La provincia de Mendoza alzó la voz contra la decisión de la Casa Rosada de realizar un “ajuste” en un programa de asistencia social clave. Cuestionó al Ministerio de Salud de la Nación por dejar de otorgar por mes las dos cajas de kilo de leche en polvo para niños y embarazadas vulnerables, establecidas en el Plan Nacional Materno Infantil, y reducir la entrega a sólo 800 pesos mensuales, que serán acreditados en la cuenta del beneficiario de Anses, con libre disponibilidad.
El principal reproche radica en la imposibilidad de las familias de poder comprar ahora más de una caja, ya que, en los comercios los precios de un kilo de leche en polvo oscilan entre los 700 y 900 pesos. Además, de acuerdo con las autoridades provinciales, se pierde la posibilidad de controlar el estado de salud de las personas que acuden a retirar el alimento en los centros sanitarios locales. Además, la medida se aplicará para los niños menores de 3 años y no hasta los 5 años, como ocurría hasta ahora.
En ese marco, la Fundación Salud Inclusiva, conformado por profesionales y trabajadores de la Salud guiados por el legado de Ramón Carrillo y Floreal Ferrara, señalaron «No podemos callar ante lo que consideramos un grave error por parte del Gobierno Nacional del cual nos sentimos parte. Se debe retrotraer esta medida y continuar con la entrega de leche en los Centros de Salud». A continuación, un comunicado de dicho espacio sanitarista.
DE ENTREGA A TRANSFERENCIA: INVERSIÓN O COSTO
Esta semana tomó estado público la implementación de la Resolución 409/2022 del Ministerio de Salud de la Nación vinculada con la Ley 27.611, también llamada de los mil días, destinada al acompañamiento integral de niñas y niños durante los tres primeros años de vida.
Desde la Fundación Salud Inclusiva proponemos los siguientes puntos para reflexionar:
El primero de ellos tiene que ver con “la oportunidad” en la implementación de medidas o acciones en el marco de políticas públicas, es decir, las mismas pueden ser positivas en sí mismas o no tener impactos negativos, salvo cuando son llevadas a cabo en momentos donde no se dan las condiciones sociales y económicas para impactar positivamente. Esto ocurre con el traspaso de la entrega de leche desde los Centros de Salud a transferencia económica a las familias a través de ANSES.
Considerando que el monto informado no cubre el actual costo del total de la leche que se entregaba y al mismo tiempo nos preguntarnos si estas transferencias tendrán la movilidad ascendente acorde a los momentos que vivimos.
El fundamento de “razones de economía política y eficiencia en la administración de los recursos”, nos lleva al interrogante de si la política alimentaria está vista en esta oportunidad como un costo y no como una inversión, a la vez que no reconoce a la entrega de leche en los centros de salud como una de las herramientas de la Atención Primaria de la Salud sino meramente como un proceso administrativo.
Tampoco queremos soslayar que el Gobierno de Mendoza que hoy reclama por la Resolución 409 es el mismo que progresivamente ha ido desmantelando la política alimentaria en las escuelas a través de la suspensión de la copa de leche y los cambios de las meriendas y raciones alimenticias escolares. Asimismo, ha ido empobreciendo los Centros de Salud y al personal sanitario. El mismo gobierno provincial que desfinancia la Atención Primaria con Centros en donde es un calvario sacar turno para el control del Niño Sano; donde faltan Pediatras; el mismo gobierno que de los 600 puestos de prestadores precarizados sólo ofrece el pase a planta permanente a 26.
También queremos señalar que es falso (tal como se ha señalado en medios afines al oficialismo provincial) que la falta de distribución de leche en los Centros de Salud conlleva un abandono de los controles de salud, ya que estos son indispensables para recibir la AUH (Asignación Universal).
Instamos al gobierno nacional y al provincial a no considerar a las poblaciones vulnerables/vulneradas para realizar ajustes como centro de la discusión política y a renovar los esfuerzos para que sus derechos no se pongan en discusión en cada contienda.
Por Fundación Salud Inclusiva
