantato, el as bajo la manga que guardaba la minera tras el rechazo social profundo que desató el intento de voltear la 7722 con un pacto entre la UCR y el PJ en 2019.

Recordaron las asambleas que el pacto político sigue vigente en lo que a extractivismo se refriere y convocaron a la población que defendió en las calles la 7722 a estar alerta ante este nuevo embate empresarial con guiño judicial.

La bronca del pueblo empieza a crecer y se manifestó en la Feria del Libro de Mendoza

Vecinos y asambleístas irrumpieron en la Feria del Libro, que se realiza en el Ángel Bustelo, para alertar sobre la posibilidad de que la minera San Jorge reactive el proyecto para dinamitar la montaña en Uspallata paras sacar oro, cobre y plata tras el fallo de la Corte Suprema de la Nación que declaró inconstitucional un tramo fundacional de la Ley 7722. 

Según detalla el medio colega Explícito Online, en la entrada del Bustelo, desplegaron la bandera que los acompaña en todas las marchas con la leyenda «La 7722 no se toca» mientras alertaba a quienes estaban en la cola para entrar. «Estamos en peligro de nuevo. El agua de Mendoza está en peligro», señalaron.

Luego ingresaron al auditorio, entre aplausos de los asistentes y al canto de «El agua de Mendoza no se negocia».

«Nos declaramos en estado de alerta. Estamos denunciando un nuevo ataque a la Ley 7722, necesitamos que nos acompañen en las manifestaciones. Otra vez la ley ha sido atacada por los sectores que quieren contaminar y cambiar el rumbo de las sociedades. Necesitamos el agua, por eso hacemos estas intervenciones. Ustedes son parte y en el 2019 lo demostraron», anunciaron a los asistentes, mientras avanzaban por los pasillos. En una de las charlas que se desarrollaba en ese momento, a cargo de Dany Jiménez, periodista, conductor y director musical de Vorterix.

Recibieron aplausos de los asistentes y se retiraron del salón, previo agradecimiento a quienes estaban sobre el escenario por el uso del tiempo y el espacio para difundir lo que ocurre con el lobby minero en Mendoza.

El comunicado completo de la AMPAP:

LA MEGAMINERÍA NO TIENE LICENCIA SOCIAL

Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) expresamos nuestro rechazo a parte del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre nuestra Ley 7722 Guardiana del Agua, elemento clave de la resistencia de nuestro pueblo contra la instalación de la megaminería en nuestros territorios.

Nos declaramos en estado de alerta y movilización y convocamos a todo el pueblo a regresar a las calles para defender nuestra agua.

El reciente fallo de la Corte nacional declara constitucional la mayor parte de nuestra ley 7722. Sin embargo, alentando a los capitales mineros, declaró inconstitucional una expresión del artículo 1, que prohíbe el uso de “otras sustancias tóxicas similares”. Aunque cianuro, ácido sulfúrico y mercurio siguen prohibidos en minería metalífera, este fallo facilita la explotación de proyectos mineros que utilicen otras sustancias también muy contaminantes y dañinas para la salud, como xantato, poliacrilamida y otras.

La derrota jurídica que sufrió el lobby minero en 2015, producto de la movilización popular que logró sostener ante la Justicia mendocina la constitucionalidad de la ley 7722, fue compensada con la decisión política de la Corte nacional de favorecer parte del reclamo de Minera San Jorge. Y esto en un contexto político donde tanto el gobierno nacional de Alberto Fernández como el provincial de Rodolfo Suárez pretenden impulsar la megaminería y el fracking en Mendoza. Las asambleas no olvidamos que en 2019 las cúpulas del PJ y la UCR acordaron derogar la ley 7722 traicionando al pueblo mendocino. El Frente de Todos y Cambiemos son socios estratégicos del lobby empresarial megaminero, y no hay grietas en su intento conjunto de imponer contaminación y saqueo de nuestros bienes comunes.

Este guiño judicial al poder político y económico nos obliga a informar el riesgo al cual quedamos expuestos. La principal beneficiaria inmediata del fallo es Minera San Jorge, pues le facilita reimpulsar su proyecto en el valle de Uspallata, con una técnica similar a la de Minera Alumbrera en Catamarca. Si diera lugar a esa pretensión, el gobierno provincial será responsable de la conflictividad social en torno a un proyecto que desde sus inicios no tuvo licencia social.

Mientras la clase política apoya el proyecto San Jorge, se niega desde hace dos décadas a crear el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas. Ese proyecto presentado por la comunidad de Uspallata, apoyado por AMPAP y el movimiento socioambiental, permitiría un modelo productivo socialmente inclusivo y en armonía con el ambiente y los bienes comunes.

Los medios de desinformación, principales aliados de las empresas y del gobernador, celebraron el fallo judicial con el objetivo de confundir a nuestro pueblo. Pretenden deslegitimar nuestra ley 7722 y cuestionar su apoyo social, para instalar la mentira de que la megaminería solucionaría los problemas económicos que atraviesa Mendoza.

Las asambleas repudiamos esos intentos de desorientar a la ciudadanía comprometida con la defensa del agua. Instamos al amplio movimiento socioambiental y organizaciones de todo tipo a expresarse en calles, plazas, medios y redes, retomando la experiencia histórica que como pueblo nos permitió recuperar la ley 7722 en diciembre de 2019.

Nuestra fortaleza está en la unidad y en la conciencia del pueblo que defiende el agua de Mendoza. Desde AMPAP exigimos que la Legislatura trate y apruebe con urgencia el proyecto de creación del Área Natural Protegida Uspallata Polvaredas, y que la dirigencia política acepte que la megaminería no tiene ni tendrá jamás Licencia Social en Mendoza.

EL AGUA DE MENDOZA NO SE NEGOCIA
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Fuente Explícito Online