Realmente no fue una gran sorpresa el resultado. El presidente Alberto Fernández dictó este jueves el laudo arbitral solicitado por la provincia de Mendoza por la controversia surgida en el seno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) y ratificó la necesidad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental Regional e Integral sobre toda la cuenca del Río Colorado como condición para aprobar la construcción de la obra «Portezuelo del Viento».
Ni la «lucha tibia» del gobernador Rodolfo Suarez, ni Coldplay (la excusa de Rody para viajar a Buenos Aires con su hija y pelear un poquito por la Obra del Siglo mediante una presentación de un papelito) hicieron posible que la decisión jugara en contra de Mendoza.
El punto de vista de Alberto Fernández, que ratifica la necesidad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental Regional e Integral sobre toda la cuenca del Río Colorado como condición para aprobar la construcción de la obra «Portezuelo del Viento», no dista con lo dispuesto por el laudo arbitral anterior dictado el 16 de enero de 2018 por el ex presidente Mauricio Macri.
Incluso, el mismo Rodolfo Suarez mantuvo una tibia lucha por defender Portezuelo del Viento y siempre sugirió alternativas de utilizar el dinero
(unos USD 1.023.362.922) para hacer otras obras. Aún sin laudo por Portezuelo, en agosto Suarez abría el juego a nuevas «alternativas» vía redes sociales, la decisión de «avanzar y buscar alternativas que agilicen la disposición de los recursos para la realización de otra obra hidroeléctrica mientras se resuelve Portezuelo, y así generar un impacto positivo en la economía, que incentiven el desarrollo y el empleo local».
Además, el presidente Alberto Fernández instruyó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas, a colaborar con el COIRCO en la elaboración de los procedimientos técnico administrativos necesarios y de los términos de referencia para la realización del Estudio de Impacto Ambiental, los cuales deberán llevarse a cabo en un plazo de 60 días.
Cabe recordar que Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y La Pampa, cuatro de las cinco provincias que integran COIRCO junto con Mendoza, solicitaron durante la reunión del Consejo de Gobierno del Comité la realización de dicho estudio ambiental integral para aprobar la obra.
Sin dudas, el laudo en contra de Mendoza representa un prematuro y tremendo baldazo frio de Carnaval del «compañero» Alberto Fernandez a la «compañera» Anabel Fernandez Sagasti y las ambiciones políticas del peronismo en las tierras del sol y el buen vino.
Una vez más, la torpeza del Gobierno Nacional hicieron tomar la decisión prematuramente, antes de las elecciones, para regalarle a Cambia Mendoza fuertes argumentos de consolidación, sobre todo en el sur, y darle letra a las excusas de «El Gobierno Nacional juega en contra de los mendocinos», dejando al peronismo humillado con los calzones bajos y dispuesto al cachetazo electoral.
La torpeza del mismo peronismo hace que cada vez tenga menor poder en Mendoza. Un regalo que el radicalismo aprovecha y se divierte.
