Obvio, es más importante repartir «activamente» el dinero de todos los mendocinos a los empresarios amigos que pensar en el bien público y sostener establecimientos educativos en la Mendoza profunda.
El capitalino ex intendente y hoy devenido en gobernador, Rodolfo Suarez, siempre tuvo una mirada «capital» en el manejo de la provincia, entonces siempre entendió que los mendocinos que viven en «el interior» tienen que viajar diariamente a capital a estudiar o trabajar y no que el Estado esté invirtiendo fuera de las fronteras del Nudo Vial.
A esto se suma que para Rody la educación pública es un verdadero gasto para las arcas provinciales y alienta la formación en establecimientos privados de sus amigos directores. Por eso la noticia no es sorpresa y entra en este «Modelo Mendoza» de austeridad y recorte en las áreas de educación y salud pública.
Tal como ocurre cada diciembre desde 2019, la Dirección General de Escuelas de Mendoza comunicó nuevamente la caída del convenio que mantiene en pie a la Escuela de Agroecología de Lavalle y la rescisión del convenio para el pago de 25 cargos docentes, además de la necesidad de reubicar a los y las alumnas. En los años anteriores, la comunidad educativa se organizó y logró evitar el cierre, no obstante, desde entonces se le dio de baja a 50 horas cátedra.
La caída de convenios con escuelas y el cierre de aulas para adultos por «baja matrícula» es una de las formas de ajuste que ejecuta la gestión de José Thomas y que en las últimas semanas se profundizó. La Escuela Campesina, el Bachillerato Popular Violeta Parra del barrio La Favorita y el CENS “Alejandra Soto” de la Casita Trinitaria en Km11 Guaymallén han sido blanco de estas políticas.
La Escuela Campesina de Agroecología funciona desde 2011 y nuclea a más de 100 jóvenes adultos de la provincia. La propuesta que este centro educativo lleva adelante no solo tiene que ver con una formación pedagógica, enmarcada en el sistema educativo de Mendoza, sino también en una oferta que permite a las familias campesinas y a distintos estudiantes trabajar paralelamente en la ruralidad. Esto último es posible gracias a la organización curricular que el personal docente lleva a cabo en el marco de la ley de educación rural.
La escuela funciona bajo la modalidad de un CENS de Gestión Social para jóvenes y adultos, es decir que es cogestionada por una organización – en este caso la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST)- y la DGE, que a través de convenio aprueba el plan de estudio, la metodología de trabajo y aporta cargos docentes para su funcionamiento.
Beatriz Della Savia – quien renunció pero hasta septiembre estaba a cargo de la Dirección de Educación Privada y de Gestión Social y Cooperativa- firmó esta vez la resolución que da de baja a los convenios, señalaron en la Unión de Trabajadores Sin Tierra, la otra pata del acuerdo. La organización asegura que han intentado en vano una reunión con Alejandro Sconfienza, quien reemplazó a Della Savia en el cargo.
«No es la primera vez que la DGE atenta contra el derecho a la educación de comunidades campesinas -señaló la UST en un comunicado-. El primer ataque ocurrió en diciembre de 2019, donde se presentó un expediente de 143 folios que nunca se contestó. Se recortaron 50 horas cátedra, el cargo de asesor pedagógico y personal administrativo. Aún así desde la UST se garantizó la continuidad de la escuela y se logró mantener el convenio. Ahora la definición de José Thomas es el cierre definitivo de la escuela, después de 11 años de funcionamiento».
Fuente: Explícito Online – Unidiversidad
