Punto para Ramón y la gente: La Corte falló a favor por un Ente regulador del Transporte Público para Mendoza

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La Suprema Corte de Justicia resolvió  favor de la ONG Protectora para que la provincia de Mendoza implemente un Ente Regulador del Transporte Público de Pasajeros. La creación de este ente estaba contemplada dentro de la Ley 7.412 que se sancionó en agosto de 2005, pero nunca se implementó. Mientras que la ONG Protectora exigía su creación, desde el gobierno provincial se negaban, asegurando «estar trabajando en una ley nueva», por lo cual «no sería conducente crear el ente hasta que ésta sea sancionada». Ahora «la pelota» pasa al Gobierno de Cornejo, quién serán los que deben implementar la medida.

Desde la Asociación de Defensa del Consumidor Protectora, se venía solicitando desde hace tiempo que se ponga en funcionamiento este Ente, ya que el Gobierno Provincial se negaba a cumplir con la Ley 7.412 que establece su creación, desprotegiendo los intereses de los usuarios. José Ramón afirmaba por entonces  que “ es fundamental que aseguren las frecuencias y que sean hechas en función a los intereses de los usuarios y no a la conveniencia económica de las empresas,  se deben garantizar los sistemas de pago del boleto, para permitir el libre acceso y disponibilidad absoluta en los recorridos del transporte».

«La negativa de dicho Ente «desprotege los intereses de los ciudadanos y usuarios, limita la participación legal en la fiscalización y control, que atenta en el buen funcionamiento del sistema de transporte público», señalaba Ramón. Hoy la Corte dio un fallo a su favor.

 

El detalle del fallo para que la provincia implemente un Ente Regulador del Transporte Público de Pasajeros

La Ley N° 7412 ( B.O 09-09-2005), que tuvo por objeto la Administración, Planificación y Regulación del Transporte Público de Pasajeros en todas sus formas y modalidades y el control de la operación del sistema en el ámbito del territorio de la Provincia y de las competencias que le son propias al Estado Provincial como servicio público esencial para el desarrollo humano y económico, receptó dicho mandato constitucional y, en ese marco, creó el Ente Provincial Regulador del Transporte Público de Pasajeros dotándolo de autarquía institucional y financiera y plena capacidad de actuar en los ámbitos del derecho público y privado (Título II).

La normativa citada previó un amplio abanico de objetivos, atribuciones y facultades en cabeza de dicho ente, entre las que se encuentran -en íntima relación con la pretensión de autos- las atribuciones atinentes a la protección adecuada de los derechos de los usuarios; la propuesta de los cuadros tarifarios de las concesiones de transporte para su aprobación por el Poder Ejecutivo; facultades de asesoramiento al Poder Ejecutivo para la fijación de los valores tarifarios de los servicios de su competencia, realización de auditorías y controles técnicos para determinar el cumplimiento de las tarifas y la razonabilidad de los costos de funcionamiento; la ejecución del control y la regulación de las estaciones terminales de ómnibus.

Asimismo, como obligaciones a cargo del Ente se estableció, entre otras, la de garantizar la continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios de transporte a tarifas justas y razonables, veracidad y acceso a la información necesaria para los usuarios como la participación de éstos en el control y fiscalización del sistema a través del órgano consultivo.
A través de dicha consagración legislativa le fueron conferidos al usuario importantes derechos en consonancia con la normativa constitucional.

*En efecto, a través de la Ley 7412 -reglamentada por el Decreto N° 162, se confirió al usuario- en consonancia con la manda constitucional- el derecho de acceder a tarifas justas y razonables, exigir que la prestación del servicio sea conforme con los niveles de calidad que se especifican en los contratos de concesión y en los actos de otorgamiento de autorización, permiso y licencia, ser informados en forma adecuada y detallada sobre los servicios para ejercer sus derechos, conocer el régimen tarifario aprobado y sus modificaciones en forma previa a su aplicación, como un papel preponderante, no sólo en la participación en las audiencias públicas-fundamentalmente en lo que respecta a la supresión o ampliación de un servicio o modificación del cuadro tarifario-, sino a través de la composición del Órgano Consultivo y en la selección de los inspectores a cargo del Programa Provincial de Inspectores Vecinales, toda vez que en la misma participa el Ente Regulador.

*Atento al tenor de los derechos involucrados, encontrándonos a casi 12 años de la sanción de la Ley N 7412, sin que el Ente Provincial Regulador del Transporte Público de Pasajeros se haya puesto en funcionamiento, habiendo transcurrido en ese período cuatro gestiones de gobierno, hallándose reglamentado gran parte de su articulado y habiéndose autorizado al Poder Ejecutivo en
diferentes leyes de presupuesto a la creación de los cargos necesarios, como también otorgando la posibilidad que se pudiera disponer de los recursos asignados al mismo hasta tanto éste se constituyera, se avizora que la atribución conferida a la Dirección de Vías y Medios de Transporte a través de los arts. 13 y 83 de esa norma como del Decreto N° 1724 a esta altura de los acontecimientos resulta en desmedro de los derechos en juego, a todas luces irrazonable.

*Ello más aún ante la situación de desigualdad que provoca entre los usuarios de los distintos servicios públicos. A modo de ejemplo cabe recordar que los usuarios de los servicios de luz y agua tienen garantidos sus derechos constitucionales al encontrarse constituidos los respectivos entes reguladores, no corriendo con la misma suerte los usuarios del servicio público de transporte, con el agravante que fue el propio legislador quien quiso proteger los derechos de éstos últimos a través de la sanción de la Ley N° 7412 y la consecuente creación de Ente Regulador, siendo la administración la que omite efectuar las diligencias conducentes a esos efectos, todo lo cual posibilita que el Tribunal emita pronunciamiento al respecto en aras a la salvaguarda de derechos consagrados constitucionalmente.

Constatada la mora de la administración en la implementación del ente en cuestión, valorando la importancia que revisten los entes reguladores de los servicios públicos, puntualmente en lo que respecta a su función de contralor, se impone emplazar al Poder Ejecutivo Provincial, para que en el plazo dispuesto en el art. 68 Ley 3918 efectúe las diligencias conducentes a los fines de la puesta en funcionamiento del Ente Provincial Regulador del Transporte Público de Pasajeros creado por Ley N° 7412, bajo apercibimiento de lo establecido en el art. 69 y ccs. de esa norma.