La crisis financiera en el municipio de Guaymallén, ha estallado formalmente, dejando en evidencia que, una vez más, el eslabón más débil de la cadena institucional es el que debe financiar los errores de cálculo de la política. La reciente ruptura del diálogo paritario entre las autoridades de la comuna y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soem) no es un simple desacuerdo técnico; es un golpe directo al bolsillo de miles de familias en un contexto económico asfixiante.
La gestión del intendente Marcos Calvente puso sobre la mesa un argumento tan predecible como inaceptable: la «imposibilidad financiera» de afrontar los haberes vigentes y el recorte explícito de adicionales. El caso más alarmante es la restricción del Bono Compensación y Estímulo, un extra de $325.500 que pasará a cobrarse únicamente si la remuneración bruta no supera el $1.200.000.
Según los propios cálculos de los trabajadores, la medida deja fuera de este beneficio a la inmensa mayoría: apenas unos 450 empleados de una planta que supera los 3.000 trabajadores conservarán este paliativo.
La justificación oficial de la «asfixia financiera» en Guaymallén se desmorona al contrastarla con la selectiva generosidad de las prioridades del Ejecutivo. La gestión del intendente Calvente ha convalidado erogaciones millonarias en eventos corporativos, publicidad institucional, videos y costosas contrataciones de dudosas prioridades. Entre los casos más escandalosos que fundamentan este despilfarro, resalta una asignación discrecional de $44.840.000 a favor de la Fundación Nuestra Mendoza bajo el pretexto de medir el «impacto social» de una obra vial aún no adjudicada en el Acceso Este, sumado a cuestionadas licitaciones previas por cientos de millones de pesos destinados a la compra de insumos no urgentes —como herramientas eléctricas, maderas y merchandising— que opositores y gremios señalan como canales de clientelismo político en lugar de servicios comunitarios
El ajuste invisible y el impacto en los servicios
Este tijeretazo no empezó ayer. Semanas atrás, el malestar ya escalaba en los pasillos municipales tras la aplicación del Decreto 2746/2026, el cual ejecutó reducciones unilaterales de hasta un 30% en los conceptos de Mayor Dedicación. La respuesta oficial ante las cartas documento e intimaciones judiciales fue el silencio administrativo o la fría justificación contable.
El problema de este enfoque «motoserra» a escala municipal es doblemente grave:
- Precarización institucionalizada: Durante años, las distintas administraciones abusaron de los bonos no remunerativos («en negro») para evitar discutir paritarias reales. Hoy, esa misma informalidad es la herramienta perfecta para hacer desaparecer los montos con un plumazo legal, desnudando la fragilidad laboral de quienes sostienen el departamento.
- Consecuencias vecinales: La quita de unidades de servicio y horas de mayor dedicación se traduce, indefectiblemente, en el deterioro de la vía pública. Guaymallén es un municipio que arrastra reclamos históricos por obras de infraestructura básica, mantenimiento de calles y colapsos cloacales. Menos horas de trabajo se traducen en barrios más abandonados.
Responsabilidades compartidas y un gremio en la mira
Resulta insostenible el argumento de que «no hay fondos para el cierre de 2026». El presupuesto es una herramienta de planificación, y quienes deciden las prioridades, los gastos superfluos y los contratos políticos son el intendente y su gabinete, no el barrendero ni el administrativo. Calvente, alineado con el rumbo económico provincial y nacional, pretende que la crisis la paguen quienes ponen el cuerpo diariamente, exponiéndose incluso a trabajar sin la indumentaria adecuada para las inclemencias del tiempo, tal como denunciaron los propios empleados semanas atrás.
Por otro lado, la crisis también interpela la representación sindical. Sectores de trabajadores autoconvocados miran con profunda desconfianza la pasividad histórica de la conducción del Soem, a la que acusan de privilegiar la sintonía política con la intendencia antes que la urgencia alimentaria de sus afiliados. El quiebre de la mesa de diálogo forzado por las bases demuestra que el margen de tolerancia se agotó.
Guaymallén se encamina hacia un escenario de conflicto profundo con asambleas y medidas de fuerza inminentes. Ajustar sobre salarios que ya venían golpeados por la inflación no es «eficiencia fiscal»; es una transferencia directa del costo político hacia los sectores más vulnerables de la administración pública.
