En la Mendoza «del turismo», Suarez recorta y vacía los parques provinciales, para reconvertirlos en atracciones privadas

Actualidad Mendoza

El actual gobierno de Mendoza gasta millonarias sumas en publicidad en los grandes multimedios porteños como «destino turístico», aunque paradójicamente la misma gestión no invierte en las principales atracciones «publicas» que tiene para ofrecer al visitante: lo vemos en el frustrado Ecoparque cerrado desde hace muchos años; el abandonado Cerro de la Gloria con roturas en sus detalles artísticos; el Parque General San Martín con grandes extensiones de pasto sin cortar, arbolado descuidado y caños de agua rotos que generan ciertos espacios «pantanosos»; un centro de esquí de Los Penitentes expropiado por Alfredo Cornejo para dejarlo en una deplorable pista de culopatín, entre otros lugares.

Curiosamente, se rumorea que gracias al «fino trabajo» de vaciamiento de los atractivos turísticos mendocinos y la privatización a «manos amigas», la ministra de Turismo Mariana Juri, tendrá como premio integrar, en un lugar privilegiado, en las listas de Cambia Mendoza, para ingresar como Diputada o Senadora Nacional, gracias al voto popular.

Desde 2015 los gobiernos radicales de Cornejo y Suarez vienen avanzando un sistemático vaciamiento del Sistema de Áreas protegidas de la provincia de Mendoza traducido en recorte salarial, de servicios en las distintas zonas, y también recorte de personal. Desde ese año se perdió el puesto de trabajo de 30 guardaparques por malas condiciones laborales, precarización y contratos basura. Actualmente son 90 guardaparques a cargo de 15 áreas naturales protegidas que comprenden el 13% de la superficie del territorio mendocino.

La falta de personal tiene diversos impactos: sobrecarga a quienes quedan trabajando en terreno, implica el cierre de reservas o seccionales, como en el Parque Aconcagua o Caverna de las Brujas, y deja desprotegidas las reservas ante cazadores de fauna nativa o la contaminación de turistas.

Entre las millonarias prioridades de gasto, Rodolfo Suarez entiende que los parques provinciales representan un verdadero derroche de dinero para los mendocinos y mendocinas, por eso juega «al vaciamiento», para su posterior privatización y el negociado para los empresarios «amigos» que desde ya generarán grandes negocios para su bolsillo.

De esta manera, Suarez quiere transferir la administración de áreas protegidas a los municipios, algo no sólo ilegal ya que corresponden que estén bajo la custodia de la provincia, sino que también podría implicar despidos y más precarización en el sector.

«Mendoza está vaciando los parques». La denuncia de los guardaparques provinciales tomó forma de marcha en los últimos días. El martes una numerosa caravana de trabajadores de la provincia partió en una «Caminata por la conservación» a la que se fueron sumando pobladores. Salieron desde el turístico parque Aconcagua, y luego de hacer noche en Uspallata planean completar 200 kilómetros hasta llevar el reclamo el viernes frente a la Casa de Gobierno. El motivo: aseguran que ya hay tres de los quince parques de la provincia (Caverna de las Brujas, Ñacuñán y Divisadero Largo) que están cerrados por falta de personal e insumos como comida, combustible y gas. Sospechan de maniobras para pasar estos parques a los municipios, y de este modo habilitar su concesión. Dicen que el resto de las áreas protegidas de Mendoza también evidencian desde hace años un vaciamiento que hoy muestra graves consecuencias. Incluso seccionales del Aconcagua, como Punta de Vaca y Matienzo –con todo su turismo internacional– sufrieron el recorte hasta el cierre. 

«Caverna de las Brujas lleva un año y cuatro meses cerrada, hoy está abandonada, vandalizada. Nadie lo dice por la enorme cobertura mediática que tiene en la provincia el gobierno de Suárez», lamenta Lucas Aros, guardaparques del parque provincial Aconcagua, uno de los que en la noche del miércoles acampaba en la plaza de Potrerillos, para seguir luego camino por la ruta 82 hasta Cacheuta, donde se unirán más personas a la caravana, muchas ya organizadas en las asambleas por la defensa del agua que sacudieron a la provincia a fines de 2019 y lograron frenar la modificación de la ley minera. 

«Estamos cansados, porque ya hemos caminado más de cien kilómetros, pero felices porque cada vez se suma más gente, nos aplauden por donde pasamos», relata el guardaparques Andrés Castro en declaraciones a Página 12. Liga este momento al hito de 2019, cuando protegieron «la ley 7722, la ley guardiana del agua que Suárez, a tres días de asumido, quiso modificar para imponer la megaminería contaminante. Este ataque a las áreas naturales protegidas tiene que ver con ese modelo extractivista que quiere llevar adelante el gobierno de Cambiemos», relaciona. 

Los guardaparques describen la situación: «el cuerpo de guardaparques tiene hoy en terreno unas 70 personas, y en 2015 eramos 100. Hay guardaparques que tienen hasta diez años de trabajo con contratos de locación de servicios, por los que ganan 23.000 pesos». 

Formado como diseñador gráfico, Humberto Mingorance es el secretario de Ambiente de la provincia; mientras que Sebastián Melchor (proveniente del Partido Socialista mendocino, parte de la alianza del oficialista Frente Cambia Mendoza) es el director de Recursos Naturales Renovables. Con una mesa paritaria frenada desde hace más de un año, desde estas áreas no recibieron a los guardaparques que ahora marchan hasta la capital provincial. 

El cordobés Jorge Otamendi ya escaló 16 montañas en distintas quebradas de Mendoza desde fines del año pasado, en un proyecto de 50 cumbres. Trabajó tres años en el parque provincial Aconcagua de «porteador» (llevando la mochila a los turistas). «En todos estos años pude ir viendo el abandono del Estado», asegura. «Hoy el peligro concreto es que la provincia de Mendoza empiece a privatizar sus parques», evalúa.

Araceli Pelegrina, pobladora de alta montaña en Penitentes y trabajadora social, lleva adelante el hostel Mundo Perdido «en el medio de la nada», según ubica. Describe un panorama social que amplía la base del reclamo: «Las áreas naturales protegidas para la provincia de Mendoza son cada vez menos importantes, cada vez se les destina menos presupuesto. A las poblaciones pequeñas de la zona de alta montaña nos están dando la espalda. Los pobladores tenemos el parque al lado y lo vemos pasar», denuncia. 

Relata que vive a diez kilómetros de Aconcagua, pero que sin embargo ni ella ni quienes viven al pie del parque provincial, van allí. «Vamos a otras montañas, la entrada al parque es carísima, y aunque quisiéramos sacarla, no podríamos: solo se hace por internet y muchas veces no tenemos señal». La anécdota resulta muy ilustrativa de la situación que Pelegrina describe: «Aconcagua recibe un montón de dinero y actúa como una empresa extractivista. Se accede a los ascensos en dólares, hay cuatro empresas que monopolizan todos los servicios. Termina siendo algo muy lejano, extraño para nosotros». Para Pelegrina «la idea de un parque nacional sería un avance, buscando que se de trabajo a la gente de las comunidades, que se garantice el trabajo de los guardaparques. Tenemos que dejar de hablar solo de la conservación del medio, y empezar a pensar cómo hacemos para que estas áreas sean de todos». 

Sin dudas, el gobierno de Suárez que se jacta de impulsar una “ciudad sustentable” o de preocuparse por el medioambiente, en los hechos desfinancia las áreas naturales protegidas. Un caso más que demuestra que el modelo de desarrollo es el extractivismo a costa de nuestros bienes comunes.

Fuente: Declaraciones vertidas para el medio Página 12