El diputado provincial por Protectora, José Luis Ramón, presentó dos iniciativas para reformar la normativa del Consejo de la Magistratura. “Observar la ley vigente y percatarnos de las carencias, vicios y defectos que presenta el diseño actual nos pone ante la evidente necesidad de su reforma, necesidad que ha empujado a construir y presentar una propuesta que es verdaderamente superadora”, expresó a modo de introducción.
Una de las propuestas pone el foco en el secreto de las sesiones del Consejo o la falta de publicidad de sus expedientes, dichas prácticas afectan el sistema democrático y republicano ya que niegan el derecho humano a la información. El proyecto establece la publicidad de toda la información, debates y decisiones del Consejo de la Magistratura, así como de sus expedientes, al tiempo que se asegura la protección de la información personalísima de quienes se inscriben a los concursos públicos. “De esta manera se puede establecer el principio de máxima divulgación, contemplando que las restricciones deben ser excepcionales y fundadas” sostuvo Ramón al respecto.
La segunda propuesta puntualiza en el proceso de selección de magistrados y magistradas. Según la normativa actual se contemplan dos etapas, la primera llevada ante la Comisión Asesora y la segunda ante el Consejo de la Magistratura. La Comisión, formada por expertos tiene como función primordial determinar la condición de idoneidad técnica del aspirante. La iniciativa presentada postula que las comisiones asesoras a cargo de cada examen se conformen a través de un sorteo público y transparente entre las y los juristas de reconocida trayectoria que integren la lista de especialistas en la materia, como acontece en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
“Comprender esta función pone de manifiesto la importancia de focalizar en la formación, composición y funcionamiento de la Comisión Asesora. Hay que replantear su funcionamiento para fortalecer la independencia judicial y asegurar la idoneidad de aquellos que aspiran a ocupar un cargo en la magistratura”, señaló el Diputado por Protectora.
Asimismo, este proyecto establece la paridad de género, ausente en la normativa actual, y le permite a la sociedad civil proponer posibles jurados/as al Consejo de la Magistratura para integrar las listas, previa aprobación por el Consejo.
“Ambos proyectos tienen por objetivo construir un Poder Judicial con mayor legitimidad democrática, especialidad técnica y sin rastros de nepotismo, amiguismos, corrupción o deuda de favores. Para lograr este mandato constitucional es imprescindible asegurar mecanismos transparentes de selección de jueces, fiscales y demás integrantes del Ministerio Público que escojan a la persona más idónea”, finalizó Ramón.
