El conflicto por el río Atuel entre La Pampa y Mendoza se debatió en la Corte

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Mendoza y La Pampa defendieron este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación sus posiciones encontradas por las aguas del río Atuel, en una audiencia pública convocada por el máximo tribunal.

En 1987, tras un reclamo judicial de La Pampa, la Corte ya se había pronunciado: dispuso el carácter interjurisdiccional del Atuel, y había exhortado a ambas partes a negociar y celebrar de buena fe convenios para regular los usos futuros de sus aguas.

La Pampa promovió en mayo de 2014 una demanda contra Mendoza por la utilización de este río interprovincial, la segunda que presentó la provincia en los últimos años, pero el conflicto por las aguas del Atuel se remonta a 1947, cuando se inauguró el embalse El Nihuil, en San Rafael, con el fin de destinar las aguas del río a la generación de electricidad y regadío.

Las provincias no se pusieron de acuerdo, y esto dio lugar a la segunda presentación de La Pampa ante la Justicia por las aguas del Río Atuel, que es la que tuvieron lugar este miércoles.

De parte de La Pampa, estuvieron en la audiencia el gobernador Carlos Verna y los ex mandatarios Rubén Hugo Marín y Oscar Mario Jorge, quien inició la segunda demanda contra Mendoza en 2014.

Desde Mendoza, los oradores de esa provincia fueron el gobernador Alfredo Cornejo, el fiscal de Estado, Fernando Simón, y el abogado constitucionalista Alberto Bianchi.

Como amigos del Tribunal del lado mendocino estuvieron el Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli; miembros de la Universidad de Mendoza, y la Federación Agraria Argentina, filial General Alvear, entre otros.

En referencia a esto, Cornejo dijo: “Es un litigio que recién se inicia, esta es una audiencia informativa, no creo que sea conveniente generar expectativas a cerca de una resolución rápida de este conflicto, eso lo decidirá el tribunal. Ahora cada parte se expresa, es un buen mecanismo que todos aporten sus miradas en un conflicto tan complejo”.

“El criterio de Mendoza y de mi Gobierno es que este es un tema que ya esta resuelto desde el año 1987, cuando la Corte habilitó a Mendoza a regar 75 mil hectáreas y el agua se ha ido agotando al igual que el caudal del río Atuel, además hay un cambio climático feroz que ha afectado en estos últimos 40 años a la montaña y glaciares, sin embargo Mendoza ha hecho muchísimos esfuerzos para lograr la eficiencia del agua, ha invertido en los últimos 30 años más de 120 millones de dólares puestos por la provincia de Mendoza y por los regantes, no han puesto fondos otras instituciones”, agregó el mandatario mendocino.

El máximo tribunal aceptó como amicus curiae a la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), al hidrogeólogo Carlos Juan Schulz, y a Carlos Campú y Pedro Coria, en representación de los pueblos originarios de esa provincia. En tanto que para Mendoza, la Corte aceptó como “amigos del tribunal” a Sergio Marinelli, superintendente del Departamento General de Irrigación, a la Universidad de Mendoza y a la Federación Agraria Argentina de General Alvear, en representación de los productores agropecuarios.

Por parte del Gobierno de Mendoza expusieron el Gobernador, Alfredo Cornejo; el fiscal de Estado, Fernando Simón y el patrocinante de la provincia de Mendoza, Alberto Bianchi.
Luego de disertar, el Gobernador resaltó que “a pesar de que este conflicto ya fue resuelto hace 30 años Mendoza nunca se retiró de la mesa dejando a funcionarios pampeanos frente a una silla vacía y continuamos abiertos al dialogo. Muchas propuestas han sido enviadas por nuestro lado pero luego no tienen eco en La Pampa, ya que sólo focaliza en la posesión de los caudales que le fueron denegados en el año 1987″.

A su vez, el mandatario mendocino reflexionó: “La Pampa no logra ver que Mendoza no ha tenido la misma suerte que ella en cuanto a geografía, en Mendoza hay que regar para producir y vivir . De las 335 mil hectáreas e nuestra provincia todas están bajo sistema de riego, ninguna es irrigada naturalmente por la baja demanda de agua. Mendoza es esencialmente desierto, en La Pampa sólo el 1% de las hectáreas cultivadas es irrigada, mientras que en Mendoza, todas las hectáreas están bajo sistema de riego. No es razonable pedirle al desierto que entregue agua”.

Fernando Simón, fiscal de Estado, explicó que  Mendoza usa menos agua de lo que el permite usar la sentencia de la corte del 1987. “Nuestra provincia realiza un uso eficiente y equitativo del agua de acuerdo a todo lo que establece el derecho internacional, 98% de población, 80% de la cuenca, 100% de aporte hídrico y 43% de eficientización del uso, esos son los criterios que establece la eficiencia en el uso de Mendoza”, dijo el fiscal.

La causa comenzó cuando la Provincia de La Pampa inició un proceso contra la de Mendoza por los términos del art. 127 de la Constitución Nacional, a fin de que se declare el incumplimiento de la demandada a diversas obligaciones vinculadas con la regulación de los usos del río Atuel, y que se le prohíba efectuar cualquier tipo de acción u obra sobre el referido río y sus afluentes que implique una alteración de la cantidad o calidad del agua que deba llegar a su territorio, entre otras pretensiones acumuladas.

En referencia a los reclamos que mantiene la vecina provincia, Cornejo explicó: “La Pampa reclama para su lado oeste que corra normalmente el río Atuel, nosotros estaríamos encantados que sea así, pero esto no coincide con la realidad por el cambio climático y no por culpa de Mendoza. Si La Pampa quiere resolver el problema, la universidad de Mendoza le planteó que tenía cosas para hacer como tomar de la cuota del río Colorado que nos corresponde a Mendoza y que les cedimos y conducirla al oeste de La Pampa, pero esta provincia no ha hecho ninguna obra para mitigar esto. Todas las obras que ha hecho La Pampa las ha pagado el estado nacional para la zona húmeda que es más rentable”.

Para finalizar, el Gobernador comentó: “La Pampa debe explicar porque no ha hecho obras para esa gente y no enfrentarse a Mendoza acusándola de río robado. Las inversiones en La Pampa se han hecho con un criterio electoral en las zonas que más votos hay por parte de la población. La tecnología ha hecho obras maravillosas, económicas y eficientes en el mundo. Se debe tomar ese ejemplo”.

La provincia considera que La Pampa «no acredita de modo alguno la existencia del daño que propone», y sostiene que la indemnización reclamada es «improcedente», por no tener razón de ser, pero además, por haber sido estimada en base a cálculos que «resultan gravemente inadecuados en lo técnico, con fuertes falencias metodológicas que desautorizan su definición».

Desde Mendoza, las autoridades aseguran que desde 1992 «se ha cedido caudales propios ajenos al río interprovincial, para un abastecimiento poblacional que duplica las actuales necesidades» y que, «estando ese caudal disponible, cualquier situación de deficiencia en el acceso al agua es un déficit de políticas públicas pampeanas».