Los golpes no solo son con palos o gases, sino también en el bolsillo en un futuro no tal lejano, las nuevas modificaciones implementada por el gobierno nacional también impacta negativamente en las cajas previsionales, dejando nuevamente al descubierto esta realidad insostenible en una Provincia aislada de la Nación, no solo desde la narrativa, donde pocos miles de individuos podrán acceder a una jubilación digna en un futuro.
La provincia de Mendoza, entre otras tantas cosas, se tiene que ocupar en resolver una problemática con el sector profesional, explicado hasta al cansancio a los legisladores, pero cuando también tenés la mayoría en las cámaras, el expediente seguirá pisado según convengan dicen.
2 años van de un expediente que busca que los profesionales nucleados en la caja previsional pueda puedan trabajar, no solo llegar a fin de mes, tanto los futuros jubilados nucleados en el Centro de Ingenieros, los Profesionales de Higiene y Seguridad, entre otros, hoy cerrando otro año legislativo, buscan una vía legal, para darle solución a una violación de hecho a la constitución nacional, pero tampoco se puede ir a la justica, ni a la subsecretaria, ni a fiscalía de estado, por más que el reclamo sea validó, pedidos por ventanilla única de audiencias, en Mendoza no se escucha, para que se actúe en el marco de la ley, ya que se continúan transgrediendo derechos a sus aportantes, que se ven impedidos de ejercer lícitamente, según reza el Art. 74 Inc A de la Ley 7361, violando derechos individuales.
En Mendoza, la Caja Previsional Técnica, posee alrededor de 7000 aportantes, de los cuales, solo 3400 puede cubrir la CAMO (Cuota anual mínima obligatoria), para el periodo en curso, con un costo de $540.000 pesos, valor que debe abonar el comitente, en una provincia con la tasa de desempleo superior al 55%, con los sueldos más bajo de Cuyo, con la mitad de la ciudadanía pobre, estos valores se encuentran sujeto a la inflación, lo cual se espera que para el año 2025 un valor de la CAMO de alrededor de $1.200.000 de pesos, que hace más inaccesible no solo para el profesional, sino también para la ciudanía.
Los más de 7000 aportantes, entre ellos, agrónomos, arquitectos y otros de diferentes ramas, como los profesionales de Higiene, Seguridad y Ambiente, no pueden cubrir la CAMO/24, por la falta de empleo, con la imposibilidad de ejercer libremente, privando el derecho al trabajo de este sector según reza el art.74 inc A, según reza a las publicaciones de estas instituciones. https://s.itoeste.com/anjQe
El aporte no es voluntario, ya que si no se abona, no pueden ejercer, ya que se bloquea la entrega de certificados para presentar a organismos, generando planes de pagos con tasas de interés impagables, lo cual resulta una trampa más, no solo para los profesionales actuales, a la hora de matricularse, y quienes reniegan a diario, sino también para aquellos que salen al mercado laboral y no piensan a largo plazo, con un dilema entre los monotributistas que no quieren dejar de serlo y los autónomos que quiere salir de ese régimen.
Prevaleciendo que los profesionales del sector de la prevención se encuentran de forma ilegal en el Consejo de Ingenieros, según fiscalía de estado, desde el año 2004.
La falta de interés legislativo, ha generado un vacío institucional que perjudica seriamente a los profesionales que se ve obligado a trabajar por fuera del marco normativo legal vigente, ya que no aplican ellos sus deberes y obligaciones, por acción u omisión y son obligados los profesionales a ejercer de forma involuntaria a trabajar por fuera de ley, siendo punibles de penas severas frente a contingencias, ya sea con su firma en una pericia judicial, o en Libro del servicio, que pone en su futuro en juego ya que están a la deriva, sin una protección legal y con un estado ausente.
La ineficacia de estas instituciones ha impedido que se lleven a cabo las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la Ley, la defensa de los derechos de los profesionales y la calidad de los servicios profesionales, o la regulación de honorarios orientativos mínimos en función de la situación del país, siendo Mendoza la única provincia sin un colegio profesional de Higiene, Seguridad y Ambiente de toda la Argentina.
La falta de control que de horas profesionales dejando por afuera de oportunidades a otros profesionales, o con otra mirada, estos someten a técnicos bajo esta figura para pagar honorarios bajos, destruyendo una carrera tan loable con la de la prevención laboral.
