«En la provincia de Mendoza, los consumidores se encuentran desprotegidos ante las prácticas abusivas de empresas y comercios que incumplen las normativas destinadas a protegerlos. A pesar de contar con leyes y regulaciones que obligan al gobierno a intervenir preventivamente, fiscalizando y sancionando a los infractores, la Dirección de Defensa del Consumidor no cumple con su verdadera misión.»
Es la Constitución Nacional en su art 42 y 43, el nuevo código civil, la ley de defensa del consumidor nacional y provincial, defensa de la competencia y lealtad comercial que le dan las facultades y obligación al gobierno de Mendoza de intervenir preventivamente, fiscalizando y sancionando a las empresas y comercios que incumplen estás normas, sobre todo cuando causan daños colectivos reiterados de los que obtienen ganancias artificiales e ilícitas, basadas en la dificultad que tienen los individuos de iniciar pequeños reclamos o mantenerlos vivos en el tiempo.
Algunos ejemplos de la falta de intervención de la Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza
- Autoplanes: las concesionarias de automotores utilizan publicidad engañosa y cláusulas complejas para atrapar a los clientes en un sistema que dura siete años, con valores enormes en las cuotas. A pesar de que miles de personas han sido afectadas, la Dirección de Defensa del Consumidor no ha intervenido.
- Universidades privadas: algunos establecimientos educativos de gestión privada ofrecen carreras con un valor cuota y un determinado nivel de servicio educativo, pero van agregando mayores costos para rendir y cursar. Esto obliga a los estudiantes a pagar más o abandonar los estudios. Aunque los estudiantes han denunciado esta práctica, la Dirección de Defensa del Consumidor no ha controlado la situación.
- Supercanal y DirecTV: estas empresas y otras prestadores de servicios como telefonía e internet impiden que los suscriptores den de baja el servicio, incumpliendo la Resolución 316/2018 que exige un botón de baja en sus sitios web. La falta de control de la Dirección de Defensa del Consumidor permite que estas empresas obtengan ganancias millonarias.
- AySam, Ecogas, Edemsa: las prestadoras de servicios públicos domiciliarios interrumpen el servicio de manera permanente, presentan facturas con errores e incluso maltratan a los usuarios. A pesar de que la Dirección de Defensa del Consumidor tiene la obligación de intervenir, se niega a hacerlo.
- OSEP, Obras Sociales y Prepagas: los aumentos ilegales de cuotas, coseguros, copagos, falta de prestaciones, inclumplimientos de cartillas, son reiterados por algunas de estas instituciones, y no resueltos por la Dirección de Defensa del Consumidor, obligando los usuarios ha recurrir a la costosa vía judicial.
- Supermercados: la falta de controles para los programas nacionales de precios cuidados, justos, las diferencias de precios de gondolas y caja, publicidad engañosa de ofertas y medios de pagos no se controlan por la Dirección de Defensa del Consumidor cuando es tan importante en la economía familiar
- Inquilinos: algunos corredores inmobiliarios cobran cargos extras, comisiones y violan la Ley de Defensa del Consumidor con contratos de menos de tres años, pagos en dólares, obligaciones de entregar la vivienda como nueva, depósitos desvalorizados y garantes. La Dirección de Defensa del Consumidor no solo no atiende a los inquilinos, sino que los deriva al Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios.
Proponemos un gobierno que de protección económica a los consumidores. Creemos que en estos momentos de grave crisis económica, cuidar el bolsillo de los consumidores debe ser una prioridad para el gobernante. La única forma que la Dirección de Defensa del Consumidor funcione correctamente y cumpla sus funciones es que los cargos de sus funcionarios sean por concurso y con estabilidad.
Se debe controlar la eficiencia del gasto en el presupuesto asignado a la Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza para mejorar su capacidad de fiscalizar y sancionar a las empresas y comercios que violan las leyes y regulaciones destinadas a proteger a los consumidores. Además, que se destinen las multas para programas de capacitación y educación para consumidores, con el fin de mejorar la comprensión de los derechos y responsabilidades de los consumidores.
En la Legislatura logramos la aprobación de Ley para la creación del “Libro de quejas digital”
En la legislatura conseguimos que diputados la aprobación del Proyecto de Ley para la creación del “Libro de quejas digital”, que todavía no logramos que el gobierno avance en la instrumentación del mismo dado los muchos beneficios como: La accesibilidad y la experiencia del usuario al no tener que confrontar con el encargado del comercio, y tampoco gastar dinero en mandar cartas documentos para su reclamo.
Centraliza en un solo lugar la información de las quejas sobre los comercios alcanzados, a la vez que permite que las partes (consumidor, proveedor y dirección de defensa del consumidor) conozcan las quejas sobre el servicio/producto que contratan y/o brindan, y crear una base o reporte de calificación de comercios y ayuda a la graduación de las multas.
En el ámbito de la gestión, da mayor inmediatez debido a que, ante la infracción por el proveedor, la autoridad acceda a la información, constate la misma y aplique las sanciones correspondientes, de manera rápida y expedita.
Genera menos desgaste en la Dirección quien no debería inspeccionar cada libro de quejas, sino que la información estaría unificada en la plataforma digital, se evitarían las notificaciones papel para el proveedor efectúe su descargo, ya que no haría falta por estar todo en el historial de la plataforma, solo quedaría citar a las partes a intentar una conciliación que se verían ampliamente reducidos los plazos para la resolución de un reclamo administrativo, evitando la judicialización del mismo.
Propuestas de Triple Impacto para la Defensa del Consumidor:
La situación de desprotección de los consumidores en la provincia de Mendoza es preocupante. La falta de intervención de la Dirección de Defensa del Consumidor ha permitido que empresas y comercios cometan abusos y vulneren los derechos de los consumidores sin ser sancionados.
La propuesta triple impacto del Partido Verde para mejorar la situación es que los cargos de los funcionarios de la Dirección de Defensa del Consumidor sean por concurso y con estabilidad, que se controle la eficiencia del gasto en el presupuesto asignado para mejorar su capacidad de fiscalización y sanción, que se destinen las multas para programas de capacitación y educación para consumidores y que se implemente el «Libro de quejas digital» para facilitar el acceso de los consumidores a la presentación de sus quejas y reclamos. La protección económica de los consumidores debe ser una prioridad para el gobierno, y es necesario cumplir con las leyes y regulaciones destinadas a protegerlos.
Una mejor defensa del consumidor mejora la competencia y la lealtad comercial generando un mercado más eficiente con mayor resguardo e inclusión social. Una defensa del consumidor mejora la economía sustentable que es la base de la protección al medio ambiente.
* Mario Vadillo, Diputado Provincial de Mendoza mandato cumplido, actual Presidente del Partido Verde y candidato a Gobernador.