La Izquierda denuncia que en ECOGAS se está favoreciendo a empresarios «amigos» y exige Auditoría

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Los legisladores del FIT mendocino señalan que resulta alarmante la complicidad del gobierno de Alfredo Cornejo con la empresa Ecogas que anunció dos nuevos tarifazos para el mes de septiembre y abril de 2017.

El diputado del PTS-FIT, Lautaro Jiménez cuestionó “¿Por qué no quieren que se investigue? ¿Será porque uno de los mayores accionistas de Ecogas es Nicolás Caputo, socio y amigo personal del presidente Macri y uno de los mayores beneficiarios de los millonarios subsidios de la década kirchnerista? Y agregó que “hasta ahora el gobierno ha hecho de todo para cubrir a la empresa y han dejando completamente desamparados a los mendocinos. Ahora Ecogas anuncia dos nuevos tarifazos en menos de un año en el que al mismo tiempo dice que no va a invertir un sólo centavo en la red de gas domiciliaria. Las acciones de la empresa que adquirió Caputo a fines del año pasado han incrementado su valor más de 83%, pero aún así declaran que seguirán incrementando las tarifas y no realizarán inversiones”.

Por su parte, la diputada Macarena Escudero, señaló que «Mendoza no puede confiar en los funcionarios de Cambiemos para controlar esta situación, éstos actúan en total complicidad con la empresa. Lo que sucede es que la misma persona que debe controlar a Ecogas y a Caputo, es David Tezanos quien fue presidente de Metrogas, la empresa distribuidora de gas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Un CEO más, al igual que Aranguren, que pone por delante los intereses de las empresas al de miles de familias” y agregó “Es completamente falso que este monopolio esté «regulado», es una contradicción flagrante que el Ente Regulador esté en manos de quienes, supuestamente, deben ser regulados».

Los legisladores insistieron en la necesidad de auditar a Ecogas y las transferencias que ha recibido desde el Estado, así como también el propio rol del Enargas. “El pueblo de Mendoza necesita saber qué destino tuvieron los millonarios subsidios destinados a la energía durante los gobiernos anteriores y los motivos del incumplimiento de las obras que exige el contrato” explicó Jimenez. «Desde el Frente de Izquierda seguimos exigiendo que se suspendan todos aumentos, hasta que una Auditoría de Ecogas de cuenta sobre la real situación de la empresa y las instalaciones de este servicio público fundamental para los mendocinos».

Por último, la diputada Escudero explicó quién se debería encargar de la auditoria. “En la Legislatura vamos a impulsar la creación de una Comisión para la Auditoría y Balance de la empresa conformada por delegados de base elegidos por los trabajadores de Ecogas, por personal técnico y profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Mendoza, que tenga pleno acceso a los libros de contabilidad y administración de la empresa. Esta comisión independiente de los funcionarios y empresario involucrados, deberá presentar en un plazo de 90 días un informe a la Legislatura y los representantes de Mendoza en el Congreso sobre la real situación operativa y contable de la empresa y la prestación del servicio. Así mismo, si de esta Auditoría técnica y administrativa resulta que han sido incumplidos los pliegos contractuales asumidos por la empresa se debería avanzar en una ley especial de caducidad de la concesión del servicio público gestionado por esta firma».

 

Marcha contra el tarifazo

Por otro lado, también la izquierda mendocina se suma a la marcha contra la ola de aumentos de las tarifas de los servicios públicos. Esta protesta ha sido convocada por asociaciones de defensa del consumidor y tendrá alcance nacional. En Mendoza se reunirán en la esquina de San Martín y Garibaldi a las 20 horas.

El Partido Obrero, el otro sector del FIT mendocino, plantea «la anulación del tarifazo y la apertura de los libros contables de las empresas productoras y distribuidoras de energía beneficiadas por subsidios millonarios durante más de una década y que no han invertido un peso», y sostiene que la salida de fondo es «la nacionalización de la energía bajo el control de comisiones de trabajadores electos y revocables».