La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la nueva resolución sobre el uso de armas por parte de la Policía y aseguró que pondrá fin a “una doctrina de desprecio a la vida humana de los efectivos y de ciudadanos” y criticó el anterior amparo legal que le daba al delincuente una ventaja inadmisible”. La nueva reglamentación para que las fuerzas de seguridad puedan utilizar armas letales avala a los policías a disparar a sospechosos de delitos aún cuando posean réplicas de armas, huyan tras cometer un delito o cuando se presuma una alta probabilidad de que puedan provocar graves daños a personas sin estar armados. Esta resolucción estalló en una fuerte polémica que repercutió en la opinión pública.
El nuevo reglamento había sido firmado por Bullrich el jueves de la semana pasada, pero entró en vigencia el lunes pasado mediante su publicación en el Boletín Oficial, cinco días antes de que se cumpla un año del denominado caso Chocobar, en el que el policía Luis Chocobar mató a un ladrón que huía tras robarle y herir a puñaladas a un turista estadounidense en el barrio de La Boca.
La resolución 956/2018 dispone que el uso de armas letales es válido por parte de las fuerzas federales de seguridad en «defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves» o «para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas».
El diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, como gran parte del oficialismo y sectores afines, celebraron la Resolución 956/18 y afirmó que «no requiere paso por el Congreso porque son reglamentos y protocolos de actuación».
En una entrevista con radio Continental, el legislador mendocino de Cambiemos de extracción radical agregó que «es una potestad propia del Ministerio de Seguridad a la hora de establecer con precisión en qué circunstancias el personal de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria va a poder utilizar las armas de fuego».
«El problema que teníamos es que esos reglamentos estaban dispersos y dependían de cada fuerza, que incluso se contradecían entre sí», indicó el diputado, y aseveró que «ahora con claridad se establece bajo qué supuestos los policías podrán usar el arma de fuego».
Petri indicó que, previo al protocolo, existía «una total discrecionalidad y arbitrariedad a la hora de interpretar el cumplimiento del deber», algo que, según el diputado, cambiará a partir del establecimiento de este nuevo protocolo.
De todas maneras, destacó que «sigue siendo la última ratio en la República Argentina la utilización de un arma de fuego», y que se utiliza cuando «ya estamos ante una circunstancia que la ley califica como la inminencia de un peligro concreto, real y efectivo, y puede poner en riesgo la vida del propio policía o eventualmente de terceros».
«No es la sola fuga, detención o comisión de delito la que lo habilita, sino que se agrega un elemento más, que es un requisito muy importante: la inminencia del peligro», aclaró.
Para Petri, el uso de armas de fuego «no es tirar a matar, sino poder repeler el ataque». Al ser consultado sobre si las fuerzas están capacitadas para sostener ese protocolo, el diputado mendocino afirmó que «la formación de las fuerzas federales es muy completa y muy buena».
«Si creemos en la capacitación que les estamos impartiendo, pues tenemos que entrenarlas para establecer con claridad bajo qué circunstancias y en qué premisas van a poder utilizar el arma», aseveró.
«No se trata de habilitar casos de gatillo fácil, porque eso es cuando un policía se excede en el cumplimiento del deber y hace una mala actuación de las circunstancias fácticas que habilitaban el uso de armas de fuego y que eventualmente, la justicia determina o no si la usó mal», sostuvo.
«Yo creo que la ausencia de reglamentación establece un marco muy difuso de actuación de las fuerzas policiales», sostuvo Petri y agregó que con el protocolo nuevo «le estás diciendo a un policía que va a poder usar el arma de fuego en circunstancias específicas, siempre teniendo en cuenta que tiene que haber un peligro inminente».
El rechazo de Noelia Barbeito a los dichos de Petri y su «demagogia punitiva»
El rechazo a esta resolución comenzó a tomar fuerza en las redes sociales desde distintas organizaciones de DDHH, sociales y políticas. Entre ellas, la referente del FIT en la provincia, Noelia Barbeito salió al cruce del diputado: “Democracia a los tiros, no es democracia”, sostuvo Barbeito a través de Twiter.
La referente de la izquierda se suma así a la ola de repudios en contra de este intento de legalizar el llamado «gatillo fácil» policial que se esconde detrás de la conocida «doctrina Chocobar”.
Luego, Barbeito se explayó en su cuestionamiento a los dichos del diputado en distintas entrevistas radiales: “Petri habla de claridad en el comportamiento policial, pero esconden que están intentando legalizar el gatillo fácil. Quieren asegurarle la impunidad a los policías que maten por la espalda”.
Barbeito, a su vez, denunció la “demagogia punitiva” del gobierno y su vocero mendocino: “Petri ya nos tienen acostumbrados a su demagogia punitiva, primero queriendo llenar las cárceles de jóvenes pobres, luego con su campaña xenófoba contra los inmigrantes y ahora directamente quiere legalizar el fusilamiento sin pruebas ni procesos judiciales”.
“Como denunció mi compañero Nicolás del Caño, Patricia Bullrich promueve el fusilamiento liso y llano como hizo la prefectura con Rafael Nahuel cuando lo asesinó por la espalda”, continuó Barbeito, quien además recordó que Mendoza es una de las provincias con más casos emblemáticos de gatillo fácil: “Según un informa de la Correpi, 5462 personas asesinadas por el aparato represivo del estado desde 1983. De esos casos, alrededor de 250 fueron en Mendoza. Petri quiere que ninguno de esos policías sea condenado y garantizarle la impunidad para seguir reprimiendo”, continuó la ex senadora del FIT.
“En pocos días se reanudará el juicio por el asesinato de Lucas Carrasco, el joven asesinado por la Policía de Mendoza en la cancha de Independiente Rivadavia, mientras somos los que nos movilizamos por justicia, Petri intenta justificar un clima represivo”.