Estas acciones ha fundado diversos perjuicios a los profesionales, generando situación de escollo entre pares desalentando el desarrollo profesional, limitando las oportunidades laborales y la pérdida de ingresos al no poder ejercer su profesión, los profesionales que no pueden matricularse se ven privados de generar ingresos provenientes de su trabajo, esto tiene un impacto significativo en su economía personal, y especialmente si tienen familias a cargo, con las dificultades del caso para encontrar empleo, es tanto el desmanejo, que el profesional tiene muchas más dificultades para encontrar trabajo, incluso si tiene la experiencia y las habilidades necesarias, esto puede obligarlos a aceptar trabajos por debajo de su nivel de cualificación o a cambiar de profesión.
Los daños a la reputación por la inactividad de estos actores, generaron por años dudas sobre la reputación del profesional. La falta de un certificado, sumado a la matrícula ilegal, afecta negativamente la reputación de los profesionales ante la sociedad, ya que son vistos como una señal de falta de compromiso o profesionalismo, lo que dificulta aún más encontrar trabajo o aumentar su cartera de clientes.
El no poder poseer un certificado, sumado a la matrícula ilegal, genera una gran incertidumbre sobre el futuro profesional de los afectados, esta situación no solo les provoca estrés, ansiedad y diversos problemas de salud mental sino también genera malestar entre ellos.
Perjuicios a nivel profesional, imposibilidad de ejercer sin la obtención de la matrícula profesional legal, imposibilidad de ejercer su actividad de manera legal en la provincia o firmar documentos oficiales relacionados con su profesión debido a que durante 22 años se continúan violando derechos y nadie los conoce a fondo más que sector profesional, ya que la desinformación en los grupos de redes sociales, son tales que asustan hasta que los mismos dejan de preguntar por temor a ser mal vistos o acusados, y cuando se publican empleos son descartados.
La falta de oportunidades para los profesionales, dificulta que encuentren trabajo en la provincia, esto conlleva a una fuga de talento, ya que los más cualificados buscan oportunidades en otras regiones o países, para mantenerse actualizados, sin la participación activa en un colegio propio, el profesional se encuentra privado a la falta de acceso a capacitaciones, así como frecuenta dificultades para mantenerse actualizado sobre las últimas novedades y tendencias en su campo.
Privando por inoperancia a convenios con provincias colindantes que poseen colegios profesionales para nivelar a los profesionales de forma deontológica, realizando alianza para visitar diferentes ámbitos laborales, como el caso minero en San Juan o Petrolero en Neuquén, San Luis u otros que enaltezca la camaradería entre pares, con un fuerte debilitamiento de la colaboración entre sectores profesionales colindantes, donde se podrían generar acciones vinculadas en la baja de las tasas de accidentes o muertes anuales, con el compromiso de nivelar a Cuyo en materia de prevención.
Deterioro de la calidad de los servicios, falta de formación y actualización de los profesionales que resulta por demás nocivo en la competitividad, venido en detrimento de las empresas por asesoramientos indebidos, por ejemplo: a la hora de calcular una red fija contra incendio o capacitar en temas que no sirven a la empresa, generando dificultades para las ellas, al no poder controlar el acceso a la profesión.
La pérdida de competitividad, si la provincia no cuenta con un sector fuerte y profesional, pierde competitividad frente a otras provincias en la contratación de mano de obra local, generando daño con esta desorganización y falta de profesionalismo en el sector. Esto podría tener un impacto negativo en la capacidad para atraer a futuras potenciales empresas.
Es validado destacar los precedentes de estas acciones en otras provincias, en donde el máximo Tribunal se refiere a «la facultad atribuida al Congreso Nacional para dictar normas generales relativas a las profesiones cuyo ejercicio es consecuencia de los títulos habilitantes otorgados por las universidades nacionales por el arto 67, inc. 16 (actual 75, inc, 18) de la CN»; facultad que advierte «no es exclusiva ni excluyente de las potestades de reglamentación y locales, en tanto no enerven el valor del título».
La enumeración que antecede es enunciativa, como otras tantas que resultaron en años de desmedro del sector, por lo cual, en valía de los fundamentos expresados, solicitamos a ustedes no una Ley ideal, sino una ley que permita el libre ejercicio profesional.
