Tal como lo anunció el 1º de mayo, el Gobernador Rodolfo Suarez, envió el proyecto de ley para reformar la Constitución provincial. El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, fue quien lo presentó en la Legislatura.
Minutos antes de la presentación, el gobernador Rodolfo Suarez remarcó a través de Twitter la “trascendencia” de la iniciativa, que no incluye la posibilidad de reelección del gobernador y vice.
«Con el propósito de promover un salto de calidad en la vida institucional de Mendoza, disminuir sustancialmente el ‘gasto de la política’, mejorar los controles públicos y extender derechos, estoy enviando el proyecto de Reforma Institucional a la Legislatura», indicó el mandatario.
«La trascendencia de la iniciativa es en sí misma una invitación para crear nuevos consensos que nos unan y promuevan mayor solidez en los lazos de confianza que vinculan a representantes y representados», señaló Suarez, quien agregó: «Con esta decisión, estoy dando cumplimiento a unos de los anuncios más relevantes que hiciera en la apertura de sesiones ordinarias y, también, durante la campaña electoral».
Los puntos de la reforma
La iniciativa se sustenta en distintos ejes que apuntan a lograr una disminución sustancial del costo de la política, una mayor calidad institucional y mejores controles en el manejo del sector público.
Revisar la composición del legislativo, su estructura, la duración de los mandatos, la eliminación de elecciones intermedias, la representación de los municipios, la elección del gobernador o poner un límite razonable (70 años) al mandato de los jueces, son todos elementos que hacen a una auténtica reforma política que busca optimizar el funcionamiento del Estado acercándolo a la ciudadanía.
Sobre los puntos principales del proyecto, el ministro señaló: “Estamos cumpliendo con una promesa de campaña, la reforma constitucional asienta sobre el respeto institucional habilitando temas a debatir como la introducción de un sistema unicameral disminuyendo el gasto politico, eliminación de elecciones intermedias y limitación a un sólo periodo de reelección para cargos legislativos y municipales”.
“La introducción del principio del equilibrio fiscal como un derecho colectivo de ciudadanos y una obligación del estado, la discusión y habilitación de la autonomía municipal para abrir la discusión sobre la coparticipación de los impuestos”, agregó el funcionario.
Para finalizar, Ibañez resaltó que este proyecto es: “Es una necesidad de un estado más eficiente en el uso de sus recursos con una disminución de un gasto político y que tenga una herramienta institucional aggiornada a los tiempos”.
Bajar el costo de la política, optimizando los recursos del Estado
Se busca transformar el Poder legislativo en unicameral, asegurando así la representación territorial de todos los municipios y sin elecciones intermedias, al incorporar la representación poblacional y territorial con una composición que no podrá superar los 48 legisladores.
Actualmente, los departamentos de Malargüe, Rivadavia y Tupungato no tienen representación en la Cámara de Diputados, en tanto que Santa Rosa, Tunuyán y Junín, no tienen senadores que los representen.
El equilibrio fiscal
Finalmente, atravesando todos estos cambios, la consagración del principio del equilibrio fiscal como un derecho de todos los mendocinos, es otra de las claves de este eje con el que se busca asegurar una adecuada relación entre ingresos y egresos. De esta manera, sin equilibrio fiscal no se permitirán los ingresos al Estado, entre otros temas.
Lograr una mayor calidad institucional
Se trata de impulsar una serie de reformas puntuales que expresamente excluyen la discusión de la reelección del gobernador.
Eliminar las elecciones de medio término, es otro de los puntos. Junto con el ahorro en términos monetarios, generará un menor “costo” en términos institucionales, desde que no se destinará tiempo a la definición de candidatos -internas o PASO-, a las campañas, entre otros aspectos, permitiendo que la Legislatura tenga 4 años de labor ininterrumpida en sesiones extendidas acordes a un Estado moderno.
En este esquema, la introducción de la doble vuelta en el sistema de elección del gobernador, garantiza un Ejecutivo dotado de suficiente legitimación popular para llevar adelante, en sus 4 años de mandato no prorrogables, todos los proyectos que, en definitiva, determinaron su elección por el pueblo.
La reforma también permitirá adecuar nuestra Constitución a los nuevos avances en materia de derechos, destacando en este aspecto la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones en el ámbito público y privado.
Mejores controles en el manejo del sector público
Se mantiene, casi en su totalidad, el esquema institucional pero adaptándolo a las nuevas demandas de la población, como el establecimiento de la no reelección del gobernador o la limitación del resto de los mandatos. También se establece como edad máxima para el ejercicio de la magistratura la de 70 años.
Se persigue la incorporación de nuevas herramientas de participación, tanto en forma directa como ampliando el universos de quienes acceden al sufragio. Para ello, entre otros temas, se le reconoce el derecho al voto voluntario para los jóvenes de 16 años y a los miembros de la Policía.
Además, se apunta a la autonomía municipal, reglando su alcance y contenido en los aspectos institucional, político, administrativo, económico y financiero, adaptando así el texto provincial a la letra expresa de la Constitución Nacional.
