Diputados nacionales de la UCR encabezados por Julio Cobos, presentaron un proyecto de ley por el cual propone una prórroga por cinco años en la aplicación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) sobre el aporte nacional al salario de los maestros provinciales.
Antes del comienzo de las clases en todo el país, uno de los primeros recortes que el Gobierno Nacional confirmó hacia las provincias fue en materia de educación: el Ejecutivo nacional decidió no extender el Fondo de Incentivo Docente, creado hace 25 años.
Si bien las leyes que lo contemplan, la 25.053 de 1999 y la 26.075 de Financiamiento Educativo (2006) se encuentran vigentes, el plazo de aplicación de dicho Fondo está vencido desde el 1ro. de enero de este año.
«El Fonid es indispensable en este contexto de emergencia económica que el propio Ejecutivo Nacional declaró como fundamento de decretos», afirmó el exvicepresidente Cobos en los fundamentos de la iniciativa.
El mendocino puso de relieve que «el presupuesto 2023 prorrogado para este año por decreto del Ejecutivo Nacional contiene las partidas necesarias para el FONID», señalando que «sin embargo, a la fecha no se han transferido las mismas a las provincias, ni se ha dictado la decisión administrativa modificando las partidas».
«La eliminación sin previo aviso genera un importante desfinanciamiento de las arcas provinciales, más aún en este contexto grave que vivimos», cerró.
En ese marco y ante la intempestiva decisión del Ejecutivo Nacional de no girar esos fondos, provincias y gremios docentes ya prevén el no inicio del ciclo lectivo en numerosas jurisdicciones, cuyos gobiernos se ven imposibilitados de hacer frente a las erogaciones salariales correspondientes al FONID.
Más proyectos para reactivar el FONID
El proyecto de los diputados radicales está en sintonía con iniciativas similares presentadas por la izquierda y el peronismo, como consecuencia de la decisión de Javier Milei de no extender el Fondo de Incentivo Docente, creado en 1999 en el marco del reclamo docente que incluyó la instalación de la ‘Carpa Blanca’ frente al Congreso.
Desde el Senado, el interbloque de UP también presentó un proyecto de ley que buscar extender la vigencia del FONID, en este caso por 2 años. “En Mendoza el incentivo alcanza a 40.000 maestros y significa $28.700 en el bolsillo de cada docente. Es entre el 8% y el 13% del sueldo de nuestros educadores”, resaltó la senadora Anabel Fernández Sagasti con un ejemplo sobre lo que representa para su provincia.
Desde el Frente de Izquierda, la diputada Romina Del Plá presentó una iniciativa que directamente pide reestablecer “en forma permanente la vigencia” del FONID. Además, el texto propone que “los montos correspondientes al FONID pasarán a ser remunerativos y bonificables” y se deberá retribuir “las diferencias existentes entre el carácter remunerativo que el FONID tiene y el pago efectivo como suma fija que, arbitrariamente y en perjuicio de los docentes, viene liquidando el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales”.
Mediante un proyecto de comunicación, la senadora de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva, reclamó al Gobierno nacional la “urgencia” en sostener el FONID y advirtió que “la falta de recursos de este Fondo implica una disminución salarial significativa en un contexto de alta inflación y pone en riesgo el inicio de clases y, en general, la sostenibilidad del sistema educativo”.
En ese sentido, explicó que en su provincia “afecta seriamente a más de 23 mil educadores”. Y le recordó al Ejecutivo nacional que la Ley Provincial 4.819 establece que “la educación constituye un derecho social y un bien público que obliga al Estado Provincial con la concurrencia del Estado Nacional a garantizar su ejercicio a todos los habitantes de su territorio”.
El Fondo Nacional de Incentivo Docente nació producto del reclamo registrado hacia fines de los ’90, durante el menemismo, que docentes protagonizaron con la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso.
Desde ese entonces a la actualidad, el FONID tuvo como objetivo el aporte nacional al salario docente provincial, de modo de eliminar brechas entre las jurisdicciones, donde los recursos que se recibían por este concepto representaban entre un 10% y 20% del sueldo docente.
La Ley 25.053 creó el FONID a partir del 1ro. de enero de 1999, con una vigencia de 5 años, hasta el 31 diciembre del 2003, y para su financiamiento el Congreso creó un impuesto que gravaría con el 1% anual a las transferencias de automotores, aviones y embarcaciones.
Como se sabe, con el argumento de que “no hay plata” y como “venganza” por la oposición de algunos gobernadores a ciertos tramos de la Ley Ómnibus, la gestión libertaria decidió desfinanciar a las provincias para generar un conflicto que tendrá como rehenes a los estudiantes y sus familias.
