Preocupado por la actual crisis económico y social que sufre la Argentina agravada por la pandemia del COVID-19, el diputado nacional José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, presentó una baterías de proyectos de ley para ampliar la emergencia económica aplicando una serie de suspensiones y reducciones de pagos para mipymes, monotributistas, trabajadores turísticos y consumidores en general.
De esta manera, el diputado Ramón solicitó a la titular del EPRE Mendoza, Andrea Molina, que accione para suspender los cortes en los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, Internet y operadoras de televisión por cable y satelital por 180 días por la situación de emergencia sanitaria y las consecuencias que de ella se deriven, que afectan directamente a los mendocinos y mendocinas que no pueden cumplir al día con los pagos correspondientes al servicio brindado por las empresas proveedoras.
La iniciativa del mendocino apunta a “que muchos de los usuarios se han visto más fuertemente perjudicados” por la pandemia del Covid-19, “y que serán además los que deberán tener herramientas desde ahora para poner en marcha la economía argentina”.
Por otro lado, «Atento a que por los diversos medios de comunicación se ha difundido ampliamente los casos de sobrefacturación en el consumo del servicio eléctrico, lo cual resulta imperioso que el organismo a su cargo adopte las medidas necesarias a su alcance para garantizar el efectivo goce de los derechos que enuncia en los considerandos de la Resolución 045/20 “que el derecho a una vivienda adecuada contiene la disponibilidad de servicios. Ello por cierto adquiere especial protección en el actual estado de aislamiento social preventivo y obligatorio”, fundamenta.
Tras el pedido de José Luis Ramón, el Ente Provincial de Regulación Eléctrica de Mendoza resolvió que «Las distribuidoras eléctricas no podrán suspender o cortar el suministro y deberán otorgar planes de financiación conforme lo establece el artículo 3 de la Resolución EPRE 45/2.020 y por hasta ciento ochenta (180) días».
La medida del EPRE Mendoza se extiende a usuarios cuya remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles; pequeñas y medianas empresas que acredita la condición y declaración jurada donde informe la disminución del cincuenta por ciento (50%) de los ingresos por ventas; entidades de bien público como cooperativas, clubes de barrio, asociaciones civiles.
Los otros proyectos de Ramón
El diputado y jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo,
José Luis Ramón, presentó un proyecto donde declara la emergencia económica, financiera y fiscal para la actividad turística; de las micro, pequeñas y medianas empresas; y de los consumidores en todo el país por el plazo de 90 días.
En el caso de las mipymes, trabajadores turísticos y monotributistas, se faculta al Poder Ejecutivo a efectuar una reducción temporaria de los aportes patronales; y prorrogar el vencimiento del pago de impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las actividades afectadas.
El proyecto también le permite al PEN extender planes de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras; suspender ejecuciones fiscales y judiciales que estén en proceso; y otorgar líneas de crédito en condiciones diferenciales.
Otras de las medidas propuestas son la implementación de subsidios para las tarifas vigentes de servicios públicos; la eliminación de retenciones y percepciones impositivas; la compensación de impuestos a través del criterio de libre disponibilidad; y la suspensión del pago de las cargas impositivas y jubilatorias a los monotributistas de las categorías A, B, C y D.
En cuanto a los consumidores, se habilita al Ejecutivo a “establecer el acceso mínimo a servicios de Telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, fijar precios máximos y/o subsidiados”; y “prohibir cualquier clase de recargo, multa, sanción o cambio de categoría de consumo en la aplicación de tarifas de servicios públicos domiciliarios, para los casos en que los consumos sean mayores comparativamente con períodos anteriores”.
También se propone prohibir, para las consumidores, “el cobro, retención o percepción del Impuesto al Valor Agregado sobre intereses de préstamos u operaciones bancarias y financieras gravadas”, así como “el cobro de intereses compensatorios, moratorios o punitorios superiores al 25% en cualquier operación financiera para consumo o de crédito para el consumo”.
Asimismo, Ramón propone al Ejecutivo que suspenda “el cobro, por parte de los proveedores de servicios educativos arancelados de nivel inicial, primario, secundario, superior o técnico profesional, de cualquier cargo accesorio, siempre que el servicio correspondiente al cargo no se preste efectivamente”.
“Cuando los proveedores de servicios educativos arancelados hubieran acordado la prestación presencial del servicio, deberán realizar en un plazo de 30 días una oferta a los consumidores, de disminución del arancel correspondiente a las materias curriculares y extracurriculares dictadas durante el período de emergencia, que no podrá ser menor al 20%”, agrega la iniciativa.
Por otro lado, Ramón insiste en que la provincia de Mendoza sea incluida dentro de una tarifa diferencial por el pago de este servicio, ya que por un lado es zona productora, y por otro, registra temperaturas similares e incluso más bajas que otras zonas del país beneficiadas ya con una tarifa diferencial.
«Esa tarifa diferenciada permite por ejemplo en La Pampa, que durante el invierno una familia pague el metro cúbico a $2,72; mientras que en Mendoza con el cuadro tarifario de hoy, paga $6,39. Hay un desequilibrio tremendo», aseveró el legislador mendocino.