El diputado de Protectora Fuerza Política, José Luis Ramón, cuestionó la decisión del directorio de la Caja Forense de Mendoza de finalizar el régimen de asistencia médica (RAM) que la entidad brinda desde hace décadas. La medida, prevista para el 30 de abril, impactaría en cientos de afiliados, en su mayoría personas mayores.
Es por ello que Ramón lanzó una dura advertencia al sostener que es ilegal la decisión de finalizar el régimen de asistencia médica vigente desde hace décadas y convocó a los afectados a reclamar por la vía judicial. Esta determinación impactaría directamente sobre más de 300 afiliados, en su mayoría profesionales de edad avanzada, que dependen de este esquema para sostener su atención de salud.
El diputado advirtió que el universo afectado incluye principalmente a personas en situación de vulnerabilidad: “La gran mayoría de estas personas son mayores de edad, son viudos y viudas de personas que han estado en actividad en su momento”. En ese sentido, remarcó que “ninguna obra social los aceptan, porque son personas que generalmente son mayores de edad”, por lo que “quedan fuera del sistema”.
¿Por qué Ramón sostiene que es ilegal la decisión de la Caja Forense?
El eje del planteo del legislador está en una resolución previa que, según afirma, tiene plena vigencia. En el año 2010, la Caja Forense realizó una asamblea extraordinaria en la que se decidió discontinuar el sistema por razones económicas, pero estableciendo una condición fundamental: respetar los derechos adquiridos de los afiliados existentes.
Esto implicaba que el régimen debía continuar hasta su extinción natural, es decir, hasta que el último afiliado dejara de pertenecer al sistema, ya sea por renuncia o fallecimiento. Ese compromiso, según Ramón, constituye una garantía que no puede ser desconocida por decisiones posteriores del directorio.
En este contexto, el diputado cuestionó que la resolución tomada en 2025 haya sido definida por un grupo reducido de autoridades —integrado por cinco a siete miembros— sin respetar lo dispuesto por el conjunto de afiliados en asamblea.
Sin embargo, cuestionó el diputado de Protectora que “el año pasado, de una manera muy rara, el directorio, que no son más de siete miembros, resolvió dar por terminado esto”, y agregó que “en diciembre del año 2025, estos siete directores de la Caja Forense resolvieron terminar con este sistema”.
Para Ramón, el problema es económico, pero no justifica la medida: “El sistema no da, pero ¿qué se resolvió en la asamblea extraordinaria de todos los socios? (…) que hasta el último afiliado iba a ser atendido como corresponde, con los fondos que corresponden a la Caja Forense, es decir, hay un superávit”.
La principal preocupación gira en torno al impacto directo que tendría la medida. De concretarse, cientos de abogados y procuradores quedarían sin cobertura médica de manera abrupta, pese a haber aportado durante años bajo un sistema solidario.
Este tipo de esquemas, explicó Ramón, se sostienen en el principio de solidaridad intergeneracional, donde los aportes de los afiliados activos permiten garantizar prestaciones a quienes ya no están en actividad plena. La interrupción repentina del servicio rompería ese equilibrio y dejaría en una situación de vulnerabilidad a quienes más lo necesitan.
Frente a este escenario, indicó que avanzaron con presentaciones judiciales. “Se inician las acciones judiciales, no por el tema de alguna picardía (…) sino por el tema de que son seres humanos, personas que se van a quedar varadas”, afirmó.
Además, detalló que ya hay intervención judicial: “Las demandas que han ingresado, los jueces de primera instancia le han dado un traslado para que den alguna explicación en la Caja Forense”, y anticipó que “la justicia va a tener que resolver alguna medida de protección”.
Respecto a la fecha límite, fue categórico: “El 30 de abril del 2026, según esa acta del directorio de la Caja Forense, se terminó el RAM”. No obstante, expresó su expectativa de que la decisión sea frenada: “Yo espero que los jueces le pongan un freno a esta situación. No puede ocurrir lo del 30”.
Finalmente, criticó con dureza al directorio: “Es una barbaridad que se le ocurrió a estos señores de ponerle fecha de finiquito total, dejando en situación de ningún tipo de previsibilidad a personas mayores”, y concluyó: “Se trata de personas humanas que están en condiciones de vulnerabilidad (…) eso es lo que queremos que ocurra”.
Con información de MDZ Radio y Noticias Mendoza
