En Mendoza, la eliminación del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) no fue simplemente el cierre de un organismo técnico. Fue, en los hechos, el desmantelamiento de una de las principales herramientas que tenía la provincia para entender, medir y acompañar su sistema productivo agropecuario.
La decisión del Gobierno provincial de retirar el financiamiento en 2024, enmarcada en una política de ajuste del gasto, dejó sin continuidad una estructura que durante años no solo generó estadísticas, sino que construyó conocimiento territorial, asistió y capacitó a productores y sostuvo líneas concretas de financiamiento. Hoy, ese vacío empieza a evidenciarse.
Un organismo que caminaba el territorio
El diferencial del IDR no estaba en una oficina ni en un escritorio. Estaba en el campo.
A diferencia del casi inexistente esquema actual, supuestamente basado en la recopilación de datos dispersos, el Instituto producía información propia, con equipos técnicos que recorrían fincas, monitoreaban cultivos y relevaban datos directamente en territorio. No era un observador pasivo, era un generador activo de información estratégica y rigurosa.
Desde censos de superficie cultivada hasta pronósticos de cosecha, pasando por el seguimiento de precios al productor y al consumidor, el IDR construía una base de datos que permitía leer el presente y anticipar el futuro del agro mendocino.
El mapa productivo, cultivo por cultivo
El trabajo del IDR tenía una profundidad poco habitual en organismos públicos. No hablaba en generalidades. Trabajaba al detalle y generaba información robusta.
Sabía cuántas hectáreas de ajo había en cada oasis, cómo evolucionaba la superficie de tomate, qué pasaba con la cebolla, la papa o las hortalizas de hoja. En fruticultura, seguía de cerca cultivos clave como durazno, ciruela, olivo, cereza, frutos secos y pistacho.
Pero no se trataba solo de medir superficie. El instituto analizaba procesos: estados fenológicos, floración, desarrollo, condiciones productivas. Durante cada temporada, equipos técnicos monitoreaban cerca de 190 cuarteles frutícolas, generando información clave para anticipar heladas, estimar volúmenes de producción y orientar decisiones sanitarias.
Ese nivel de detalle permitía algo fundamental: tomar decisiones con base en evidencia científica sólida.
Mucho más que una foto: entender la evolución
Uno de los aportes menos visibles, pero más valiosos del IDR era su capacidad para construir series históricas.
No se trataba solo de saber qué estaba pasando en una campaña, sino de entender tendencias, qué cultivos crecían, cuáles retrocedían, cómo se desplazaba la producción entre zonas, qué transformaciones estructurales atravesaba el agro mendocino.
Los informes incluían metodologías estadísticas claras, márgenes de error e intervalos de confianza. Es decir, no eran aproximaciones, eran estimaciones técnicas, comparables en el tiempo y confiables para la planificación.
Sin esa continuidad, la política pública pierde memoria, no se planifica y vivimos de improvisación en improvisación como nos tiene acostumbrados el ministro Vargas Arizu.
Información con anclaje territorial
El IDR también ordenaba el territorio productivo. Sus datos no eran solamente generalidades, estaban desagregados por oasis, departamentos y zonas.
Esa segmentación permitía entender, por ejemplo, por qué el Valle de Uco y la Zona Centro concentraban gran parte de la superficie hortícola, o cómo variaban los sistemas de riego y la estructura de productores según la región.
En términos concretos, esa información era la base para diseñar políticas hídricas, programas de reconversión productiva, asistencia técnica focalizada y estrategias de financiamiento
El instituto tenía un rol directo en el fortalecimiento del entramado productivo. Capacitaba, acompañaba y formaba. Desde programas de educación financiera hasta asistencia técnica para pequeños productores, su intervención apuntaba a mejorar la gestión, reducir riesgos y profesionalizar la actividad rural. A través de iniciativas como IDR Incuba, más de 400 emprendimientos agrícolas y agroindustriales recibieron apoyo para consolidarse.
Hoy, sin ese nivel de detalle, el diagnóstico se vuelve más difuso. Claramente el gobierno de Cornejo apelo a la “libre organización del mercado” en detrimento de los productores mendocinos.
Financiamiento: una herramienta que también desapareció
Otro de los pilares que se perdió con el cierre del IDR fue su capacidad de financiamiento. El organismo administraba fondos rotatorios orientados a mejorar la sanidad vegetal, permitiendo a productores acceder a insumos clave para combatir plagas como carpocapsa o grafolita.
Los créditos eran accesibles, sin interés y con plazos adaptados al ciclo productivo. No eran solo asistencia financiera, eran políticas activas para mejorar la calidad y competitividad del sector. Hoy, esas herramientas ya no están. Y prontamente el Fondo para la Transformación y el Crecimiento sufrirá el mismo destino.
Un sistema que aún depende del pasado
Paradójicamente, tras la desaparición del IDR, gran parte de la información oficial disponible sigue apoyándose en datos generados por el propio instituto antes de su cierre. Cuando el anuncio en su momento era la de una plataforma “Mendoza + Agro” que centralizaría toda la información productiva del sector público y privado (cámaras empresariales) que aún hoy no está en funcionamiento ni figura en la página web oficial del Ministerio de Producción.
Por otro lado, la actual página del Ministerio de Producción intenta combina fuentes diversas (censos, organismos nacionales, datos históricos y aportes privados) pero no logra reemplazar el sistema de relevamientos propios que sostenía el IDR.
No hay evidencia de una estructura equivalente en trabajo de campo, continuidad metodológica y cobertura territorial sistemática. El resultado es un esquema fragmentado, con menor precisión y mayor dependencia de actores externos.
El costo invisible del ajuste
El cierre del IDR puede haber significado un ahorro fiscal en el corto plazo. Pero su costo estructural es más difícil de medir.
Sin datos propios el Estado pierde capacidad de diagnóstico, las políticas públicas pierden eficacia y los productores operan con mayor incertidumbre. Y, sobre todo, se debilita la posibilidad de planificar el desarrollo del sector.
La discusión de fondo no es solo técnica. Es política. ¿Qué modelo de desarrollo rural necesita Mendoza? ¿Uno basado en información pública, territorial y sistemática? ¿O uno fragmentado, apoyado en datos dispersos y en la iniciativa privada concentrada?
Por ahora, la eliminación del IDR dejó más interrogantes que respuestas. Y un dato concreto: la provincia ya no cuenta con la herramienta que le permitía mirar su propio territorio con precisión y de cara al futuro.
Por Bruno Ceschin para el Observatorio COSECHA
