Un juzgado de Familia de la ciudad de La Plata autorizó a un matrimonio a interrumpir la criopreservación de embriones pertenecientes a ambos cónyuges que se encuentran en custodia de la Clínica Procrearte, y ordenó que se proceda a su descarte.
Este representa el tercer caso de este tipo registrado en la Argentina donde se autoriza que cese la criopreservación de embriones de un matrimonio.
Los magistrados también reclamaron en el fallo que el Congreso de la Nación trate la temática “ante la falta de legislación vigente”, informaron hoy fuentes judiciales.
“Ya hay dos fallos preexistentes, uno en Mendoza y el otro en La Plata. Este lo que tiene de distinto es que insta al Poder Legislativo a legislar sobre el tema porque hay un vacío legal en relación a qué hacemos con los embriones que pertenecen a una familia si no quiere seguir teniendo hijos ni continuar manteniéndolos”, explicó a Télam la abogada de la familia solicitante, Griselda De Luca.
El vacío legal radica en qué hace una familia cuando ya se “cesó la voluntad procreacional”, ya sea porque esa pareja tuvo hijos, porque se terminó esa unión vincular o por el costo de mantenerlos, que oscila entre 100 y 200 dólares al año.
“Cuando uno hace un tratamiento de fertilidad, se criopreservan los embriones. Los criopreservan en caso de que no avance la implantación o si ese matrimonio o pareja quieren más adelante tener otro embarazo, pero cuando cesa la voluntad procreacional de ambos no hay una norma que cubra esa situación”, apuntó De Luca a Télam.
Y detalló que “hay un contrato a tiempo indefinido en cuanto al cuidado y mantenimiento de embriones ya que no hay una ley que determine que se pueden destruir esos embriones”.
Este vacío legal es problemático no solo -y especialmente- para sus titulares, sino también respecto de las clínicas o centros especializados que, al carecer de marco, en muchos casos obstaculizan los derechos de los pacientes o usuarios/as.
En el año 2014, al sancionar el Código Civil y Comercial, el Congreso de la Nación se impuso una obligación que hasta el momento no ha cumplido: sancionar una ley que tenga por objeto establecer la protección del embrión no implantado.
El Código Civil y Comercial actual establece que la persona humana comienza desde la concepción. Antes aclaraba que comenzaba desde la concepción en el seno materno, pero al no especificarlo claramente, alguien puede entender que hoy el embrión no implantado es persona sólo por estar ya concebido. El Código entiende que la concepción es sinónimo de implantación, es decir hasta tanto el embrión no esté anidado en el útero de una mujer no existe una persona desde el punto de vista jurídico.
Por su parte, el abogado Carlos Massolo es asesor legal de Procrearte y sobre el status de los embriones congelados consideró que «por imprecisiones de la ley argentina, se puede interpretar que un embrión no implantado es persona» y abrió el debate en torno a las parejas que deciden poner fin a la crioconservación.
Desde este vacío legal, tampoco los centros que congelan embriones saben qué hacer con ellos: por ejemplo cuando una pareja dejó de pagar por ese servicio y abandonó el contrato firmado, o cuando una pareja se separa y una de las partes quiere desechar el embrión y la otra no.
El caso Mendoza
Una pareja de mendocinos que criopreservó embriones durante un tratamiento de fertilización asistida en Mendoza ahora quiere destruirlos, pero la clínica se niega a dárselos aduciendo que existe un vacío legal y exige una autorización judicial.
«El vacío legal está. Es incoherente que tengamos una Ley de Fertilización Asistida, y que allí no se contemple qué hacer con los embriones que se congelan, pero es así», aclaró la abogada y Máster en Bioética y Derecho y subsecretaria de Derechos Humanos de la Suprema Corte, Eleonora Lamm.
«Hoy una pareja que apela a esto firma un consentimiento informado, en donde se estipula cuánto se le cobrará por año para mantener ese embrión congelado, que ronda los 20.000 pesos. De hecho, varias obras sociales lo cubren, pero no está claro qué hacer cuando una pareja los reclama, o cuándo deja de pagar, cuándo un embrión se considera abandonado, ni qué debe hacer la clínica con él», agregó.
En el caso testigo del que conoció detalles al Diario UNO, la pareja teme que se use ese material genético y lo reclamó, pero la clínica pidió una autorización judicial para otorgarlos, por lo que podría actuar aquí un juzgado civil y esa actuación podría sentar un precedente legal.
