Con 48 votos a favor y 2 negativos, la Cámara Alta del Congreso aprobó modificaciones a la ley electoral que tienen en el medio el reparto de la pauta publicitaria y el levantamiento de las prohibiciones para que empresas aporten a las campañas electorales. El mismo busca dar más transparencia y establecer reglas de juego claras al proceso electoral.
El Senado de la Nación aprobó la modificación a la Ley Electoral que tiene en el eje de debate el financiamiento de los partidos políticos y de manera secundaria el reparto de la pauta publicitaria. Fue por 48 votos a favor y 2 en contra. Entre otras cosas, levanta la prohibición para que las empresas privadas puedan aportar a las campañas y establece la bancarización del sistema.
El aporte de los sindicatos se votó por separado y fue la única diferencia entre el dictamen de la mayoría y la minoría. Así, por 42 votos contra 7 se rechazó que los gremios aporten a las campañas electorales.
También se discutió de qué manera se distribuye la publicidad en los medios de comunicación.Hoy el Gobierno defiende su derecho a destinar cerca del 80 por ciento a las plataformas Facebook y Google, que no producen contenido sino que lo distribuyen y, por esto mismo, son más proclives a la difusión de noticias falsas.
En relación con el proyecto, el senador nacional por Mendoza, Julio Cobos, explicó que el mismo surgió a partir de un “largo proceso en el que buscamos consensuar con los distintos partidos políticos e inclusive con la Cámara de Diputados, para que este proyecto cuente con los acuerdos necesarios. Esta ley intenta busca resolver muchos aspectos planteados por la justicia electoral y de las entidades y organizaciones que buscan transparencia en la función pública. Debemos brindar a la sociedad la posibilidad de elegir a su dirigencia política de la mejor manera y mientras más transparente sea el camino estaremos arribando a una mejor dirigencia política”.
El legislador radical destacó los aspectos más importantes de la ley: “Primero, asegurar un margen de la participación público y privada pero fundamentalmente privada, al funcionamiento institucional de los partidos políticos. Legitima el aporte para cada campaña electoral donde las agrupaciones políticas no podrán recibir de una misma persona humana o jurídica, un monto superior al 2% de los gastos permitidos para esa campaña. También le ponemos límites a la campaña, que tiene que ver con el 2% de los gastos permitidos en la misma. Se limita también para que no sean anónimas estos aportes, para que no sean de empresas prestadoras de servicio o vinculadas con el poder de turno, que no vengan aportes de gobiernos extranjeros, personas jurídicas que estén implicadas en hechos de corrupción, o con procesos judiciales en temas penales tributarios, entre otras”.
Además, Cobos expresó que el proyecto establece un aporte que los partidos deberán destinar al financiamiento de actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación y agregó que “de ese aporte un 30% de ese monto deberá ser destinado para la formación, promoción y el desarrollo de habilidades de liderazgo político de las mujeres dentro del partido”.
En relación a los medios de comunicación, el senador mendocino expresó que “se incluyó la posibilidad de destinar inversión en publicidad digital ya que al menos un 35% deberá́ destinarse a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción nacional y un 25% a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción provincial, siguiendo un criterio similar al de la coparticipación federal y además el tiempo cedido en los medios de comunicación se reduce del 10 al 5% del tiempo total de programación, lo que reduce la sobreexposición a la que se sometía a las audiencias en fechas electorales. Se prohíbe durante los 25 días anteriores a la fecha de elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, etc”.
Cobos resaltó que con este proyecto de ley “se establece la bancarización de los aportes en dinero que deberán efectuarse únicamente mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas y aplicativos digitales que permitan la identificación fehaciente del donante y la trazabilidad del aporte. Se incluye la prestación de servicio o en especie como aportes que deberán hacerse constar en acta de la agrupación política con identificación del aportante y conforme al valor y prácticas del mercado”.
Finalmente, el ex gobernador consideró que el proyecto de ley “es un avance en la calidad institucional de cara a la sociedad, al igual que lo fue la ley de acceso a la información pública. La importancia de transparentar los aportes de la política, las campañas y la publicidad aumentan la legitimidad de los actos políticos y tienden a la equidad en la participación política”.
