Un informe detalla el cimbronazo en el aumento de luz en Mendoza

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Según un informe realizado por el Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos de la Universidad de Belgrano, realizado entre los meses de septiembre de 2015 y febrero de 2016, sobre el análisis comparativo de las tarifas eléctricas en nuestro país y en relación a América Latina, detalló que un residente que vive en la provincia de Mendoza paga menos tarifa energética que uno de Buenos Aires. Sin embargo, los aumentos en este nuevo gobierno fueron rotundamente más elevadas y surge claramente que las mayores variaciones relativas fueron implementadas en Buenos Aires, con un mínimo del 300% de aumento en el escalón de mayor consumo analizado, y alcanzando el 700% en un rango de consumo medio.

La Plata y Mendoza son las jurisdicciones que siguen en el orden de mayores variaciones, sobre todo en las franjas de consumo bajo y medio. En el otro extremo, Córdoba es la que aplicó los aumentos más bajos, pero teniendo en cuenta que la base de comparación presentaba valores relativamente más altos que en el resto.

Los subsidios energéticos constituyen un fenómeno relativamente nuevo en el sector energético argentino, aunque, la utilización de las tarifas de servicios públicos como herramientas de política económica no lo es. En su actual faceta, los subsidios tienen su origen en la Ley de Emergencia Económica  (vigente desde 2002), la cual tras la traumática salida de la convertibilidad contempla la pesificación y suspensión de todos los mecanismos de ajuste previstos en la normativa vigente. Dicha ley también establece la renegociación integral de contratos y tarifas, ambas inconclusas hasta el presente. En este escenario de tarifas pesificadas y congeladas, con costos crecientes y en un contexto de alta inflación, las empresas de transporte y distribución de gas natural y energía eléctrica debieron absorber la caída en términos reales de sus ingresos, incluso a expensas de su patrimonio, lo que se refleja en los balances con pérdidas operativas año tras año.  Tales circunstancias han derivado en un progresivo deterioro en la calidad del servicio público, que se traduce en cortes programados y no programados de notoria repercusión pública. De esta forma, los usuarios gozamos durante la última década de tarifas de servicios públicos decrecientes en términos reales, pero con una calidad de servicio también decreciente y con una confiabilidad cada vez menor. Finalmente, y a raíz de la demora en la renegociación tarifaria, el Estado nacional se vio en la obligación de reconocer los mayores costos de las empresas, mediante diversos y complejos mecanismos, para mantener el servicio dentro de márgenes razonables. El año 2016 nos encuentra en una encrucijada, en la cual la magnitud de los subsidios financiados por el Estado nacional se hace insostenible, tanto para seguir financiando los mayores costos en generación como para reconocerlos en los eslabones de transporte y distribución.

Es así que, en diciembre de 2015, la nueva Administración Nacional declaró la emergencia del sector eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2017, por la cual se dispone que el nuevo Ministerio de Energía y Minería elabore un “programa de acciones necesarias, en relación a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, con el fin de adecuar la calidad del servicio eléctrico y garantizar la prestación de los servicios públicos de electricidad en condiciones técnicas y económicamente adecuadas”. En este sentido, se han dictado  resoluciones en línea con los objetivos planteados.

El Ministerio de Energía recompuso el precio estacional para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) mediante la incorporación de mecanismos compensatorios, como la aplicación de una Tarifa Social y los incentivos al ahorro y el uso racional de la energía mediante el “Plan Estímulo”. Al mismo tiempo, el ENRE, mediante la Res. 01/2016, aprueba nuevos cuadros tarifarios, analizados en este informe, que reflejan el nuevo precio estacional de generación y recomponen el Valor Agregado de Distribución (VAD) que reciben EDENOR y EDESUR.  Asimismo, se deroga el actual sistema PUREE, se pasa a una periodicidad mensual en el cobro del consumo eléctrico de los usuarios residenciales y se prevé la realización de la Revisión Tarifaria Integral.

