Como todos sabemos, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ha impulsado un modelo de desarrollo minero sostenible en la provincia. Lamentable sería que lo asociaran con el escándalo de Espert y los narcos mineros o lo que es peor, que asociaran una actividad lícita como es la Minería con el escándalo que producen sus socios políticos los Mileistas.
«Todos los santos días le van a tirar al gobierno que son ESTAFADORES, COIMEROS Y NARCOS» dice el periodista Eduardo Feinmann.
Los conflictos mineros en la provincia de Mendoza se centran en temas socioambientales, como el impacto en el agua y el medio ambiente, con protestas masivas contra la megaminería (por ejemplo, la modificación de la Ley 7722 en 2019, que generó la «marcha más grande de la historia de Mendoza» con miles de manifestantes y represión policial) o la entrega en bandeja del funcionario cornejista, Sergio Marinelli, de nueve pozos de agua a poderosos empresarios en una zona de restricción por la fragilidad del acuífero afectado. Curiosamente el principal beneficiario es Eduardo Elsztain, dueño de IRSA, hoy metido en el rubro minero (extracción de oro) y principal beneficiario de la gestión de Javier Milei, que en su balance tuvo ganancias por casi $196.000 millones.
Lagarto Blanco
«Si tengo que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia»
dijo Javier Milei, el presidente de todos los argentinos…
Un informe de Naciones Unidas señala con respecto a la Minería que más allá de los alcances ambientales, existe el peligro de los vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico, hay casos documentados de empresas mineras (o actividades mineras) con el lavado de dinero en América Latina, incluyendo Guatemala. Estos vínculos suelen involucrar minería ilegal de oro y otros metales, donde los cárteles usan las operaciones para blanquear ganancias del narcotráfico, ya sea invirtiendo dinero sucio en minas, robando cargamentos o exportando oro adulterado. A menudo, esto genera daños ambientales graves, explotación laboral y violencia, podemos encontrar múltiples casos relevantes basados en investigaciones periodísticas, reportes de la DEA, Interpol y el Departamento del Tesoro de EE. UU.
Milei y Cornejo se reunieron con Rio Tinto Group y Glencore
Glencore: enfrentó (y enfrenta) investigaciones y acusaciones por corrupción, lavado de dinero y sobornos a funcionarios en varios países africanos, según se desprende de investigaciones periodísticas y reportes de autoridades judiciales como el Departamento de Justicia de EE. UU. y el SFO británico.
Rio Tinto Group: Según un trabajo realizado por el periodista de Financial Review Peter Ker (https://share.google/0gCgDCMlVC72c8IXH ), la minera Río Tinto habría estado involucrada en un escándalo de sobornos con funcionarios del gobierno en Mongolia ¿Sería esa la misma empresa minera con la que se reunió Alfredo Cornejo en Londres y sin viajar a Europa Javier Mile? ¿Será a la que acusan como responsable de la Guerra de Bougainville (1988-1997), que fue un conflicto de nueve años en la isla de Bougainville, Papúa Nueva Guinea, provocado por la explotación económica de sus recursos y el racismo percibido por sus habitantes, lo que llevó a un movimiento separatista?
En Canadá se reunió nuestro mandatario con Teck Resources Ltd. La cual ha enfrentado múltiples escándalos, incluyendo la contaminación de vías fluviales en Canadá con multas millonarias y el incumplimiento de permisos ambientales en sus operaciones chilenas, lo que generó procesos y potenciales sanciones. También se han denunciado casos de acoso laboral y sexual en Chile y fue clasificada como una instalación altamente contaminante en EE. UU. por su mina Red Dog en Alaska.
El reciente caso judicial que involucra al diputado José Luis Espert, vinculado a una empresa minera guatemalteca bajo sospecha de participar en maniobras de lavado de dinero provenientes del narcotráfico, puso en primer plano una discusión que ya venían planteando diversos sectores políticos y sociales: ¿Puede el sector minero funcionar como una vía para operaciones de blanqueo de capitales?
Este debate adquiere aún más relevancia luego de la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases, que introduce beneficios extraordinarios para grandes empresas. Entre ellos se destacan:
– Cero por ciento de retenciones a las exportaciones
– Libertad para importar bienes sin pagar derechos de importación
– Exención de la obligación de liquidar divisas en el país
– Facilidades para la salida de dólares sin mayores controles
– Reducciones y exenciones en impuestos como IVA y Ganancias
Estos beneficios, pensados para atraer inversiones, también pueden facilitar maniobras de evasión fiscal y lavado de dinero si no van acompañados de controles adecuados, según advirtieron especialistas en materia económica y financiera.
En síntesis, el RIGI funciona como un vehículo ideal para la fuga de divisas y la legalización de fondos de origen ilícito. En este sentido, podemos decir que no se puede combatir el narcotráfico si se aprueban leyes que facilitan el lavado.
Casualmente la primera adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), vino de la Mendoza de Alfredo Cornejo. Un proyecto enviado desde el Ejecutivo para ser avalado por la Legislatura provincial, contemplado en el Título VII de la Ley 27.742, no solo «abre la puerta a la llegada de importantes capitales, sino que también establece un marco de certidumbre y estabilidad clave para el desarrollo de sectores estratégicos».
«La sanción de este proyecto es un hito significativo para Mendoza, una provincia con un vasto potencial en áreas como la minería, la energía, y la tecnología, pero que requiere de inversiones sustanciales para explotar estos recursos. Con el RIGI, Mendoza se posiciona como un destino atractivo para grandes proyectos que, sin un entorno fiscal competitivo y seguro, resultarían inviables» señalaban en agosto del año pasado desde el oficialismo mendocino, en pleno auge mileísta.
El gobierno mendocino llevó adelante “cuatro acciones basales” para la planificación minera y energética: el Plan Pilares, la actualización del Código de Procesamiento Minero, el Parque Industrial y de Servicios Pata Mora y la creación del Distrito Minero Malargüe Occidental. Esta planificación estratégica muestra el proceso virtuoso que significa la sinergia entre el sector público y el privado. La realidad es que hasta ahora no hemos visto grandes avances en el sector para la provincia, más allá de los viajes por el mundo del gobernador y sus funcionarios.
Tal como se viene advirtiendo desde distintos sectores políticos, sociales y académicos: sin control estatal, los beneficios a grandes capitales pueden convertirse en herramientas al servicio de economías ilegales gracias al RIGI de Milei.
La pregunta que ronda es si la provincia de Mendoza esta preparada para afrontar a estos gigantes mundiales, será seguro un desafío para los gobernadores futuros puesto que el actual gobernador es un pato rengo, pero si puede prever legislaciones al respecto como así también las cámaras legislativas. Trabajo hay habrá que ver quien quiere hacerlo para no quedar pegado en la narco corrupción y lo que es fundamental, armar a la provincia para lo que viene.
Por Martín Orozco @ojosdvideo
Fuente Mineria.com.ar
