Tras el violento lodo entre leprosos, la UOCRA y la interna radical, el pueblo de Uspallata salió a las calles y manifestó pacíficamente al grito «El Agua de Mendoza no se negocia»

Actualidad Mendoza

Tras una jornada de viernes marcada por la violencia entre los barrabravas de la Lepra, las patotas de la UOCRA, la voraz interna partidaria de los radicales lasherinos, el lobby empresario minero y agitadores anarquistas, transformaron el escenario del pequeño y humilde pueblo de Uspallata, en una profunda melaza de intereses por poder y billetes, en medio de la inauguración del local de la Cámara de Proveedores Mineros Uspallata y la avanzada de retomar el proyecto Minero San Jorge, ahora bajo un nuevo maquillaje denominado Proyecto PSJ Cobre Mendocino.

En ese contexto, el día sábado, el verdadero pueblo de Uspallata salió a las calles para confirmar que no hay licencia social para avanzar con estas políticas extactivistas que atentan con la calidad de vida de la región.

«Otra vez patearon el hormiguero. Las hormigas no son violentas. Las hormigas se defienden», manifestó Daniel Funes, histórico asambleísta de San Carlos, otro de los lugares bastión de resistencia contra la megaminería.

Desde Mendoza Capital hubo asambleístas que llegaron en traffic para acompañar el reclamo popular contra la minería y por la creación del área protegida Uspallata-Polvaredas. Entre los que sumaron sus pancartas estuvieron la Asamblea de Las Heras por el Agua Pura, de Guaymallén y la Asamblea Popular.

Finamente unos mil vecinos de Uspallata rechazaron la explotación y extracción de metales metalíferos. Los cánticos y la bronca de algunos vecinos por la tergiversación de los hechos y las operetas mediáticas que el viernes se generaron cuando llegaron 4 colectivos con afiliados del gremio UOCRA que fogonearon insultos, escenas de pugilato y de violencia de todo tipo en la pequeña localidad cordillerana, dejaron en claro que su mensaje ambiental es sin concesiones.

En Mendoza la protección del Agua y de las Montañas es un asunto que ocupa a una gran parte de la población mendocina como quedó demostrado en las masivas movilizaciones en defensa de la ley 7722 que revirtió el intento de su modificación para habilitar el uso de cianuro, acido sulfúrico y sustancias para abrir la puerta a proyectos mineros.

El gobierno y los empresarios mineros no agotan sus intentos pero en la provincia la guardia no se baja: no hay licencia social para la megaminería y por eso este sábado en Uspallata asambleístas movilizaron para decir no al PSJ.

Luego de marchar pacíficamente por las calles con cánticos de fuerte rechazo a la megaminería, los manifestantes confluyeron en la plaza para continuar con arengas y música.

En Uspallata el Proyecto Minero San Jorge para la extracción de cobre se vuelve a intentar implementar. Tras ser frenado hace más de 15 años por las movilizaciones populares, este 10 de enero bajo otro nombre y operado por las empresas Zonda Metals GmBH de Suiza del Grupo Solway y la Argentina Grupo Alberdi volvió a ingresar un Informe de Impacto Ambiental. Las firmas pretenden ser las primeras mineras en ingresar al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto para la extracción por minado de cobre a cielo abierto generará impactos ambientales sobre la tierra, el aire, las aguas superficiales y acuíferas, impactando en la flora y la fauna locales.

La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata señaló «Llevamos 15 años frenando el ingreso de Minera San Jorge. Evidentemente algo bien hemos hecho para que un proyecto foráneo que se nos pretendió imponer oportunamente como verdad absoluta y hecho consumado, no pueda concretarse durante todo este tiempo».

Y agregó «El problema radica en que a pesar de haber estado 15 años en la calle, la minera nunca se fue e insiste en imponer su plan devastador, aun sabiendo que no cuenta con licencia social. Como todas las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, desde que comenzamos con nuestra militancia se nos ha identificado como referentes e infamantes calificados en nuestra materia, así como formadores de pensamiento crítico, en virtud de habernos aferrado en todo momento al conocimiento empírico, con fundamentos técnicos, científicos, legales y jurídicos y pruebas documentales para sostener nuestros argumentos en contra de la megaminería, demistificando su retórica ideológica y sus datos dibujados».

«Por eso, desde nuestra Asamblea seguimos militando la defensa irrestricta de la vida, el agua y el territorio, proponiendo alternativas superadoras, para lo cual hemos presentado formalmente en la Legislatura de Mendoza la iniciativa popular del proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, que actualmente seguimos exigiendo su urgente sanción. Invitamos a todo el pueblo de Mendoza a sumarse a nuestro reclamo, porque no hay matices ni medias tintas bajo el actual contexto de imposiciones oficiales y consignas falsas: La cordillera que rodea Uspallata no se entrega, ¡se protege!» cerraron desde este espacio ambientalista.

