Diputados y Senadores del peronismo y Protectora solicitaron una medida cautelar de no innovar ante el avasallamiento institucional que significa la intensión del Ejecutivo de tomar deuda sin aval legislativo. Los argumentos.
Conjuntamente con la inconstitucionalidad, diputados y senadores también pidieron una medida cautelar de no innovar al máximo tribunal de justicia para que este impida que el Gobierno de Mendoza realice lo que, entienden, es un avasallamiento sobre las instituciones democráticas. Aseguran que el Ejecutivo realiza una interpretación maliciosa del artículo 68 de la Ley 8076 de Administración Financiera, buscando saltarse la autorización legislativa prevista constitucionalmente.
En la conferencia de prensa realizada este miércoles, en primer lugar Lucas Ilardo, presidente del bloque de senadores del Frente de Todos,, destacó: «El gobernador ha decidido violar la Constitución a costa de lo dictaminado por el Fiscal de Estado, la asesoría de Gobierno, el Contador General de la provincia y el propio informe jurídico del ministerio de Hacienda. Todos le han advertido al gobernador que lo que está haciendo con la deuda no es legal. El gobernador decidió no hacerle caso a ningún organismo, por primera vez en la historia de Mendoza, por la impunidad que tiene».
Por su parte Germán Gómez, titular del principal bloque opositor en Diputados, opinó: «Toda voluntad de endeudarse debe pasar por la Legislatura. El artículo 68 de la ley de Administración financiera no le da respaldo para atropellar a la Constitución de Mendoza».
«El gobernador directamente no envió el tratamiento del Roll Over a la Legislatura. Las arcas de la provincia no están en crísis, pero en pleno año electoral el Gobierno de Mendoza quiere volver a endeurse», añadió el diputado José Luis Ramón, de Protectora.
«Se confunde, de manera totalmente intencionada, el verbo “refinanciar” con el verbo “emitir” nueva deuda pública, ya que no se modifican de ninguna manera las condiciones del endeudamiento “refinanciado” con el acreedor. Es decir que, el decreto, con la intención de justificar lo injustificable, recurre al engaño terminológico para evitar la autorización de la Legislatura Provincial, prevista Constitucionalmente», puede leerse en la demanda presentada ante la corte con la firma de todos los legisladores del peronismo y Protectora.
Además, diputados y senadores le recuerdan a la Corte Suprema que el presupuesto para la provincia del año 2023 ya se trató y aprobó en la Legislatura y en él no se realizó el pedido de Roll Over, en lo que entienden demuestra la clara intensión del gobernador de tomar nueva deuda sin control republicano. «Recurren a un atajo inconstitucional para obtener mediante una imposición lo que no lograron mediante el consenso», concluyen.
