El Gobierno nacional disolvió este viernes el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), tras dos años de crisis y múltiples reclamos por el recorte de convenios con clínicas, falta de profesionales, demoras en la entrega de medicamentos y suspensión de tratamientos médicos esenciales.
La disolución de IOSFA se concretó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 88/26, publicado en el Boletín Oficial. En su lugar, la entidad será reemplazada por dos obras sociales distintas, una para militares y otra para las fuerzas de seguridad.
Se trata de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) que funcionará como ente autárquico del Ministerio de Defensa y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), bajo la órbita de la cartera que encabeza Alejandra Monteoliva.
Si bien la medida ya está vigente, el cierre del IOSFA no será inmediato. En cambio, a partir de ahora se inicia un periodo de transición que se espera dura un año y que implica traspasar todos los afiliados garantizando su cobertura médico-asistencial.
La medida llega en medio de una fuerte polémica por el desfinanciamiento de la obra social, su mal funcionamiento y denuncias de ordenes de compras con sobreprecios a la empresa Suizo Argentina, la misma involucrada en el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Este déficit de la obra social creció exponencialmente bajo la gestión de Luis Petri en el Ministerio de Defensa, acumulando una deuda superior a los 200.000 millones de pesos, con un déficit operativo mensual de unos 15.000 millones de pesos. A esto se suman denuncias de cortes de prestaciones, falta de medicamentos, y suspensión de cirugías a nivel nacional, afectando a personal militar retirado, retirados de la armada, y sus familias, provocando situaciones de abandono de persona.
La gestión de las autoridades del IOSFA, designadas por Petri, ha sido señalada por ineficiencia, llevando a la necesidad de solicitar préstamos para pagar proveedores y a la posible disolución de la entidad para crear nuevas obras sociales.
Sin embargo, desde Casa Rosada aseguraron que el desmantelamiento de IOSFA se debe a que las fuerzas federales tienen “características funcionales, operativas, demográficas y laborales sustancialmente distintas a las propias del personal de las Fuerzas Armadas” y que por ese motivo decidieron crear dos entidades separadas.
Además, sin asumir responsabilidad alguna, señalaron que “en los últimos años se ha observado una situación de desequilibrio financiero de carácter persistente» en el IOSFA.
Casa Rosada asegura que la disolución de la obra social “representa el inicio de una nueva etapa” y prometieron una transición “gradual y ordenada” en la que “ningún afiliado perderá cobertura“.
“OSFA mantiene activas sus sedes, farmacias, centros médicos y canales de atención en todo el territorio nacional”, indicaron.
Tras la publicación del decreto, el diputado nacional y exministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, salió al cruce del Gobierno nacional. “No hay cosa que Milei no destruya: fundieron el IOSFA y ahora sacan un DNU para disolverlo», cuestionó.
“Creen que con el perro muerto se acaba la rabia”, exclamó y recordó que en apenas 2 años hubo 3 administradores distintos de la obra social que, en ese tiempo, pasó de tener superávit a un déficit consolidado de $200.000 millones.
“Reclamos de todo tipo: afiliados en primer lugar, prestadores y proveedores. ¿Y qué solución encontraron para resolver el problema? Disolverlo», sentenció.
Una crisis financiera que forzó la decisión
Según los informes técnicos del Ministerio de Defensa y la Jefatura de Gabinete, el IOSFA acumulaba un pasivo auditado cercano a los 200.000 millones de pesos. El rojo financiero fue atribuido a irregularidades en gestiones anteriores y a un desequilibrio estructural. Esa situación volvió insostenible el funcionamiento del organismo y puso en riesgo la continuidad de las prestaciones.
El nuevo esquema fija una asignación rígida de recursos. El 80% de los ingresos deberá destinarse exclusivamente a prestaciones médico-asistenciales. Los gastos administrativos no podrán superar el 8%. El 12% restante podrá derivarse a otras prestaciones sociales, siempre que la cobertura de salud esté garantizada.
Requisitos de idoneidad y auditoría permanente
Además, el decreto impone requisitos de idoneidad técnica para los miembros de los directorios y establece un régimen estricto de incompatibilidades. Las nuevas obras sociales quedarán bajo auditoría permanente de la SIGEN, con el objetivo de evitar conflictos de interés y repetir los errores de gestión detectados en el IOSFA.
La crisis del sistema tuvo fuerte impacto en distritos como Punta Alta, donde la Asociación de Trabajadores del Estado denunció interrupciones prolongadas en servicios básicos. Allí, unas 42.000 personas dependen de esta cobertura sanitaria. El proceso de transición prevé el traspaso ordenado de activos, pasivos y personal, bajo supervisión de una comisión especial, para garantizar la continuidad del Programa Médico Obligatorio.
