El 9 de abril de 2026 finalizó el programa Volver al Trabajo (ex Potenciar). Lo anunció el ministerio de Capital Humano: no se renovarán las asignaciones, que serán reemplazadas por vouchers para capacitación.
Esto significa que más de 950 mil trabajadores de la economía popular dejaron de cobrar los ya magros $78.000 por el trabajo que realizan. Dos tercios de las personas que lo perciben son mujeres, entre ellas las cuidadoras comunitarias, cuyo trabajo va desde la alimentación de la comunidad, el cuidado de niños, hasta el acompañamiento en situaciones de violencia de género, entre muchas otras tareas y servicios que realizan de manera colectiva para sostener la vida en los territorios donde el Estado no está.
Estos $78.000 verdaderamente eran una paupérrima retribución por el trabajo y no alcanzaban para solucionar la vida de ninguna familia ni persona, pero significan muchas veces algo más de comida nutritiva en la olla comunitaria, o poder comprar los remedios o útiles escolares.
A pesar de ello, el aporte era una fuente de ingreso fundamental para comedores, cooperativas de trabajo, espacios educativos y centros culturales comunitarios.
Argentina Humana publicó un comunicado en sus redes sociales en el que advierte del impacto social que puede tener esta medida. “Lo que se observa es una retracción del Estado en áreas sensibles, que deja a las organizaciones comunitarias como único sostén frente a una emergencia social cada vez más sensible”, dice el post.
El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) expresó su preocupación por el fin del programa. En San Juan, la organización gestiona más de 20 comedores y merenderos. Ivana Saavedra es referenta del MTE y está a cargo del merendero de Villa Larman, Rawson. Expresó al medio local La Mecha que el cierre del programa es un golpe de gravedad al funcionamiento de los espacios comunitarios y que el recorte afecta directamente a las infancias del barrio que asisten al merendero.
Saavedra señaló que, si bien el ingreso del programa es ínfimo, “con esos 78 mil pesos se cubren gastos mínimos, como la comida del día a día”. La referenta también expresó que las propias colaboradoras del merendero deben aportar de su bolsillo para producir alimentos, como facturas, semitas y sopaipillas y garantizar que las infancias reciban una taza de leche.
Saavedra advirtió que la baja del programa Volver al Trabajo pone en serio peligro la continuidad de los merenderos. Se refirió a la decisión del oficialismo nacional como “un capricho de querer quitarle al más pobre” que “perjudica a los niños y también a nosotros”. En ese sentido, Saavedra puso en valor el costo emocional de trabajar en estos espacios comunitarios. “Estar asistiendo a los pibes de la villa, que realmente lo necesitan, nos afecta muchísimo a nosotros”.
Según publicó Tiempo de San Juan, en la provincia existían más de 15 mil beneficiarios del Volver al trabajo, que es cerca del 4,9% de la población económicamente activa urbana. La caída del plan significa que dejarán de ingresar alrededor de 1.100 millones de pesos a la provincia, que estaban destinados al consumo, principalmente compra de alimentos.
La medida cae en un contexto crítico para la provincia. Según el INDEC, el Gran San Juan en el quinto puesto a nivel nacional entre las ciudades con mayor índice de pobreza. El aglomerado solo es superado por Gran Catamarca (35,7%), La Rioja (36,7%), Gran Resistencia (42,2%) y Concordia (49,9%).
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la pobreza en Mendoza afecta al 31,9%, que se traduce en 339.887 personas que viven bajo esa condición, siempre medido solo por en nivel de ingresos. Es decir, más de 3 de cada 10 mendocinos es pobre. La indigencia, es decir, las personas que viven en hogares donde no alcanzan a cubrir los recursos para alimentarse correctamente, afecta a 59.080 personas en el Gran Mendoza. Justamente, el INDEC mide en los grandes centros urbanos, por lo que queda afuera de esa estadística lo que ocurre en las áreas rurales de la Provincia y en los oasis Este, Sur y Valle de Uco.
El programa Volver al Trabajo contaba con aproximadamente 20.000 beneficiarios en la provincia de Mendoza.
