La diputada sanrafaelina y sus pares Gisela Valdez y Adrián Reche, presentaron un proyecto de Resolución, que tuvo su aprobación en la última sesión de la Cámara de Diputados, en el que manifestaron el aval por lo actuado por el gobierno de Mendoza en el proceso tendiente a la ejecución de la obra Portezuelo del Viento.
Según señala el texto de la iniciativa, el aval también se da por “la vocación de agotar todas las instancias a fin de poder lograr la concreción de la misma, siempre que cualquier situación dilatoria no afecte seriamente su posible concreción o termine perjudicando los intereses de la provincia y particularmente del sur mendocino”.
Además, manifiesta la “firme convicción que en el supuesto de la inconveniencia, inviabilidad y/o imposibilidad de la realización de la obra Portezuelo del Viento, los referidos recursos, deben afectarse en la región sur de la Provincia, a obras cuyo impacto no solo se refleje en lo inmediato con la consabida generación de empleo directo e indirecto que toda obra pública trae aparejada, sino que trascienda generacionalmente y permita transformaciones en la región tanto en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, y fundamentalmente dotar de ventajas competitivas y comparativas al sur mendocino”.
En declaraciones de la diputada Sanz, ratifican el acompañamiento sobre “el trabajo que viene haciendo el gobierno provincial agotando todas las instancias de diálogo para que se pueda concretar la ejecución de la obra Portezuelo del Viento, y manifestamos nuestra preocupación por el laudo presidencial que todavía no llega y que hace estar a todos los mendocinos muy pendientes de una situación que podría haberse resuelto hace mucho tiempo”.
“De la misma manera, teniendo en cuenta algunas expresiones en off del Presidente y suponiendo que el laudo sea negativo para la provincia es que solicitamos que los recursos que no sean utilizados en la obra deban afectarse a la región sur de la provincia”, remarca la legisladora fundamentando el pedido en que “los regímenes de promoción industrial por los que varias provincias vecinas fueron favorecidos afectaron principalmente a la zona sur y fue la Cámara de Comercio de San Rafael la que inició la demanda que dio por fin que los 1023 millones de dólares fuesen una acreencia del gobierno de la provincia para poder realizar obras de infraestructura hídrica e hidroeléctricas”. “Por ese motivo agradezco al cuerpo de la Cámara de Diputados su acompañamiento para que este dinero quede principalmente en el sur provincial”, sentenció la vicepresidenta del bloque radical.
