En junio se cumplieron cuatro años de la promulgación de la Ley 9.070, que regula el acceso a la información pública en Mendoza, una herramienta que promueve la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y de control de los actos de gobierno, aunque poco explotada por la población.
El organismo encargado de velar por el cumplimiento de la norma es la Subdirección de Acceso a la Información Pública (AIP), que además promueve acciones de control, seguimiento, asesoramiento, mediación y sanción en el caso que corresponda.
“El balance en estos cuatro años es muy positivo. En Mendoza funciona muy bien y ha sido destacada a nivel nacional, con el segundo mejor índice de transparencia del país, sólo por debajo de CABA, aunque con un presupuesto infinitamente menor y un espacio a auditar considerablemente más grande”, evaluó el responsable del área, Diego Seoane en una entrevista para el medio Sitio Andino.
No obstante, para los referentes de Fuerza Política Protectora, el diputado provincial José Luis Ramón y la abogada Alicia Barrionuevo, el «modelo de gestión» tan promocionado, tiene grandes fallas y replanteos en cuanto a su transparencia. A continuación compartimos una columna de opinión.
Mendoza, ¿modelo en materia de acceso a la información publica?
Ante las recientes declaraciones públicas del Dr Diego Seoane, titular de la Subdirección de Acceso a la Información Pública quien expresó que la ley mendocina 9070/18 de Acceso a la información Pública tiene un ejemplar funcionamiento en Mendoza, debo decir que esto no se corresponde con la realidad.
En primer lugar, hay que recordar que hacen más de 4 años, debido a una campaña MUY FUERTE desde distintos sectores partidarios y de ONGs luchamos denodadamente para que Mendoza tuviera su propia ley de acceso a la información, ya que el Gobernador Cornejo en aquél momento, NO quería que el pueblo de Mendoza tuviera esa herramienta tan importante en su poder. Prueba de esto es que la ONG CLADH Centro Latinoamericano de Derechos Humanos tuvo que lanzar una petición dirigida al Gobernador a fin de lograr su sanción.
Como sabemos el Derecho al Acceso a la Información es un derecho humano fundamental y presupuesto indispensable para el efectivo ejercicio y goce de todos los derechos políticos, económicos y sociales.
En el país, 16 provincias tuvieron normativas que regulaban el acceso a la información pública sin embargo Mendoza fue una de las últimas en lograrla.
Desde la reforma constitucional de 1994, en Mendoza se presentaron alrededor de 11 proyectos de ley en materia de transparencia. Sin embargo, la provincia no contaba con una reglamentación que garantizara el acceso a la información. Ello nos posicionó como una de las provincias que menos interés le daba a la transparencia incumpliendo con los mandatos de la Constitución Nacional, de la Constitución de Mendoza, de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos y las obligaciones estatales exigidas como requisitos de accesibilidad del Gobierno Abierto.
Lograda con enorme dificultad la sanción de esta importantísima ley, su puesta en práctica no ha conseguido los objetivos deseados. Esto lo puedo afirmar, en razón de que hemos realizado diversos pedidos de información pública de GRAN relevancia para la ciudadanía y nos han respondido de manera ambigua, con evasivas o de manera incompleta.
En un caso público, de enorme relevancia para la provincia debido a que se investigaba, a solicitud de dos concejalas de Junín un comportamiento a todas luces contrario a la ética pública, llevado a cabo por el intendente de ese municipio, Mario Abed, y actual Vicegobernador, el cual, también violentaba la ley penal vigente, no solicitó de la OIAYEP su compulsa penal y su resolución fue de GRAN parcialidad mediante una resolución vinculante.
Esta investigación se abrió a raíz de un subsidio que el funcionario público al mismo tiempo que era Presidente de una Bodega de su propiedad, se autogestionó un subsidio para hacer frente a la operatoria de cosecha por $20.000.000, sólo mencionando a qué destinarían $6.000.000, y no los restantes $14.000.000. La imputación de fondos municipales conforme se señala en el denuncia se habría realizado 5 días antes de la aprobación del crédito por el Concejo Deliberante en sesión extraordinaria y a sólo 1 día del comienzo de las sesiones ordinarias, raro, no? También las concejalas se quejaron por la falta de respuesta a dos pedidos de información pública que efectuaron en aquel momento.
Sin información no puede haber transparencia, y sin transparencia no puede existir un Gobierno democrático, y republicano. Le estamos otorgando al gobierno mendocino un cheque en blanco para que actúe sin rendir cuentas. Esto no es justo, no es democrático. El Estado tiene que adecuarse a los mandatos de la ley y el pueblo tiene el derecho constitucional de controlar la gestión.
Por todo esto, es que entiendo que no podemos dejar pasar a la ligera estos comentarios a los que nos pretende acostumbrar el radicalismo, ocurre que donde se toque sale barro, y lamentablemente no somos la provincia cuyo marketing no se cansan de hacer.
Por Jose Luis Ramón y Alicia Barrionuevo. Fuerza Política Protectora
