El 70 por ciento de las provincias de Argentina manejan gastos reservados o algún otro tipo de fondo sin control, un contexto que puede propiciar eventuales casos de corrupción y manejo discrecional de dineros públicos.
La información surge de un relevamiento realizado por la red de periodistas que Ruido tiene en todo el país. Dicha investigación detectó que 17 de las 23 provincias argentinas más CABA aún manejan algún tipo de esos fondos sin control.
Los gastos reservados son aquellas erogaciones de las administraciones públicas que, por razones de confidencialidad, permanecen ocultos al escrutinio público. Se trata, por lo general, de fondos que se utilizan para seguridad o para investigaciones policiales.
También existen otras partidas presupuestarias que, con otros nombres y por distintas razones, no se rinden con los mismos mecanismos que establecen los Tribunales de Cuentas provinciales para el resto de los gastos.
Los principales hallazgos del informe de Ruido:
- El 70% de los gobiernos provinciales manejan gastos reservados o algún otro tipo de fondo sin control total de los tribunales de Cuentas.
- Los «gastos reservados» aún figuran en 11 provincias argentinas.
- En 10 provincias existen además otros tipos de fondos que no rinden cuentas: figuras jurídicas como «fiduciarias», «agencias» o sociedades con participación estatal mayoritaria que a lo sumo presentan balances generales, pero no efectúan rendiciones de sus gastos a través de los mecanismos reglamentados para el resto de la administración pública.
- Algunas provincias usan estas empresas para distribuir -y ocultar- el detalle de la pauta oficial.
- Sólo 5 provincias respondieron el pedido de acceso a la formación de RUIDO.
- La Nación, si bien inició un protocolo de reducción de gastos reservados, aún dispone de ellos. Sólo Presidencia de la Nación tiene un fondo de $ 650 millones presupuestado para 2023, en ese ítem.
- Esta falta de controles es un factor que propicia casos de corrupción y manejo discrecional de dineros públicos.
El mapa de los fondos reservados en Argentina
La figura de “Gastos reservados” propiamente dicha aún persiste en 11 provincias (45% del total), mientras que 10 (41%) tienen otros montos presupuestarios o agencias o sociedades estatales con fondos que no se rinden ante los Tribunales de Cuentas locales con los mismos mecanismos de control que otras partidas. Algunos distritos cuentan con ambas figuras.
Fiduciarias, agencias y «Sapem», una estrategia para esquivar controles
En muchas de las provincias existen organismos descentralizados que no efectúan rendiciones de gastos de la misma manera que el resto. Adquieren la forma de “fondos fiduciarios” (Chaco), “agencias” (Córdoba) o “Sapem” (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, como en San Luis o Tierra del Fuego) que, en la práctica, o tienen socios privados en porcentajes exiguos, o bien carecen de ellos.
Son entes que manejan gran parte de los presupuestos provinciales y que, a diferencia de los ministerios, sólo presentan balances y libros generales, pero no las rendiciones al nivel de detalle que exigen los tribunales de cuentas para toda la administración pública.
En los casos de San Luis y Salta, por ejemplo, distribuyen incluso la pauta oficial, sin que se puedan conocer destinatarios y montos.
¿Cuál es la situación en la provincia de Mendoza?
En Mendoza los gastos reservados figuran en el Presupuesto Provincial. Son $48 millones en total que corresponden al Ministerio de Seguridad.
En las planillas detalladas, los gastos reservados figuran bajo el nombre “erogaciones sin discriminar-erogaciones reservadas” en el apartado de Rentas Generales del Ministerio de Seguridad. La cifra se duplicó con respecto a la partida del año pasado.
Los gastos reservados del Ministerio de Seguridad son aprobados por la Legislatura cuando se aprueba el Presupuesto. De todas formas, la ley 9.292 en el artículo 23 detalla la rendición de los gastos reservados. “En caso de que el Poder Ejecutivo estuviese o fuese autorizado a realizar gastos de carácter secreto o reservado, deberá remitir directamente al Presidente del Tribunal, para su examen y aprobación, la rendición de cuentas pertinente”, dice la letra de la norma.
La rendición de los gastos reservados no se hace presentando facturas y tickets, sino que el Ministerio envía planillas de ejecuciones presupuestarias con un detalle de los gastos.
En Mendoza, por ley todas las reparticiones públicas rinden informes de gastos ante el Tribunal de Cuentas. La ley 9.292 en el artículo 182 establece que “todos los poderes públicos, las municipalidades y cuantos empleados y personas administren caudales de la Provincia u otras corporaciones, estarán obligados a remitir anualmente las cuentas documentadas de los dineros que hubieran invertido o percibido, para su aprobación o desaprobación”.
El Gobierno nacional, con $ 650 millones de gastos reservados
La Nación también mantiene aún gastos reservados. Al comienzo de su administración, el presidente Alberto Fernández impulsó un nuevo protocolo para transparentar esos fondos, que en casos como los de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) eran casi el total del presupuesto.
Según la AFI, ya en enero de 2020, del 100% del presupuesto ejecutado ($ 125.146.235), el 95% ($119.875.962.75) revistió carácter “público”.
Eso fue así debido a la aplicación del decreto 52/2019, dictado por el Presidente apenas asumió.
Antes de esa fecha, la relación era inversa: casi la totalidad de los gastos eran de carácter secreto.
Actualmente, los gastos reservados representarían sólo el 9% del presupuesto de este organismo.
Ruido relevó en el presupuesto nacional 2023 las siguientes partidas de gastos reservados:
- Ministerio de Seguridad: $ 64.300.000.
- Presidencia: $ 650.000.000.
- Ministerio de Defensa: Hay seis ítems con $ 29.781.037, $ 7.602.896, $ 13.734.527, $ 4.352.750, $ 3.933.022 y $ 156.842.
- Poder Legislativo: $ 650.000.000.
La advertencia de los expertos: «Deben someterse a los máximos controles»
«Se debe partir de la premisa que la existencia de gastos reservados es, de por sí, contraria al sistema de gobierno adoptado por nuestra Constitución Nacional. El sistema representativo y republicano implica ciertas garantías a la sociedad, no sólo en cuanto a la adecuada administración de los recursos públicos, sino sobre la obligación por parte de las autoridades de establecer los más eficientes mecanismos de rendición de cuentas», señala Germán Emanuele, consultor experto en gobernanza, integridad y sustentabilidad; y exdirector de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la fundación Poder Ciudadano.
Agrega que los gastos reservados debieran estar afectados «a cuestiones específicas, ser sometidos a los máximos controles por parte de los órganos de auditoría (tanto internas como externas) y cumplir con las garantías consagradas en las normas de acceso a la información pública, en lo que respecta a su difusión y rendición de cuentas».
Al mismo tiempo, Emanuele afirma que los gobiernos «deben generar las condiciones para que la sociedad pueda conocer el origen y destino de los fondos reservados. Los principios y garantías en materia de acceso a la información pública exigen ciertas condiciones para que esos fondos se encuentren, igualmente, disponibles para el control por parte de la comunidad, ya sea mediante el sistema de tachas, a través de mecanismos de información que no pongan en riesgo cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, y siempre bajo el estricto control de daños y de interés público que se debe hacer en términos de si su divulgación pesa más que la necesidad de su reserva».
Fuente periodística ElRuido.org