El RIGI habilita empresas «fantasmas» y off shore

En 2008 el proyecto minero fue intentado bajo la firma Coro Mining Corp que adquirió el control accionario de Minera San Jorge y presentó un Informe de Impacto Ambiental que quedó frenado por protestas de vecinos. En febrero de 2010 el informe fue aprobado por distintas entidades provinciales y nacional , eso  motivó más reclamos por parte de la población, lo que culminó en una nueva audiencia pública. Finalmente en 2011 gracias a la presión social, la Legislatura rechazó por unanimidad el Informe de Impacto Ambiental. En 2012 la firma volvió a presentar un nuevo proyecto.

En 2015 el grupo Aterra de capitales rusos y Solway Investment Group le compró la totalidad del paquete accionario a Coro Mining. El año pasado la posesión de la titularidad concesionaria de las propiedades mineras de MSJ fue adquirida por Zonda Metals GmBH de Suiza y el Grupo Alberdi de Argentina.

Zonda Metals, inscripta originalmente en Suiza, se constituyó en noviembre del año pasado como sociedad extranjera en Argentina con domicilio legal en Mendoza, acción que fue oficializada a través del Boletín Oficial de la provincia. La inscripción le permite operar en el país como accionista, realizar fusiones, adquirir empresas. La novedad se conoció a días de haber finalizado la Cumbre de Minería Sostenible Mendoza y fue celebrado por el gobernador Alfredo Cornejo.

En la web, no hay página oficial de la firma. Sólo información en el portal https://www.dnb.com/  que recopila información financiera privada de más de 23 millones de empresas en todo el mundo. Allí figura que Zonda Metals comercializa al por mayor de metales y minerales y que su director general es Olga Nikolaeva.

Según investigó la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata detrás de la empresa Zonda Metals seguiría operando Solway. 

“El registro y aparición en cuestión de semanas de una empresa denominada «Zonda Metals» y la desaparición de MSJ de la web de su dueño, el holding Solway, sumado a una intensa campaña publicitaria con comunicados cargados de mensajes ideológicos y datos dibujados sin respaldo documental, están sembrando nuevas dudas sobre este proyecto megaminero. Zonda Metals es una subsidiaria del grupo Solway, asentado en Malta, o sea, una empresa off-shore radicada en paraísos fiscales. El portal business directory  dice que ZM tiene sede en Zug, Suiza y su Directora General es Olga Nicolaeva, nacida en Ucrania, pero con nacionalidad de Luxemburgo (otro paraíso fiscal). El Boletín de Mendoza asienta el registro de ZM el 29/11/2024, todo muy reciente y expeditivo. El portal Business Monitor  da cuenta que Olga Nicolaeva, además es socia accionista de Minera San Jorge y miembro del Directorio de Solway. El portal Offshoreleaks   muestra a Solway en el informe Paradise Papers, que revela maniobras financieras fraudulentas de empresas off-shore radicadas en paraísos fiscales, con vínculos comerciales con otras similares. Sus dueños también aparecen en ese informe.”, informó la Asamblea.

El grupo Solway Investment Group GmBh ha sido denunciada en varias ocasiones por sobornos, corrupción. En Guatemala dos de sus firmas subsidiarias para la extracción de níquel fueron controvertidas y denunciadas por no respetar derechos de comunidades indígenas, contaminar aguas, ocultar informes, por intimidaciones y tráfico de influencias.

Sobre el Informe de Impacto Ambiental, nuevo maquillaje

El proyecto como indica el IIA vuelve a insistir con la extracción de minerales por minado a cielo abierto y su posterior procesamiento para obtener concentrado de cobre con contenidos de oro mediante procesos de trituración, molienda, concentración por flotación, filtración y secado para posterior acopio y despacho a refinerías que lo convertirán en metal.

Operaría en la precordillera mendocina, a una altura aproximada entre los 2.400 y 2.900 m s.n.m. a 97 km en dirección Noroeste de la ciudad de Mendoza, capital provincial y a 37 km de la localidad de Uspallata. El yacimiento es un cerro de unos 120m por encima de la elevación de la zona circundante y  el abastecimiento de agua fresca del PSJ está conformado por el caudal de agua del arroyo El Tigre.

Las concesiones mineras del proyecto alcanzan una superficie total de 9987,5 ha, con una proyección de «vida útil» a 16 años en función de las “reservas probadas y probables del mineral a la fecha.” 

Esquivando la 7722

En 2007 se aprobó en Mendoza la ley 7722 que en su artículo 1 prohibió en función de tutelar el agua: “el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.” En 2019 la Legislatura en un guiño a la megaminería aprobó una modificación que luego de masivas movilizaciones en defensa del agua, el gobernador por entonces, Rodolfo Suárez, tuvo que derogar.

El Informe de Impacto Ambiental argumenta que el PSJ no será alcanzado por la ley haciendo mención al fallo de la Corte Suprema de la Nación que determinó en el caso  “CSJ 916/2018/RH1 Minera San Jorge S.A. c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza s/ acción de inconstitucionalidad” que la indeterminación de ley  de “otras sustancias tóxicas similares” se aparta del principio de legalidad que surge de los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional, y declaró inconstitucional ese punto. El proyecto aclara no utilizará cianuro, ácido sulfúrico ni mercurio por lo tanto no se practicará el procesamiento de mineral por lixiviación y propone como alternativa la flotación que necesitaría otras sustancias que el Informe no especifica.

Fuentes ANRed, Explícito On Line, La izquierda Diario