El diputado Lucas Ilardo pone el ojo en Cornejo: “Desde diciembre del 2015, el gobierno mendocino de Cambiemos no ha gestionado ninguna vivienda, en ningun aspecto”

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El diputado provincial del peronismo mendocino Lucas Ilardo presentó un pedido de informes solicitando al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) información sobre los proyectos habitacionales que estaban en construcción al 11 de diciembre del 2015, como así también los que estaban licitados, adjudicados y firmados sus respectivos contratos con empresas constructoras; los que estaban licitados y en trámite de adjudicación y los proyectos que estaban presentados en la Subsecretaria de Vivienda de la Nación con pedido de no objeción técnica o financiera.

El pedido de informes busca determinar, como se sospecha, que dentro de estas viviendas adjudicadas, licitadas y programadas en el Gobierno anterior se encuentran todas las que el gobernador Cornejo ha publicitado como propias, por lo tanto es factible afirmar, como detalló Ilardo, que “desde diciembre del 2015, la gestión de Cambiemos no ha gestionado ninguna vivienda, en ningun aspecto”.

Entre los argumentos del pedido de informes se detalla que el IPV ha dejado de existir como “organizador social”. Desde que se eliminó el PROMEBA, y relacionado con este nuevo esquema de participación público-privada, a lo único que se limita el IPV es a ser un mero intermediario, entre las personas que pueden acceder a un crédito UVA, los bancos y las empresas privadas.

Así, ha perdido el carácter social del acceso a la vivienda de los sectores más vulnerables, los cuales suelen tener las peores condiciones habitacionales.

En este sentido, se pide información al IPV sobre la mecánica que incluye la “relicitaron” de viviendas ya licitadas y adjudicadas a valores mayores que si se aplicaba la redeterminación al valor original, adjudicándolas además a las mismas empresas.

¿Qué quiere decir esto? Que la empresa al contratar, presupuesta el valor de construcción de la vivienda, con una “redeterminación”, que se utiliza para actualizar por inflación ese precio, por lo cual el precio original va variando según ese parámetro. En este caso, el gobierno de Cambiemos en vez de mantener ese mecanismo, volvió a licitar y adjudicó las obras a las mismas empresas, a un valor mucho mayor que si se aplicada la redeterminación de precios, beneficiando claramente a los privados.

La intención del pedido de informes es que el IPV explique esta metodología ya que no hay argumentación sobre el porqué de esta decisión.

 

Según el diputado Ilardo, Cambiemos no ha gestionado ni una vivienda durante su gestión

Cuando el actual diputado provincial Omar Parisi su cargo de presidente del IPV, en diciembre del 2015, hizo firmar declaraciones juradas a los gerentes de la repartición respecto a todos los progresos del Instituto, lo cual quedó “fedatado” en una actuación notarial. El detalle era:

a) 3.519 viviendas en construcción (2.696 viviendas del Programa Techo Digno y 823 viviendas del programa Villas (viviendas industrializadas).

b) 472 viviendas con el financiamiento acordado por la Nación (no objeción financiera acordada), contando algunas de ellas con el contrato de obras firmado con las empresas constructoras.

c) 1.127 viviendas en construcción perteneciente al Programa de Desarrollo Socio-comunitario.

d) 124 viviendas en construcción perteneciente a los programas de Vivienda Rural (Ley 7.934) Y Emergencia Socio-Habitacional.

e) 148 viviendas en construcción pertenecientes al Programa de Ahorro Previo.

f) 1.933 soluciones habitacionales en construcción pertenecientes al Programa Mejor Mejor Vivir (Emergencia Pluvial).

g) 15 proyectos en ejecución pertenecientes al Programa Mejoramiento Barrial, PROMEBA, 3 proyectos firmados y 5 proyectos a la firma.

h) 403 lotes y servicios en construcción (Programa Lotes y Servicios).

i) 1.676 viviendas del Programa Techo Digno licitadas y adjudicadas a las empresas, contando estas con la no objeción acordada por la Nación y estos proyectos habitacionales se habían girado a la Nación (Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda) para el otorgamiento de la no objeción financiera, lo que permitiría la firma de los contratos con las empresas constructoras.

j) 1.850 viviendas presentadas a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, pertenecientes a proyectos preparados por entidades intermedias, con terrenos propios de las entidades que contaban con las factibilidades de servicios ya otorgadas, solicitando la no objeción técnica (autorización para licitarlas).