Un gobierno responsable y serio que se considera transparente, que no tiene debajo de la alfombra ningún manejo turbio de los fondos públicos, debe garantizar las herramientas políticas necesarias y accesibles para demostrarlo. Uno de ellos es tener un ente contralor, si es posible de la oposición o de otro color político, que arbitre con responsabilidad y compromiso el buen accionar de la cosa pública.
Las dudas se generan cuando conviven la complicidad de gestores de lo público y los reguladores garantistas del mismo color político, que en vez de arbitrar se colocan en el rol de socios, abriendo la puerta a guiños de posibles curros, despilfarros del dinero público y negociados con los amigos.
En Mendoza lo podemos observar claramente en la crítica situación de la Obra Social OSEP, donde no hay acceso a la información pública, ni auditorías sobre cómo se regula la administración de los fondos públicos, la justificación de los sueldos de los funcionarios, la posible sobrefacturación de medicamentos, atención médica, prótesis y servicios. Ningún afiliado tiene acceso a esa información, lo cual insinúa una cierta turbidez del gobierno de Rodolfo Suarez que no puede disimular.
¿Pasa lo mismo en la Sociedad de Transporte Mendoza (STM) cuyo secretario de Servicios Públicos es el socio de Alfredo Cornejo, Natalio Mema? Analicemos…
La disputa electoral en Mendoza llegó a niveles del Poder Ejecutivo, particularmente a los puestos de algunos funcionarios que pertenecen al espacio de Omar De Marchi -hoy en La Unión Mendocina y enfrentado al oficialismo-, y que supo estar en los últimos 7 años en el frente Cambia Mendoza.
Un caso fue el de uno de los directores del IPV, Jaime Grimalt. La otra persona desvinculada es la contadora Marcela Gazali, de gran experiencia en la actividad pública y privada, que pertenecía a la Sociedad de Transporte Mendoza (STM) en el cargo de síndico y que también el Gobierno el pasado 25 de mayo resolvió su desvinculación.
Desde el gobierno provincial expresaron que Gazali “decidió ser precandidata de un frente opositor junto a De Marchi”, lo cual deja en claro que la eyección de su trabajo tiene que ver solo «por cuestiones políticas» y no por su seriedad profesional en su rol de controlar irregularidades en la gestión estatal del STM.
En una asamblea realizada el 22 de mayo se analizó y decidió la salida de Marcela Gazali como miembro titular de la Comisión Fiscalizadora de la STM, por “expresas y precisas instrucciones” del gobernador Rodolfo Suarez y del secretario de Servicios Públicos, el abogado Natalio Mema.
La misma Gazali relató que le solicitaron desde el Ejecutivo provincial que presente la renuncia. No obstante, ella se negó rotundamente por considerarse apta para el cargo a la que se le había designado y se plantó: «Que me echen!», sostuvo con firmeza la contadora según cuentan allegados.
No obstante el juego sucio del gobierno de Suarez-Cornejo quedó expresado en el mismo Boletín Oficial del 15 de junio donde se dejó por sentado que “se ha procedido a la designación de nueva autoridad, debido a la renuncia de sus respectivas funciones presentada” por Gazali. En su lugar, asumió Nuria Fernanda Olivera, una joven abogada, de General Alvear, que viene trabajando desde hace años con el senador Pablo Priore, del mismo palo político de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez.
Por ello, el 26 de junio Gazali decidió denunciar penalmente a todo el directorio de la STM por presunta falsedad ideológica. La presentación se realizó el 17 de junio en la Oficina Fiscal N° 13.
Entretanto, decidió protegerse a través de un tuit: «Debido a la denuncia que he efectuado, la cual es de público conocimiento, con motivo del manejo de la STM SAUPE, en caso de padecer algún tipo de ataque violento hago como únicos responsables a las personas denunciadas y su entorno del gobierno provincial».
Gazali detalló en su presentación judicial que se enteró de su despido a través de un escrito en donde el directorio, por decisión unánime, decidió desvincularla de la STM. Por esta razón, la contadora considera que las autoridades de la empresa incurrieron en declaraciones falsas por comunicar, a través del Boletín Oficial, que había renunciado.
Para el delito de falsedad ideológica, el artículo 293 del Código Penal de la Nación establece: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio“, mientras que si se tratara de un documento certificado la pena ascendería a entre 3 y 8 años de prisión.
Desde el Gobierno argumentaron que “Gazali decidió dejar de ser parte de la gestión para formar parte de una nueva agrupación política opositora al Gobierno“. Y agregaron: “Lo mínimo que buscamos en la gestión es que tengamos una mirada en común en valores y formas de gestionar, es por eso que se la reemplazó“.
Frente al retruque legal de Marcela Gazali, denunciando en contra del directorio de la STM por presunta falsedad ideológica… el gobierno de Rodolfo Suarez «se le chispoteó» y tuvo que recular, aceptando que fue «un error involuntario» lo publicado en el Boletín Oficial ¿Alguien mal intencionado pensó en una opereta?
“Que habiéndose advertido un error material involuntario en la publicación edictal del Boletín Oficial N° 31885 de fecha 15/06/23, se informa que la misma es errónea, y en consecuencia se procede a rectificar la misma…”, señala el edicto a modo de “fe de erratas” publicada este martes en el Boletín Oficial.
A través de las redes el diputado nacional Álvaro Martínez cargó contra el gobierno de Rodolfo Suarez por la decisión de apartar de sus cargos a dos funcionarios identificados con el lujanino Omar De Marchi. «Acá sos sumiso o rebelde, doméstico o te vas. Se creen los dueños del patrimonio mendocino», disparó Martínez y señaló que es tal «la impunidad que confunden lo público con lo privado».
Según expresó, ha existido violencia de género y presiones políticas sobre Gazali para que dejara su cargo. La violencia de género y política que han ejercido sobre Marcela Gazali es intolerable», manifestó y remarcó que su rol era muy importante dentro de la STM.
Si no hay nada que esconder, estos actos hablan muy mal de la transparencia de la administración pública de la gestión de Rodolfo Suarez: las operetas mediáticas; el apriete político para que una persona encargada de fiscalizar, y que hoy no es del mismo color político, renuncie por presiones meramente electoralistas; manchar la responsabilidad republicana de un Boletín Oficial para publicar mentiras con total impunidad ¿Serán un anticipo al gobierno feudo que propone Cornejo?
