La senadora provincial por el Frente de Todos, Cecilia Juri, presentó hoy un proyecto con el objetivo de crear el “Programa Provincial de Control de Precios” dependiente del Ministerio de Economía y Energía de la provincia de Mendoza.
Este programa tendrá como objetivo el diseño, elaboración y ejecución de acciones tendientes al control inflacionario, a través de operativos de fiscalización y monitoreo para una correcta aplicación de disposiciones vigentes en establecimientos comerciales.
Entre los argumentos se detalla que “la emergencia sanitaria y de la ola de propagación de casos de coronavirus (Covid-19) en nuestra región, ha impactado en la economía provocando aumentos generalizados en el precio de venta de productos, fundamentalmente alimentos para la población”. Sin embargo, estos aumentos, por parte de empresas de diversa capacidad económica, no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción, por lo que resulta necesario un monitoreo constante y sistemático de los precios y abastecimiento de los productos.
Según la DEIE en Mendoza la Canasta Básica de Alimentos (CBA), conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia satisfaga sus necesidades nutricionales básicas y no caiga en la indigencia, alcanzó un monto de $23.472,72 en mayo de 2021 (aumento acumulado del 22%). Mientras que la Canasta Básica Total, conjunto de bienes y servicios que satisfacen necesidades comunes y que marcan el monto mínimo a alcanzar para no caer en la línea de pobreza, fue para el mismo mes de $58.916,53 (aumento acumulado del 21%).
La división de “Alimentos y bebidas no alcohólicas” ha sido la de mayor incidencia en el índice general en todo el país (22,7%) en el acumulado 2021, como así también en Mendoza donde el acumulado anual (22,7%) superó al promedio general del IPC provincial. Como se ha explicado anteriormente, el aumento del precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas afecta sensiblemente el aumento generalizado de los precios, atentando contra el poder adquisitivo y de compra de la población, sobre todo de los sectores más humildes que destinan mayor parte de sus ingresos al consumo de alimentos.
A raíz de esta situación, el Gobierno Nacional ha fortalecido programas existentes para control de precios, a la vez que ha definido nuevas políticas para frenar la inflación y el desabastecimiento. Un ejemplo de ello, es el programa Precios Cuidados. En virtud del Artículo 4 de la Resolución 1/2020 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, se invita “a los gobiernos provinciales a fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas de supermercados y proveedoras de productos de consumo masivo en el marco del Programa “Precios Cuidados”.
El proyecto busca lograr el trabajo mancomunado para poder reforzar las áreas de Fiscalización y Control, y de Defensa del Consumidor para que puedan colaborar en las tareas de fiscalización y control del programa “Precios Cuidados”. En este sentido, el proyecto plantea crear el Consejo Ejecutivo del “Programa Provincial de Control de Precios”, el cual será presidido por el Director/a de la Dirección de Fiscalización y Control del Ministerio de Economía y Energía. Además, estará integrado por un representante de la Dirección de Defensa del Consumidor, un representante de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, un representante por departamento de las áreas municipales vinculadas a la fiscalización, de aquellos municipios que adhieran a la presente ley.
¿Qué funciones tendrá dicho Consejo?
a) Establecer sanciones para los establecimientos que incumplan total o parcialmente alguna de las disposiciones vigentes en relación a la fijación de precios.
b) Realizar un registro de establecimientos comerciales que no se encuentren en incumplimiento de lo mencionado en el inciso a).
c) Planificar y ejecutar operativos de control en cualquier establecimiento que tenga convenio en la fijación de precios, ya sean convenios efectuados por el Gobierno Nacional, Provincial o Municipal.
D) Suscribir a programas nacionales de control de precios. e) Coordinar con los municipios la ejecución de operativos de controles periódicos de precios. También establece la creación de un registro de ciudadanos/as voluntarios/as, abierto a todas aquellas personas físicas que deseen colaborar en las tareas de fiscalización y control de precios
