El FIT insiste que el Código Contravencional de Cornejo trasciende a la misma Constitución Nacional Argentina ya que criminaliza la libertad de manifestación pública. «Es una clara política de persecución y amedrentamiento» afirma Noe Barbeito

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Este miércoles 31 de octubre en la Legislatura mendocina, Noelia Barbeito, presentó una acción de inconstitucionalidad del artículo del Código Contravencional que criminaliza las movilizaciones. La referente del FIT Mendoza estuvo acompañada por el abogado constitucionalista Carlos Lombardi y Sebastián Henríquez, secretario general del SUTE, el gremio docente de la provincia cuyana. Allí se presentaron juntos ante la prensa para explicar los alcances de la acción de inconstitucionalidad del inciso “f” del artículo 55 del Código de Contravenciones que prohíbe el derecho a reunión y manifestación. Dicen que un famoso mendocino que circulaba por las céntricas calles de la Capital se preguntaba si el polémico inciso «f» viene de «facho»… aunque aún nadie le encontró la respuesta adecuada a su inquietante duda…

Cabe destacar que la acción de inconstitucionalidad contra el código contravencional recayó en la Sala 2 de la Suprema Corte a cargo de Palermo, Adaro y Valerio. Dentro de aproximadamente 20 días tendrán la respuesta ante el reclamo de la oposición.

Ante la prensa, Noelia Barbeito, senadora provincial (MC) señaló «Hemos presentado una acción de inconstitucionalidad en los términos del nuevo Código Contravencional que ha impulsado y ha aprobado esta Cámara de la Legislatura provincial a favor del gobierno de Cornejo, más precisamente en su artículo 55 inciso «f» prohíbe el derecho a manifestarse o reunirse libremente. Para nosotros es inconstitucional, viola tratados internacionales que dan cuenta de la necesidad del derecho a la manifestación, de la reunión que sí está consagrado en nuestra Constitución Nacional».

Y agregó «Lo entendemos como una clara política de persecución y amedrentamiento por parte del gobierno provincial, en clara sintonía con lo que está haciendo Mauricio Macri con este ajuste represivo al pueblo trabajador en complicidad con el FMI».

Por su parte, el abogado constitucionalista Carlos Lombardi, continuó con los argumentos «Entendemos que las autoridades de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza hace un análisis conforme a los principios de razonabilidad y legalidad que imperan en el ordenamiento constitucional argentino la presentación tiene buenas posibilidades de prosperar».

«Entendemos que es ‘inconstitucional’ porque viola un principio constitucional fundamental como es el principio de razonabilidad, por cuanto, en el inciso «f» dice que al no pedir autorización a las autoridades se incurre en actos turbatorios o de desórdenes, lo cual es un despropósito para nuestro punto de vista ante el ejercicio del derecho de reunión y manifestación de modo pacífico, sumado a eso la arbitraridad en cuanto que es una norma genérica que se suma en un contexto de un Código Contravencional, que si bien tiene normas algunas razonables, esta en especial regula y limita un derecho sumamente sensible para la comunidad cuál es el derecho de reunión y manifestación pacífica» concluyó el constitucionalista.

En tanto, el secretario general del SUTE, Sebastián Henríquez sumó su punto de vista «Básicamente los docentes somos los principales perjudicados de la medida de este inciso «f» del artículo 55. Para dar un hecho concreto, de la ridiculez de esta pretensión de que nosotros tenemos que pedir permiso para desarrollar tanto reuniones como manifestaciones pacíficas abierta y públicas, el miércoles 24 falleció nuestra compañera Miriam Azzolina en Lavalle (la docente había sufrido un ACV y que horas después fallece a causa de la desidia en el sistema de salud provincial) y ese mismo miércoles la escuela convoca a una concentración frente al Municipio de Lavalle y nadie le envió una nota al gobernador, ni a ninguna autoridad, ni al SUTE, ni la escuela… te imaginás frente al fallecimiento de una compañera vamos a estar pensando que vamos a enviarle una nota a alguien pidiendo permiso para hacer una manifestación; para poner un ejemplo concreto de la estupidez de esta pretensión».

Y concluyó Henríquez «En Mendoza hay un clima represivo de censura que lo que busca es generar miedo, donde nadie sepa qué se puede hacer y qué no, cuáles son las reglas de juego que ahora están más difusas; ante esa duda, la gente no hace nada. Agreguémosle que el gobernador metió a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia, uno de los cuáles es su ministro de Gobierno, como si Macri hubiera puesto a Marcos Peña en la Corte Suprema de Justicia. Agreguémosle eso que Cornejo usa a la Legislatura como una escribanía; que desarmó la Junta de Disciplina del Estado, es decir, que hoy el Poder Ejecutivo cesantea al que quiere… bueno, realmente estamos instalados en un estado de excepción en Mendoza y de los cuales el sindicalismo es uno de sus principales objetivos y dentro de eso, el docente, que es el principal por ser el sector más activo hoy en la vida política y en las movilizaciones en las calles».