En este contexto los estados provinciales también han actualizado sus cuadros tarifarios en función de los nuevos precios de la energía. La mencionada recomposición del VAD produjo una fuerte reducción en la brecha observada en la tarifa media, especialmente para usuarios residenciales, entre las distintas jurisdicciones provinciales y las dos distribuidoras del AMBA. Es así que EDEMSA (Mendoza) presenta hoy menores tarifas que EDENOR y EDESUR. A modo de ejemplo, se ilustra el cambio que se produjo en la factura (sin tener en cuenta impuestos y cargos extras) para cada tipo de usuario de EDESUR, siendo este el operador que aplicó los mayores aumentos. En el caso de los residenciales, se muestran los usuarios con un consumo de 150 y de 300 kW.h mensuales, por ser los grupos más representativos. Así, mientras que en septiembre abonaban $15 y $21 por mes, respectivamente, ahora el mismo gasto se incrementó a $95 y $168. Un usuario comercial pasó de abonar $2.322 a $11.342, y uno industrial, de $15.048 a $68.317.

Sin embargo, y a pesar de las recomposiciones realizadas, se observa que la Argentina mantiene, junto con Venezuela y Paraguay, las tarifas residenciales, comerciales e industriales más bajas de la región para todos los escalones de consumo analizados. Esto se debe, en parte, a que el incremento de tarifas se minimiza al efectuar el análisis en términos de dólar estadounidense, debido al fuerte aumento del tipo de cambio operado a partir de diciembre de 2015. El gran desafío del actual Gobierno será recomponer, patrimonial y financieramente, el funcionamiento de toda la cadena de prestación de los servicios públicos energéticos, teniendo en cuenta la trascendencia social que estos presentan.  Comienza una nueva etapa en la regulación de los servicios públicos en la Argentina: los cuadros tarifarios deberán volver a representar razonablemente los costos de prestación y permitir realizar las inversiones necesarias para adecuar el sistema de generación, transporte y distribución eléctrica a la demanda presente y futura, y, al mismo tiempo, brindar señales de consumo eficiente y racional. Asegurar el valor de las tarifas en el tiempo, en un contexto inflacionario, demandará un mecanismo transparente de actualización, basado en indicadores confiables que permitan al sector privado realizar las inversiones necesarias que logren recuperar un sistema con bajo nivel de falla.

Tarifas eléctricas medias en la Argentina

El análisis realizado pone de manifiesto el impacto que tuvo la actualización tarifaria en relación con la dispersión que se observaba en el precio cobrado en los distintos estados provinciales. Es así que un usuario que consume 30kw/h mes y reside en el área de concesión de EDESUR (Gran Buenos Aires), en 2015 pagaba 5,6 veces menos que un usuario de Santa Fe por el servicio eléctrico y 2,75 veces menos que el promedio nacional. A partir de febrero de 2016, dicha proporción descendió a 2,1, y 1,3, respectivamente.

 

Para el resto de los escalones de consumo analizados, la dispersión observada es aún mayor si se analiza la situación de las dos jurisdicciones con tarifas más altas respecto de las demás. En el caso de consumos de 150 kw/h y 300kw/h mensuales, rango donde se ubica la mayor cantidad de usuarios, se observa que un residente de Córdoba o Santa Fe abona tarifas por el servicio eléctrico que pueden ser, según el caso, un 176% mayores que un residente de Mendoza, un 149% mayores que en el Gran Buenos Aires y un 66% superiores al promedio nacional. Si el consumo es aún mayor, y se analiza un escalón de consumo de 1000 kw/h mes, en la zona norte del AMBA (EDENOR) se pagan tarifas de electricidad cerca de 3 veces más bajas que en Córdoba.

 

En el caso de las industrias, si bien la dispersión es mucho menor, el orden de las empresas muestra un cambio importante con respecto a las caracterizaciones planteadas hasta aquí.  Un usuario de esta categoría que contrate una potencia de 300kw, con un factor de uso del 80%, radicado en el ámbito de prestación del servicio de EDENOR, paga tarifas eléctricas un 16% más bajas que uno radicado en Mendoza, y un10% menores que el promedio país.