Con el firme objetivo del cornejismo de entregar las tierras de Uspallata a las megamineras, sumado al millonario interés empresario haciendo lobby para el gran negocio y la interesante tajada que se llevaría la patota sindical de la UOCRA, están llevando a cabo una «opereta» mediática para hacer quedar como «violentos» a los vecinos defensores del agua y apuntar a la criminalización de la protesta ambiental.
Mendoza está viviendo una verdadera cacería de ambientalistas, con persecuciones, detenciones y allanamientos, hacia aquellos que quieren frenar la avanzada megaminera en defensa del agua, la Ley 7722, el ambiente y la calidad de vida de los mendocinos.
En ese contexto, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata negó que los detenidos vinculados a la quema del supermercado de Edgardo Vera pertenezcan a la militancia en defensa de la Ley 7722 y contra la minera San Jorge.
Esta confusión proviene de un operativo oficial para intentar instalar que las protestas contra la minería en Uspallata se vincula a episodios de violencia que tienen que ver, en realidad, con una pelea de vieja data entre vecinos.
«Negamos rotundamente que Miguel Pablo Gonzales (alias el Mostro) y Marcelo Daniel Correa Molina, formen parte de esta Asamblea», señalaron este miércoles en un comunicado. Se trata de dos de los detenidos por la quema del negocio.
«Solicitamos a la Justicia, que aporte pruebas tangibles con respecto a su supuesta pertenencia a nuestro espacio, o se retracte con respecto a la presunción de que nuestra Asamblea, es cualquier otra cosa que la expresada en este escrito; ya que, lo contrario como mínimo, puede ser tomado como una acusación informal, y falsa a todas luces, de nuestros principios», indicaron los asambleístas.
«Ambos imputados por los hechos ocurridos el día 24 de enero en la zona de Uspallata, en el marco de un reclamo en contra de la actividad minera, NO PERTENECEN A NUESTRA ASAMBLEA
En el caso de ambos imputados, firman una declaración donde aceptan, sin aportar ninguna prueba, formar parte de una agrupación para la coerción ideológica, y de formar parte de nuestra asamblea; cosa que abre múltiples interpretaciones, entre las cuales se puede presumir el acuerdo para morigerar tanto las penas por los delitos sí cometidos, como para la abreviación de dicho proceso, el cual es irrefutable desde su misma forma de juicio abreviado», agregaron.
Hay otro detenido, el comerciante y vecino de Uspallata Mauricio Cornejo, a quien los fiscales buscan vincular a esta causa, y por quien Uspallata pidió su libertad con una masiva marcha este lunes por la tarde.
Mientras Cornejo era detenido y trasladado a la Ciudad de Mendoza, al mismo tiempo se allanaban las casas de varios asambleístas que participaron en las marchas contra la mina de oro y cobre.
La Fiscalía o acusó junto a otras tres personas que no tienen relación con las asambleas, por la quema parcial de un local de Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores mineros de Uspallata. Pese a los esfuerzos del Gobierno por vincular ese episodio con la protesta antiminera, el propio Vera aclaró en una entrevista que se trata de una vieja rencilla personal y que los responsables «aprovechó el tumulto».
Cabe recordar que rl 10 de enero se presentó formalmente la adaptación del Informe de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge, renombrado como PSJ Cobre Mendocino. El rechazo al proyecto se fundamenta en las consecuencias ambientales, la biodiversidad, y el impacto en las comunidades locales. San Jorge sería el primer proyecto minero de Mendoza en ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), lo que ha incrementado la preocupación de los ciudadanos.
La izquierda denuncia «Cornejo busca establecer un estado de excepción en favor de la minería»
La izquierda mendocina ya viene sufriendo desde hace años esta persecuta policial y judicial por parte del gobierno de Alfredo Cornejo para callar voces opositoras a su régimen. En ese marco, el Partido Obrero, que forma parte del Frente de Izquierda, se expresó en torno a esa avanzada cornejista de criminalizar la protesta ambientalista.
«El día lunes se supo que el activista ambiental Mauricio Cornejo había sido detenido por participar de protestas en el valle de Uspallata en donde se pretende instalar el ex proyecto San Jorge (ahora llamado PSJ Cobre Mendocino). En ese momento Mauricio había defendido a otro manifestante de una golpiza que pretendía darle una patota de la UOCRA», sostienen desde un comunicado.
A lo que agrega «La detención de Mauricio Cornejo es ‘por pertenecer a una agrupación para la cohesión ideológica y por el delito de amenazas coactivas agravadas’ una figura heredada del código penal de la última Dictadura que establece penas de entre 3 y 8 años. De avanzar con esta figura, el cumplimiento de la pena sería de prisión efectiva. Es decir que buscan mandar a las cárceles a quienes defienden el agua de Mendoza para favorecer el negocio de las mineras, multinacionales que no tienen para ofrecer otra cosa que saqueo y contaminación».
Desde el Partido Obrero sostienen «La figura utilizada contra los ambientalistas es una escalada en la política represiva y demuestra las verdaderas intenciones de Alfredo Cornejo. Pretenden ilegalizar a las organizaciones opositoras y acallar todas las voces que no coincidan con la suya. Cornejo ha gastado miles de dólares en viajes al exterior para promocionar la nueva provincia minera y con el ex proyecto San Jorge busca demostrar que puede doblarle el brazo a las organizaciones ambientales. Pero el fantasma del 2019 sigue fresco, donde la población salió a las calles en rechazo de la modificación de la ley 7722 y el entonces gobierno de Rodolfo Suarez tuvo que abandonar sus planes».
«La lucha por la libertad y el desprocesamiento de los compañeros es central en este punto. Como en el 2019, necesitamos construir una gran movilización por la libertad a los compañeros, para frenar la persecución a los luchadores y defender el agua de Mendoza y nuestros bienes comunes. El agua de Mendoza no se negocia. Libertad a Mauricio Cornejo y a todos los detenidos. Abajo la persecución política» cierra el comunicado.
