Concejales de Unidad Ciudadana está presentando en distintos departamentos de Mendoza, un programa municipal de promoción y protección integral de derechos de las mujeres en situación de violencia de género, que tiene como objetivo un abordaje integral de la problemática de género con ejes en la prevención, visibilización y concientización, como el fomento de la participación de la sociedad a través de un fuerte trabajo en equipo con el Estado.
El proyecto de ordenanza fue impulsado por las concejales Paloma Scalco (Luján de Cuyo), Romina Barrera (La Paz), Lula Sosa (Junín) y Débora Mussatto (San Martín) y también será presentado en cada uno de los departamentos que representan por Martín González (Godoy Cruz), Martín Gómez (Las Heras), Pablo Gudiño (Guaymallén) y Ernesto Espeche (Ciudad).
Entre los puntos más destacados del programa, se encuentra el desarrollo de hogares de protección integral de la mujer en situación de violencia en cada uno de los departamentos, la creación de una “línea de subsidios para las mujeres y víctimas de violencia” que implementará una manutención que constará de una prestación monetaria mensual fija y tendrá un monto equivalente a la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Además, se implementará un subsidio por alojamiento de la víctima y, en su caso, de los hijos o hijas menores a su cargo cuya permanencia en el hogar también resulte inconveniente.
Por parte, la iniciativa propone la articulación con las oficinas de empleo municipales a y la implementación de aulas taller para dictar oficios a las mujeres en situación de violencia de género. En el mismo sentido, se plante la exoneración de impuestos a empresas que contraten mujeres en situación de violencia y la exención de tasas municipales a las víctimas.
En cuanto al sistema de licencias, el programa impulsado por Unidad Ciudadana sostiene que en caso que la trabajadora víctima de violencia, en los términos de la Ley 26.485, tendrá derecho a la reducción de la jornada, la reordenación del tiempo de trabajo o del lugar de prestación del servicio, la justificación de inasistencias o faltas de puntualidad, o al otorgamiento de una licencia remunerada, cuando así lo determine el área de recursos humanos, donde la mujer prestare servicios, mediante la certificación acreditativa del hecho, de acuerdo a como lo determine la reglamentación.
Por último, se busca que los hogares cuenten con un equipo técnico-profesional con perspectiva de género comprobable, conformado por un licenciado o una licenciada en trabajo social, un licenciado o licenciada en psicología, un abogado/a y un psicólogo/a infantil y familiar, quienes tendrán a cargo un diagnóstico y la elaboración de estrategias de abordaje para cada caso.
El Banco Rojo: un proyecto cultural de prevención contra la violencia de género y el femicidio
En esa misma línea, el bloque de legisladores del bloque Podemos presenta hoy a la mañana en el Salón de los Pasos Perdidos, un proyecto cultural de prevención contra la violencia de género y el femicidio.
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