El diputado del PJ mendocino Mario Díaz propone que se brinde beneficios de la tarifa social de Servicios Públicos para a los usuarios urbanos y rurales, pymes, clubes y cooperativas

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Para tratar de mejorar un poco las condiciones de los mendocinos frente a la crisis económica, llena de ajustes y tarifazos, el diputado del Partido Justicialista, Mario Díaz, realizó una iniciativa que tiene como coautores a los legisladores del mismo bloque: Lidia Ruiz, Cristina Pérez, Daniel Rueda y Carina Segovia. La propuesta tiene el objetivo de proteger a los usuarios urbanos  y rurales, micro, pequeñas y medianas empresas cooperativas de trabajo de fábricas o empresas recuperadas, clubes de barrio y usuarios beneficiarios de tarifa social.

En consecuencia, los incrementos de tarifas que no se ajusten a causas objetivas y justificadas no podrán exceder el del promedio de los salarios para los usuarios, ni el índice del IPC mayorista para las Pymes.

“Los usuarios deben estar protegidos, en el contexto de un Gobierno cuyos funcionarios no han sabido resolver el abordaje de una readecuación tarifaria de carácter racional, gradual y atendiendo a los ingresos promedios de las familias argentinas. Como es de público conocimiento, desde el inicio de la actual gestión nacional, y en nuestro carácter de opositores racionales, siempre asumimos la necesidad de una readecuación tarifaria de carácter integral. Pero lógicamente, la misma debería haber atendido las necesidades de las familias y sus distintas realidades”, argumenta el legislador.

Díaz propone la creación del Régimen Provincial y Universal de Beneficiarios de la Tarifa Social de Servicios Públicos, que tendrá como objetivo establecer un cuadro tarifario diferencial para los servicios de suministro eléctrico urbano-rula, gas natural por redes, y agua corriente, para los sujetos comprendidos en el régimen.


Los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social de Servicios Públicos Provinciales serán aquellos que reúnan los siguientes criterios de inclusión:

Inciso 1.– Jubilados o pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a TRES (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Inciso 2.– Trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en TRES (3) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Inciso 3.– Usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

Inciso 4.– Usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico (Ley 26.844).

Inciso 5.- Beneficiarios de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a TRES (3) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Inciso 6.– Titulares de programas sociales del gobierno nacional, provincial y municipal,

Inciso 7.– Usuarios que perciben seguro de desempleo.

Inciso 8.– Titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Inciso 9.– Usuarios que cuenten con certificado de discapacidad expedido por autoridad competente.

Inciso 10.– Titulares (o uno de sus convivientes) que padezcan una enfermedad cuyo tratamiento implique electrodependencia

Inciso 11.– Clubes sociales y asociaciones vecinales.-

Inciso 12.– Entidades de Bien Público incluidas en la Ley 27.218, centros asistenciales públicos; entidades educativas públicas de cualquier nivel; las entidades religiosas que acrediten tal condición y asociaciones sindicales que realicen actividades de índole social (institutos, comedores comunitarios, centros de formación y capacitación, centros de recuperación, etc.)

Inciso 13.– Pequeños emprendimientos comerciales y de servicios, cuya condición tributaria sea monotributista.

En el caso de los sujetos incluidos en los incisos 1 a 7) quedarán exceptuados del beneficio aquellos que sean propietarios de más de un inmuebles registrado ante el Registro de la Propiedad Inmueble del lugar que corresponda, posean un vehículo de hasta 5 años de antigüedad (excepto quienes posean certificado de discapacidad o electro dependencia), los que posean aeronaves o embarcaciones de lujo, y/o posean un patrimonio superior al mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales.

La iniciativa también incluye el Registro de Beneficiarios de la Tarifa Social de Servicios Públicos Provinciales, que quedará bajo la jurisdicción de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, quien tendrá a su vez la autoridad de ampliar posteriormente los criterios de inclusión para acceder a dicho beneficio, así como también la revisión y el monitoreo periódico de los sujetos alcanzados por la presente Ley.