El proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y medicinal, incluyendo la investigación científica con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones, fue aprobado este jueves en la Cámara de Senadores de la Nación.
La iniciativa, que obtuvo 56 votos a favor y cinco en contra y una abstención, fue girada a la Cámara de Diputados para su revisión.
Durante el debate, la senadora nacional por San Luis (FdT) María Eugenia Catalfamo destacó que “esta iniciativa constituye un triunfo para todos los argentinos y argentinas, pero por sobre todas las cosas, para las miles de familias y organizaciones sociales de nuestro país que hace tiempo vienen luchando incansablemente por impulsar esta propuesta que mejora la salud y la calidad de vida de quienes requieren del uso medicinal del cannabis. Impulsar esta industria nacional significa abastecimiento continuo, un producto de mejor calidad y a un precio más accesible”.
La legisladora puntana resaltó que, además de los múltiples beneficios en materia de salud, el país “está frente a una oportunidad histórica de insertarse en un mercado global emergente, con posibilidades ilimitadas de crecimiento y desarrollo de valor agregado para nuestra economía” dado que “en términos productivos, de la planta se permitirá impulsar más de 200 bienes y servicios. Es decir, que se abrirán oportunidades que irán más allá del mercado medicinal y que se relacionan con la industria textil, la construcción, la cosmética, entre otras”.
Al finalizar, Catalfamo hizo referencia a la industria del cannabis y el cáñamo en la provincia de San Luis. “Se ha pensado y desarrollado un plan de trabajo muy ambicioso y con una fuerte inversión. Según los datos del Ministerio de Producción de la provincia se prevé que en 100 hectáreas se pueden emplear cerca de 1500 personas de manera directa. Es por esto que no tengo dudas que la participación activa de las provincias en el desarrollo de esta nueva industria permitirá potenciar las virtudes que esta trae aparejados en términos de empleo, ingresos y crecimiento para nuestras economías regionales”.
El Proyecto
La iniciativa promete convertir al cannabis en otro commodity de los que exporta la Argentina, tal como ocurre con los granos o la carne.
El proyecto establece un marco normativo que busca maximizar los mecanismos efectivos de regulación y control de la cadena productiva del cannabis medicinal e industrial, dirigiendo el otorgamiento y posterior control de las licencias a una «serie de eslabones productivos de mayor escala y formalidad jurídica» como empresas privadas, empresas públicas, consorcios mixtos, asociaciones civiles, cooperativas.
Asimismo, se contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y orbitará en el ámbito Ministerio de Desarrollo Productivo.
El marco normativo busca «desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad y terminará con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad».
El primer objetivo del proyecto consiste en «establecer un marco legal que autorice, -a través de un fuerte esquema regulatorio-, las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica».
El segundo objetivo, según se detalla en la iniciativa, «consiste en legalizar los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos».
Además, se aclara que «si bien el cáñamo no es un estupefaciente en los términos de la ley penal por no generar efectos psicoactivos, resulta necesario regular y controlar la actividad para evitar que en los cultivares de cáñamo se oculten cultivos ilegales de cannabis psicoactivo».
