La diputada Soledad Sosa propone la expropiación del Instituto Próvolo e investigar antecedentes de los sacerdotes a cargo de menores

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El escándalo del Instituto Próvolo vio la luz en Italia cuando, en el año 2009, un grupo de 67 ex alumnos de la institución para sordomudos del norte de Italia denunció haber sido víctima de abusos sexuales por parte de religiosos, entre ellos Nicola Corradi, imputado por delitos similares en el Instituto Próvolo de Mendoza.

También, se supo que tras estos abusos se había establecido un circuito en el cual los sacerdotes acusados en Italia eran enviados a otros países, incluida Argentina. Como derivación de las declaraciones tomadas hasta el momento a distintas víctimas que sufrieron abusos en el instituto Próvolo de la ciudad de La Plata, la Fiscalía de Trata de Personas y Pedofilia a cargo del fiscal Fernando Cartasegna, investiga si en el Instituto platense se aplicó en los años 80 y 90 un “plan de selección de víctimas de abuso sexual”, en el que estuvieron involucrados los sacerdotes hoy detenidos en Mendoza por abusar de sordomudos internados en la sede de aquella provincia.

Fuentes cercanas a la investigación de esa fiscalía especializada, señalaron que “se está evaluando la posibilidad de que en el Instituto Próvolo de La Plata se haya aplicado un plan de captación de víctimas para su abuso sexual, con estrategias distintas según la edad”.

Según esa línea de investigación, la estrategia implicaba la aplicación de un “juego de roles” por parte de los victimarios, algunos de los cuales actuaban como “buenos” o “malos” según conviniera para “quebrar la voluntad del alumno”.

“A los más chiquitos los captaban en el baño y utilizaban algunos alumnos mayores para introducirlos entre los medianos para que los manosearan y así saber quiénes podían ser más vulnerables al abuso. En cambio, aquellos que eran resistentes sufrían terribles malos tratos de extrema violencia”, detallaron las fuentes.

Además, según surge de los testimonios recabados por la Fiscalía, “cada cura del Próvolo tenía un sector de chicos asignado” para cometer sus abusos y malos tratos.

La diputada nacional mendocina, Soledad Sosa, del bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores presentó un proyecto de ley de expropiación del Instituto Próvolo y señaló «Apenas estallaron las aberrantes denuncias de las víctimas de abusos sexuales por parte de los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y demás personal del Próvolo, planteamos dos problemas que atender: 1) la investigación de los antecedentes de todos los curas y sacerdotes que en el país están a cargo de menores de edad, a través de un pedido de informes en el Congreso de la Nación 2) la expropiación del Próvolo, sin ningún tipo de indemnización a la Iglesia, para crear una instituto estatal acorde a las necesidades de los alumnos hipoacúsicos, esto lo hemos formalizado en un proyecto de ley también presentado en el Congreso. En hora buena la vicegobernadora Laura Montero se ha posicionado sobre este reclamo, como también lo hizo el defensor de las personas con discapacidad de la provincia. El problema de fondo a atender es la separación de la Iglesia del Estado, establecer un sistema educativo único, estatal y laico, al igual que la asistencia social, para terminar con los negociados privados y los abusos de todo tipo”.

Mientras tanto,el gobierno de Mendoza suspendió las actividades educativas en el Instituto Próvolo, luego de las denuncias por abusos sexuales a estudiantes por parte de sacerdotes y empleados administrativos del establecimiento destinado a niños sordos e hipoacúsicos.

A través de la resolución 93/2017, la Dirección General de Escuelas (DGE) dejará de subsidiar a la institución ubicada en Luján de Cuyo (Gran Mendoza). Además, según se anunció oficialmente, se aportará a la Unidad Fiscal todas las irregularidades técnicas pedagógicas que se detectaron en la institución religiosa, que no podrá prestar servicios educativos ni de salud hasta que concluyan las causas penales.

Francisco Fernández, director de Asuntos Jurídicos de la DGE, dio a entender que las autoridades del Próvolo fraguaban informes técnicos para tapar los abusos contra, al menos, una veintena de alumnos.