El escándalo de los curas pedófilos en Mendoza: la izquierda pide explicaciones a Educación y a la misma Iglesia

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La grave denuncia por abusos sexuales a chicos sordomudos en un instituto de aprendizaje y formación católica de Luján de Cuyo, tiene hasta el momento a dos curas detenidos y a un tercer hombre también tras las rejas. Los vejámenes se remontan a casi 10 años atrás y los investigadores aseguran que han sucedido hasta estos días. Las víctimas son menores. No se descartan más implicados y futuras detenciones. Ya hay imputaciones.

Este centro académico y de formación católica depende de la Arquidiócesis de Mendoza y también de la DGE. Los casos de abusos denunciados generaron un importante cimbronazo en las altas esferas del clero mendocino, y el arzobispado de la provincia rápidamente emitió un comunicado al respecto para ponerse al servicio del esclarecimiento de esta causa.
«Nos entristecen e indignan dichos sucesos. Manifestamos nuestra solidaridad y cercanía con las víctimas de los hechos objeto de la denuncia», resalta en el texto.
Por el momento la Dirección General de Escuelas de la provincia cuyana suspendió las clases en el instituto Antonio Próvolo luego de las denuncias de abuso sexual y de la detención de dos curas y dos empleados del colegio. Evaluarán como seguirá el funcionamiento del lugar.

Los diputados del Frente de Izquierda mendocino piden que los funcionarios de la DGE (Dirección General de Escuelas) deberán dar explicaciones a la Legislatura provincial por los abusos en el Instituto Próvolo del departamento de Luján de Cuyo.

El FIT solicita que los funcionarios de la Dirección de Educación Privada de la DGE concurran a la Comisión de Derechos y Garantías el próximo martes. Por su parte, el legislador del FIT-PTS, Lautaro Jimenez señaló que «queremos saber que hizo la DGE durante todo este tiempo además de financiar con subsidios a estos curas abusadores. La DGE era la encargada de supervisar a este instituto e incluso hay trascendidos periodísticos que señalan denuncias previas ante sus funcionarios. Sin embargo, durante años este horror siguió transcurriendo con total impunidad. Como ya señalamos cuando se votó el presupuesto, desde el Frente de Izquierda nos oponemos a que se utilicen recursos del Estado para financiar estas instituciones y pagar sueldos a los Corradi y Corbachos protegidos y amparados por la Iglesia Católica».

La diputada Cecilia Soria señaló que «es necesario que los funcionarios de la DGE informen qué tipo de controles son los que lleva adelante la DGE. Desde el Arzobispado ponen cara de consternación y hacen declaraciones sorprendidos, pero ellos sabían que Corradi venía huyendo protegido por la Iglesia de Italia por casos similares».

Por su parte, la diputada Macarena Escudero del PTS-FIT dijo que «ahora el Gobierno de Cornejo crea una mesa de seguimiento e interviene el instituto, pero es demasiado tarde, el daño ya está hecho porque son decenas las víctimas de estos curas abusadores. Deben informar cuantos curas con antecedentes de abusos hay en las escuelas religiosas que financia el Estado».

El comunicado del FIT-Partido Obrero

Por su parte, el otro sector de izquierda, el Partido Obrero realizó un comunicado que BienCuyano reproduce a continuación:

El abuso de niños sordos por curas bancados por el Estado es la cara más perversa de un régimen político-social en franca descomposición.

La decisión de poner al frente de la investigación al fiscal que omitió tomar medidas para evitar el femicidio de Ayelén Arroyo en Ugarteche, es una muestra más de la desfachatez de ese mismo régimen.

Exigimos la creación de una comisión investigadora independiente, formada por las víctimas y sus familiares, organismos de derechos humanos y trabajadores de la educación, para ir a fondo en el esclarecimiento de todos los hechos y para que se castigue a todos los culpables y sus cómplices, tanto de la Iglesia como del poder estatal.

Estos hechos repugnantes son más que suficientes para que se suspenda de inmediato todo tipo de subsidios a la Iglesia y sus distintas instituciones con la plata del pueblo trabajador.

Desde el Partido Obrero-FIT planteamos hoy con más fuerza que nunca la separación de la Iglesia del Estado y un sistema educativo único, estatal, gratuito y laico.

 

Las acciones de la Dirección General de Escuelas ante el hecho

Las Autoridades de la Dirección General de Escuelas y de la Subsecretaría de Desarrollo Social ayer informaron que debido a los hechos ocurridos de público conocimiento en el Instituto Próvolo, el gobierno escolar dispuso una serie de medidas y acciones para garantizar el derecho y el servicio educativo de los alumnos.

Por esta razón se resolvió lo siguiente:

– Quedan suspendidas las clases para hoy miércoles 30 de noviembre con el fin de organizar los equipos de trabajo para restablecer el servicio educativo.

– Desde la Dirección de Asuntos Jurídicos se solicitó a la Fiscalía, a través de un sumario, que la orden religiosa no podrá tener contacto ni acercamiento con los alumnos del instituto.

– Se instalará en la institución la sede de la supervisión correspondiente hasta el final del ciclo lectivo. El personal administrativo trabajará en conjunto con una psicóloga especializada en abuso infantil, cuatro intérpretes de lengua de señas, dos trabajadores sociales y los profesionales de la DOAITE (Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares).

-También trabajarán los profesionales de la OAL (Organismo Administrativo Local), dependientes de la Subsecretaría de Desarrollo Social.

En función de todas las medidas tomadas, la Dirección General de Escuelas continuará trabajando y tomando decisiones para la normalización del ciclo lectivo 2017.

Durante la rueda de prensa en el Salón Patricias, Francisco Fernández, director de Asuntos Jurídicos de la DGE destacó la plena colaboración, el acompañamiento y la disposición del gobierno escolar para apoyar a las familias y garantizar las trayectorias escolares de los alumnos.

Por su parte la subsecretaria de Gestión Educativa, Mónica Coronado, sostuvo que se instalará un equipo de profesionales. “Estamos también afectando a la supervisión correspondiente a que se instale en el instituto, esta acción significa un gran recurso para la familia y los chicos, los familiares están muy angustiados”, expresó Coronado.

La subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández, informó que desde la OAL se le dio compulsa a la fiscalía Nº 15 y se derivó al Cuerpo Médico Forense y
al Epasi (Equipo de Prevención del Abuso Sexual Infantil), que son los organismos especializados para determinar el abuso, y para todo lo que tenga que ver con las estrategias a seguir.

“Esto tiene que ver con la protección de los derechos de niños y adolescentes, para que no pasen otra situación no propicia para los chicos. Por tanto, desde
este organismo se está tomando la medida conexa, que implica que ninguno
de los miembros de la orden religiosa pueda acercarse a los niños”, dijo Marcela Fernández.

La funcionaria  remarcó que todas las estrategias que van a ser tomadas, van a ser en virtud de lo que establezcan las familias, porque detrás de cada niño hay un grupo familiar.

“Los chicos que necesiten seguir con una estrategia, con un tratamiento terapéutico o alguna asistencia, por supuesto, van a ser evaluados en cada
caso, por el Organismo Administrativo Local, para determinar su tratamiento”, agregó Marcela Fernández.