A fin de reducir el gasto público, el Gobernador Rodolfo Suarez publicó dos Decretos de «Restricción del Gasto», para la administración pública. Estos son las normas N° 2237/21 y N° 35/22. Lo que hacen es prorrogar una medida que ya había sido tomada en el año 2020 y que incluye restricciones en las contrataciones de personal, aumento en las dedicaciones especiales, y diversas erogaciones dentro del Estado.
En ese marco, Víctor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas explicó que con la prórroga de estos dos decretos «No se podrá aumentar el gasto por encima de la inflación». Esto debe ser acatado por todas las áreas del Estado, incluidos la DGE y los organismos descentralizados como la OSEP. Todos deben rendir cuentas.
No obstante, aún existe un largo camino por recorrer para reducir notablemente el gasto público provincial y que realmente se note en el bolsillo del ciudadano.
Uno de los enormes desafíos que tiene la provincia de Mendoza es reducir el gasto político, ya que con sus actuales 86 legisladores que «representan al mendocino» repartidos entre senadores y diputados provinciales, se convierte en la segunda provincia de la Argentina con mayor cantidad de legisladores, seguido de la provincia de Buenos Aires. Realmente se genera un exceso de representatividad que no se manifiesta en la realidad.
En ese marco, en Mendoza se encuentra en carpeta el tratamiento de la reforma de la Constitución cuya una de las premisas es transformar la Legislatura actual que es bicameral, en unicameral.
La Fundación Libertad presentó su informe para conocer el gasto legislativo de cada provincia. Para ello, se relevó el importe destinado al Poder Legislativo según los Presupuestos Provinciales 2021, para luego vincular este dato con la cantidad de legisladores, tanto diputados como senadores, que tiene cada una de las 24 jurisdicciones del país incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y obtener de este modo cuál es el costo por legislador en cada una.
Concretamente, de acuerdo a los presupuestos sub-nacionales, el importe total de los 24 distritos destinado a las legislaturas provinciales para el año en curso asciende a $78.173 millones. Si se tiene en cuenta que el total de diputados y senadores es de 1.199, implica que cada uno de ellos tiene un costo de $65 millones al año. O, en otras palabras, equivalente a $5,4 millones mensuales.
El resultado por provincia arroja resultados dispares entre ellas. Al tope de la tabla con el costo más alto por legislador se halla Tucumán, con $166,7 millones anuales, le siguen Ciudad de Buenos Aires con $132,1 millones y Chaco con $130 millones. En el otro extremo, es decir, las que registran menor costo por legislador son Santiago del Estero y San Luis, con erogaciones de $8,9 y 13,3 millones anuales respectivamente.
En tanto, vale la pena señalar que más allá de la alta cantidad de legisladores, la provincia de Mendoza se encuentra entre las más baratas del país con un gasto de 18 millones de pesos anuales por cada banca.
Un legislador tucumano cuesta seis veces más que un legislador jujeño, una diferencia considerable teniendo en cuenta que dichas jurisdicciones poseen similares cantidades de legisladores. Otro contraste importante se da entre las provincias de Catamarca y San Luis, en este caso, la primera más que cuadriplica el gasto por legislador de la segunda. Una mayor disparidad se da entre las provincias de Chaco y Santiago del Estero, cuyos gastos por legislador son de $130 y $8,9 millones, respectivamente, es decir, que el costo en la provincia chaqueña es casi 15 veces el de la santiagueña.
En relación a las variaciones de los presupuestos con respecto a los del 2020[1], se advierte que las jurisdicciones que presentaron mayores incrementos son: Santiago del Estero (99,5%), San Luis (60,8%) y Jujuy (46,5%). En el otro extremo, se encuentran La Rioja (3,4%), Mendoza (4,6%) y Chubut (8%) con los menores aumentos. En términos generales, se debe resaltar que 17 jurisdicciones experimentaron crecimientos por debajo de la inflación del período (36,1%).
Debe tenerse en cuenta que la mayor parte del gasto del Poder Legislativo se destina a personal, no sólo considerando el sueldo de los legisladores, sino también, secretarías, asesores y demás empleados permanentes y transitorios. Para las provincias que se pudo obtener este dato, se observa que la participación promedio del gasto en personal en el total del gasto legislativo es del 80%. En las provincias de San Luis y de Misiones este porcentaje es del 59% y 64% respectivamente, siendo las dos de menor ratio para las cuales se dispone de información. En el polo opuesto, se encuentran Río Negro (95,5%), Formosa (91,2%) Santa Cruz (91%) que, junto a Salta (90,8%) y Mendoza (90,3%), son las provincias donde 9 de cada 10 pesos gastados en sus respectivas legislaturas corresponde a erogaciones de personal.
En lo que refiere al personal de las legislaturas, para las que se pudo acceder a información, en promedio, hay 25 trabajadores por legislador. La jurisdicción con la mayor cantidad de empleados por legislador es Chaco, cuya planta de personal del poder legislativo asciende 2.037 trabajadores, lo que significa que posee 64 por cada legislador, más atrás, aparecen Catamarca y Santa Cruz (ambas con 38) y Tierra del Fuego (28). En el otro extremo, se encuentra Entre Ríos con 8 empleados por legislador, Mendoza con 12 y La Pampa con 14.
Comparación con las Comunidades Autónomas de España
Para dimensionar estos guarismos se requiere contrastarlos con los números de las legislaturas de otros países. La comparación con España resulta de utilidad ya que posee una población y una estructura legislativa similar a la de nuestro país. A partir de los datos de los Presupuestos 2021 de las Comunidades Autónomas, se desprende que el gasto por legislador para el total de las legislaturas españolas asciende a 426 millones de euros, que al tipo de cambio actual, asciende a $48.466 millones, valor que resulta considerablemente inferior a los $78.173 millones de la Argentina. En forma puntual, el costo en nuestro país resulta 1,6 veces mayor al español.
El gasto por legislador del país europeo, alcanza los $36,1 millones, es decir que el gasto argentino por legislador prácticamente duplica al español en este escenario. Pasando a comparaciones más específicas entre provincias argentinas y comunidades españolas con cantidades de legisladores similares, se pueden destacar los casos de Tucumán ($166,7 millones) y Murcia ($30,1 millones), donde el costo de un legislador de la provincia tucumana es 5,6 veces mayor al de su par española. Otra diferencia considerable se da entre la provincia de Buenos Aires y la Comunidad de Madrid, aquí la primera quintuplica a la segunda con gastos de $122,6 y $24,3 millones respectivamente. También, vale mencionar el contraste que se da entre Chaco y Cantabria, donde la jurisdicción argentina gasta 5,5 veces más que la española ($130 y $23,6 millones respectivamente).
En efecto, los datos anteriores ponen de manifiesto el elevado costo de las legislaturas provinciales -más aún cuando se efectúa una comparación internacional – y las significativas diferencias entre provincias. A la vez, la participación del gasto en el Poder Legislativo dentro de los presupuestos provinciales, adquiere relevancia cuando se lo contrasta con otras erogaciones de las provincias, ya sean en materia de producción, desarrollo social u obra pública y cuando se percibe que los legisladores presentan proyectos que no tienden a resolver las innumerables problemáticas que aquejan a nuestra sociedad.
