El encuentro se llevó a cabo al mediodía en la Casa Rosada y fue acordado en la reunión del jueves pasado, donde no se lograron los acuerdos necesarios para lograr el consenso fiscal que impulsa el Gobierno Nacional y que incluye la reforma tributaria, la sanción de la ley de Responsabilidad Fiscal, el desistimiento de los juicios contra el Estado y la solución al diferendo por el Fondo del Conurbano Bonaerense.
De la anterior reunión con Macri participaron los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Juan Urtubey (Salta), Gildo Infrán (Formosa), Hugo Passalacqua (Misiones), Domingo Peppo (Chaco), Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Casas (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán), Juan Schiaretti (Córdoba), Miguel Lifschitz (Santa Fe), Ricardo Colombi (Corrientes), Gustavo Bordet (Entre Ríos), María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Horacio Rodríguez Larreta (CABA), Carlos Verna (La Pampa), Alfredo Cornejo (Mendoza), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Weretilneck (Río Negro), Mariano Arcioni (Chubut) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego). También los vicegobernadores de San Luis, Carlos Ybrhain Ponce, y de Santa Cruz, Pablo González, y el ministro de Economía e Infraestructura de Neuquén, Norberto Bruno.
Cabe señalar que la Reforma Tributaria que presentó el Gobierno tiene como objetivos promover la inversión, la competitividad y el empleo de calidad. Busca avanzar hacia un sistema tributario más equitativo, eficiente y moderno, reducir drásticamente la evasión impositiva, cumplir con las metas fiscales y avanzar hacia un desarrollo sostenido.
Para ello plantea la modificación de los tributos relativos a los aportes y contribuciones de la seguridad social, el Impuesto a las Ganancias corporativas y personales; transferencias de inmuebles y el IVA (Impuesto al Valor Agregado). También sobre los impuestos internos, a los créditos y débitos bancarios e Ingresos Brutos, sellos y la eliminación de las aduanas interiores – previo acuerdo con las provincias – y tributos ambientales a los combustibles que emiten gases de efecto invernadero.
La norma propone además que tanto la reforma tributaria nacional como la provincial se implementen en un plazo que puede ir de uno a los cinco años, de acuerdo con cada modificación específica. La gradualidad otorga previsibilidad a los cambios y asegura la sostenibilidad fiscal de la reforma y sigue los ejemplos de Chile y Uruguay.
Al encabezar la firma del Pacto Fiscal de la Nación con las provincias, Mauricio Macri destacó «el esfuerzo que han hecho los gobernadores» por dejar atrás las «incomodidades» y diferencias, pero les advirtió que el acuerdo «es para cumplirlo».
«Pasaron unas cuantas semanas vertiginosas, pero todos estamos convencidos de estar dando un paso adelante», destacó el jefe de Estado al abrir la reunión con los mandatarios en el Salón Eva Perón.
«Este acuerdo es muy importante y es un paso dentro de esto que hemos llamado reformismo permanente y gradualismo», insistió.
El mandatario remarcó la magnitud del acuerdo y agradeció la buena predisposición de los gobernadores en la negociación.
«Hubo incomodidades porque es difícil que un acuerdo de este tipo, con puntos de partida tan distintos, todos crean que su situación específica está siendo tenida en cuenta en su verdadera dimensión», indicó. Eso sí, advirtió: «Lo que firmamos es para cumplirlo». E instó a los mandatarios a «comunicar la verdad» y cumplir con las metas de «responsabilidad fiscal» para «ir reduciendo el déficit».
En esa línea, Macri se mostró contemplativo con los gobernadores que mostraron una postura férrea hasta el final de la negociación. «Muchas veces aquellos que han hecho las cosas mejor son los que en este tipo de acuerdos tienden a verse bajo la regla de la compensación. Sabiendo eso, valoro mucho más el esfuerzo que han hecho (los gobernadores). Siento que lo hacemos todos convencidos que los argentinos están demandando que sus dirigentes acuerden», consideró.
Al mismo tiempo, Macri calificó como «un gran punto que se levante la litigiosidad en la política». Se refirió al acuerdo para que, a cambio de ún pago en bonos, las provincias desistan de los 56 juicios que mantienen las provincias con Nación, por una cifra global de unos $340 mil millones de pesos, sin contar los 400 mil millones que renunciaría Buenos Aires. «Las cosas las tenemos que arreglar entre aquellos a los que la gente vota», celebró.
Lo que ya estaba acordado:
-Fondo del Conurbano: Se deroga el artículo 104 de Ganancias y Nación pone los fondos para compensar a las provincias.
-Impuesto al cheque: el 100% se destinará a ANSeS. De esta manera se compensará al organismo que conduce Emilio Basavilbaso, que de prosperar el acuerdo dejará de recibir el 20% de lo que se recauda por el impuesto a las Ganancias, tal como lo prevé el artículo 104.
-Rebaja de impuestos distorsivos (Ingresos Brutos y Sellos)
-El compromiso de las provincias de acompañar la ley de Responsabilidad Fiscal que impulsa Nación.
-Se incluirá el financiamiento del déficit de las cajas previsionales no transferidas, un punto que varios gobernadores pusieron como condición para firmar.
-El Gobierno aceptó coparticipar la recaudación del Revalúo Impositivo.
Lo que se acordó hoy:
-Reforma previsional: Macri quiere que los gobernadores apoyen la iniciativa oficial que prevé que la actualización de las jubilaciones sea por inflación. Los mandatarios quieren que se agregue un plus. En Gobierno, antes de la cumbre que encabezará el Presidente, ven «razonable» el planteo. El Gobierno accedió al pedido.
-Juicios: Nación buscaba que las provincias desistieran de los juicios que tenían contra el Gobierno nacional. Eran 56 juicios identificados por distribución de recursos, por una cifra cercana a los $ 340 mil millones, según estiman en el Ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne. Esto sin contar el reclamo de la Provincia de Buenos Aires, por unos $ 400 mil millones y que Vidal ya garantizó desestimar siempre que salga la ley y se le reconozcan los fondos «hacia adelante».
Varios gobernadores, que consideraban que la Corte Suprema de Justicia podía darles la razón, se resistían a firmar. El Gobierno insistió y ofreció un bono en compensación, para saldar en dos cuotas la deuda que reclamaban las provincias. Los gobernadores aceptaron.
Distinta es la situación de Santa Fe y San Luis, que obtuvieron un fallo favorable de la Corte Suprema y que el Ejecutivo deberá resarcir por lo que Nación, desde 2006 y durante la era K, les retuvo en forma inconstitucional: fue el 15% de la coparticipación para financiar a ANSeS y un 2% para la AFIP. Estiman que se trata de 35 mil millones de pesos para Santa Fe y unos $11 mil millones para San Luis.