Sin embargo, tras su reciente finalización anunciada por el Gobierno nacional en abril de 2026, informes locales indican que alrededor de 14.371 personas en la provincia se vieron directamente afectadas por el cese del pago mensual de $78.000 y están a la espera de la transición al nuevo sistema de capacitación… sin resarcimiento económico directo
La nueva propuesta del Gobierno nacional
La historia del programa Volver al trabajo se remonta a 2017, cuando surgió el Salario Social Complementario (SSC) en el marco de la Ley de Emergencia Social impulsada por organizaciones de trabajadores de la economía popular. En 2020, el Gobierno nacional de aquel entonces unificó el SSC y Hacemos Futuro bajo el nombre Potenciar Trabajo. En 2024, el Ejecutivo volvió a dividir el programa en dos: así apareció Acompañamiento Social y Volver al trabajo. Este último, destinada a personas consideradas empleables; el primero, a mayores de 50 años, madres solteras y personas con dificultades laborales estructurales.
El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, anunció el cierre del programa Volver al Trabajo y su reemplazo por un sistema de vouchers de capacitación laboral. La ubicación de los centros de formación pueden consultarse en la web de Portal Empleo. Sin embargo, al consultar por San Juan, el sitio no muestra ningún curso de capacitación.
Sin dudas, la medida ha generado una fuerte reacción de organizaciones sociales y sectores de la economía popular, quienes denuncian que el fin del programa deja sin ingresos básicos a miles de familias en un contexto de alta desocupación.
Casi un millón de personas perdieron sus $78 mil mensuales
Según un informe elaborado por el Instituto de Estudios y Formación y la Federación Nacional Territorial de la CTA Autónoma, la decisión “termina de desarticular una política de sostenimiento de ingresos destinada a aquellas personas que están insertas en el mercado laboral por fuera de los canales formales tradicionales”.
El documento ubica la medida dentro de un proceso más amplio de ajuste. Entre 2023 y 2025, la partida de asistencia social se redujo un 77% en términos reales, mientras que el Potenciar Trabajo registró un recorte del 96%. A su vez, el congelamiento del monto del salario social en $78.000 desde diciembre de 2023 implicó una caída del 72% en términos reales.
“El impacto del congelamiento del monto del Salario Social Complementario fue mucho mayor. Desde diciembre de 2023 se mantuvo en $78.000. En términos reales, la caída acumulada entre noviembre de 2023 y febrero de 2025 fue del 72%. De haber acompañado al Salario Mínimo, Vital y Móvil, en febrero de 2025 las prestaciones deberían haber ascendido a $173.400. Se trató de una política deliberada de licuación para facilitar su eventual eliminación”, sostiene el informe.
El impacto territorial de la medida será desigual. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentra el 47,2% de los beneficiarios, pero en provincias como Jujuy, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán y Formosa, los ingresos del programa representaban entre el 8% y el 13% de la población económicamente activa, por lo que allí las consecuencias serán más profundas.
Además, el análisis advierte que el ingreso del programa tenía un peso significativo en las economías familiares. A nivel nacional, representaba el 4,4% del ingreso promedio de los hogares y el 8,5% del ingreso de los ocupados. En el caso de trabajadores informales, ese porcentaje ascendía al 13,6%.
El documento también señala un fuerte impacto de género. Las mujeres eran mayoría entre las titulares de estos programas y se encuentran en una situación más precaria en el mercado laboral.
“El cierre de un programa que sostenía ingresos mayoritariamente femeninos profundiza una estructura que ya expulsaba a las mujeres hacia ocupaciones más frágiles y peor remuneradas”, advierte.
En ese sentido, se destaca que más del 53% de la fuerza de trabajo femenina se encuentra en condiciones de precariedad o bajos ingresos, y que la eliminación del programa recarga aún más las tareas de cuidado no remuneradas.
El informe incorpora además un relevamiento territorial que da cuenta de los perfiles de quienes percibían este ingreso: trabajadoras de comedores y merenderos, mujeres dedicadas a tareas de cuidado y limpieza en la informalidad, y trabajadores de la construcción o changas. En muchos casos, el monto del programa representaba entre el 20% y el 30% del ingreso familiar.
Finalmente, el documento enmarca la medida en un contexto de deterioro del mercado laboral. La tasa de desempleo alcanzó el 7,5% a fines de 2025, el nivel más alto desde la pandemia, mientras que la informalidad afecta al 43% de los ocupados.
“El cierre del programa Volver al Trabajo perjudica a los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”, concluye el texto de IEF y FeNaT, que advierte sobre el impacto social de una medida que reduce ingresos en los sectores más postergados en un contexto de creciente precarización laboral.
