En medio de un debate sobre la intervención estatal en la viticultura, Damián Arabia, diputado nacional y referente clave de Patricia Bullrich en el Congreso Nacional, presentó un proyecto para eliminar las contribuciones obligatorias de los productores al COVIAR, una entidad vinculada a la promoción del sector.
En declaraciones al Diario Perfil, el bullrichista Arabia detalló, “es un aporte obligatorio que no beneficia a todos los productores de manera igualitaria”. Además, explicó que la ley que establece estas contribuciones ha creado una situación de “imposición compulsiva” que aumenta los costos de producción y, en última instancia, los precios para los consumidores.
El bullrichismo entiende el gobierno de Javier Milei está terminando su problema inflacionario y cambiario. Sin embargo, se sabe que aunque se estabilicen los precios, los productos en el país siguen siendo caros. Para solucionar esto, sobre todo en el importantísimo sector de los supermercados, hay que atacar varios frentes, que nada tienen que ver con el tipo de cambio, como sugieren algunos economistas.
Para empezar, hay que permitir el ingreso de la competencia internacional de diversos productos. También, lógicamente, hay que bajar impuestos. Hay que reducir lo que se llama “costos laborales”, pero que en realidad no tienen mucho que ver con el salario de los trabajadores.
También hay que abrirle las puertas del mundo a los productores argentinos, que podrían fabricarse a escala, reduciendo dramáticamente los costos unitarios de los artículos en góndola. Pero, además de todo esto, hay que terminar con todos los quioscos corporativos y coercitivos que se imponen entre las empresas, los consumidores y las relaciones libres y voluntarias establecidas en nuestra Constitución Nacional.
¿Por qué es una contribución obligatoria?
En el pujante y virtuoso sector vitivinícola hay varias regulaciones que necesitan ser derogadas con urgencia. Como, por ejemplo, la obligatoriedad de producir una proporcionalidad de mosto, quieran o no las bodegas. Algunas deben utilizar parte de su producción y otras se resignan a comprar cupos para librarse de esa normativa abusiva y extorsiva que tiene lugar entre Mendoza y San Juan.
Pero si de extorsión en el sector vitivinícola hablamos, sin lugar a dudas, lo que se lleva todos los premios es el absolutamente injustificable COVIAR, la Corporación Vitivinícola Argentina.
Arabia subrayó que, aunque la COVIAR fue establecida como una organización no gubernamental para representar a la industria vitivinícola, la realidad es que todos los productores, sin importar su voluntad, deben hacer un aporte obligatorio. “El derecho de asociación es un derecho constitucional, pero esto no debería ser una obligación. Si algo es beneficioso, los productores deberían poder decidir libremente si se adhieren o no”, sostuvo.
Según el legislador, esta contribución obligatoria no solo aumenta los costos operativos, sino que también afecta la competitividad de los productos argentinos en el mercado internacional. En palabras de Arabia: “Tenemos que ganar competitividad bajando los costos, no a través de devaluaciones que solo generan inflación”.
La controversia sobre los beneficios de la COVIAR
En cuanto a los beneficios que la COVIAR ofrece a los productores, Arabia es claro: “Algunos productores ven beneficios, como una mejor planificación o visibilidad en el mercado internacional, pero muchos otros no reciben ningún valor a cambio”.
Además, asegura que en los últimos días ha recibido numerosos mensajes de productores vitivinícolas agradeciendo por la iniciativa de eliminar esta contribución obligatoria. “Hace años que pago esta contribución y no me da nada, quiero poder decidir si me adhiero o no a la COVIAR”, le dicen los productores.
La falta de transparencia y el rol del Estado
Uno de los puntos más polémicos del debate es la falta de transparencia en la gestión de los fondos recaudados por la COVIAR. Arabia hace hincapié en que las corporaciones privadas como esta tienen bajos niveles de rendición de cuentas, lo que complica la confianza de los productores. “Si es el Estado quien cobra un impuesto, hay normativas claras y controles. Pero en este caso, la COVIAR actúa como una entidad privada que recoge fondos sin la misma transparencia”, señaló el diputado.
Respaldo a la iniciativa
El proyecto de Arabia ha recibido apoyo de varios sectores políticos y productores. Entre los respaldos más notables se encuentran los de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, y más de una decena de diputados nacionales. “Este proyecto no se trata de eliminar la COVIAR como institución, sino de darles a los productores la libertad de decidir si desean formar parte de ella”, explicó Arabia.
En tanto, la vicegobernadora Casado en diálogo con Gabriel Conte en Radio Post señaló «Todo lo que es aporte compulsivo y obligatorio termina siendo a veces kioscos para algunas personas. Si una organización o alguna cuestión sirve, la gente va a aportar voluntariamente. Si no sirve, lo más probable es que no. Si la Coviar tiene la tranquilidad de haber estado haciendo las cosas bien, seguramente los asociados van a seguir aportando voluntariamente a la misma. Y si no dirán ‘no me sirvió de nada ¿por qué me sacan 0,4, 0,5, 0,8 centavos del litro de vino aportando a ningún lado? Prefiero ponerlo donde a mí se le dé la gana o usarlo para invertir o para otra cosa'»
La opinión del Gobierno de Mendoza
El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, en diálogo con Marcelo Arce en MDZ Radio explicó que la Coviar tenía un objetivo claro: «Es un organismo que tiene más de 20 años. Cuando se originó la Coviar había premisas importantes. La primera era mantener la ruralidad del productor primario para aumentar las exportaciones y para aumentar el consumo en el mercado interno. Pero el consumo en el mercado interno y las exportaciones cayeron».
En este sentido, el ministro reconoce que los objetivos que se propuso la Coviar «no se cumplieron», aunque no le adjudica toda la culpa al organismo. «No es culpa de la Coviar. Es culpa de la macroeconomía de los últimos 30 años que tuvo un sesgo absolutamente anti exportador», fundamentó. Por su parte, desde la Coviar se defendieron y afirmaron que hay una «falta de fundamentos» para derogar el organismo.
Próximos pasos legislativos
El proyecto, que fue ingresado en la Cámara de Diputados, deberá pasar por varias comisiones antes de ser tratado en el recinto. “Como siempre, los tiempos del Congreso no son inmediatos, pero es fundamental que esta iniciativa se discuta y se mejore”, concluyó Arabia, quien resaltó que los productores pequeños y medianos son los que más apoyo están brindando a esta propuesta.
