Un fallo judicial le da 10 días al titular de la secretaría de Salud nacional, Adolfo Rubinstein a que exponga las razones por la cual el gobierno decidió dejar de aplicar la dosis de esa vacuna a niños de 11 años. Además, pregunta por los fondos no utilizados, y por los posibles fallos en el sistema de compras de vacunas.
Cabe destacar que la demanda de información no fue contestada anteriormente por el funcionario del gobierno nacional.
La semana pasada, el laboratorio francés Sanofi anunció que comenzó a entregar las 400 mil dosis de la vacuna contra la meningitis, que permitirán volver a inmunizar a niños de 11 años, luego que a medidas de 2018 se decidiera dejar de aplicarse por problemas en el abastecimiento. Esta medida, además de muchas críticas a la política sanitaria del gobierno, generó varios amparos judiciales, que fallaron a favor de padres que reclamaron por las dosis necesarias para proteger a sus hijos. La semana pasada, en el marco de una presentación colectiva, un juez pidió información sobre las dosis actuales, pensando en la vacunación del año 2020. En tanto, otro fallo quiere conocer los motivos de todo este proceso, y le dio 10 días al secretario de Salud Adolfo Rubinstein para que explique los motivos de la baja de la dosis. La cartera sanitaria ya incumplió un pedido similar, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública.
El nuevo fallo judicial contra el gobierno nacional por la eliminación de la dosis de la vacuna contra la meningitis en niños de 11 años se conoció el pasado jueves, a partir de otra presentación realizada por la Asociación Civil por la igualdad y la Justicia (ACIJ). En este caso, informan diversos medios, ordenó la jueza federal María Alejandra Biotti pidió que Rubinstein informe “cuál es el plan para reponer la vacuna contra la meningitis para la población con 11 años, qué sucedió con los fondos que no se destinaron a proveer esas dosis y qué ocurrió con el sistema de compra y distribución para que se generara el faltante”. Para esto, el funcionario tendrá 10 días a partir de la fecha de emisión del fallo. «La suspensión de la aplicación de vacunas otorgadas gratuitamente por el Estado es una regresión en la garantía de derechos que debe ser justificada en relación a la realización del resto de los derechos humanos, y en el contexto del aprovechamiento máximo de los recursos disponibles», apuntó ACIJ al dar a conocer la decisión de la magistrada.
En agosto del año pasado, se deja de aplicar de forma indeterminada la cuarta dosis de la que previene la meningitis, destinada a niños de 11 años. Pese a que algunas provincias buscaron comprar las necesarias para garantizar la inmunización, la situación se complicó, y la vacuna dejó de distribuirse, bajo el argumento de problemas de abastecimiento. “Con respecto a la vacuna antimeningocóica, se acordó la estrategia de priorizar a los grupos más vulnerables de 3, 5 y 15 meses de vida y posponer la dosis de los 11 años hasta contar con la disponibilidad necesaria”, publicaron desde el ministerio en agosto de 2018. De esta manera, la excluyeron del Calendario Nacional de Vacunación establecido por la ley 22909. En junio de este año, el secretario de Salud nacional Adolfo Rubinstein prometió solucionar el tema. “Hay una demora de parte del laboratorio productor en la entrega de la vacuna contra la meningitis en la región de las Américas que explica la reducción del stock”, dijo mediante un comunicado la secretaría de Salud. La semana pasada, se informó que se cambió el laboratorio productor, y será la francesa Sanofi la encargada de abastecer al país. A partir de esto, se cree que el año que viene se volverá a vacunar.
Antes de presentar el amparo, la organización intentó conseguir la información a través de los mecanismos establecidos por la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada y reglamentada en 2016, pero se encontró con la falta de respuesta por parte de la secretaría dirigida por Rubenstein. ACIJ había solicitado a la secretaría los fundamentos técnicos y científicos de la suspensión de la vacuna, datos estadísticos sobre la incidencia de la enfermedad invasiva por meningococo (EIM) y precisiones sobre las supuestas dificultades ocurridas en el sistema de licitación. «En ningún momento la Secretaría de Gobierno acompañó los dictámenes o documentos en los que constaran los fundamentos de esta decisión», resaltó la organización.
Frente a esta situación, la jueza Biotti consideró «insuficientes, incompletas y ambiguas» las respuestas ofrecidas por la secretaría de Salud y ratificó lo expuesto en el dictamen del fiscal federal Fabio Canda, quien consideró que el degradado ministerio dirigido por Rubinstein ofreció «manifestaciones genéricas incompatibles con el deber de motivación suficiente de los actos estatales».