Este jueves 23 de febrero a las 17,30hr en el anexo de la Legislatura de la provincia de Mendoza, calle Espejo 252, se realizará la Audiencia Pública convocada por la diputada nacional Soledad Sosa, del bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores-Partido Obrero junto al diputado provincial Héctor Fresina y el senador Víctor da Vila, a causa del proyecto de ley presentado por la legisladora en el Congreso por la anulación del decreto de necesidad y urgencia n° 70 de Macri de “control migratorio” y el pedido de declaración en el mismo sentido en la legislatura mendocina.
Cabe recordar que un encuentro similar sucedió días atrás en Diputados de la Nación con la presencia de referentes de más de 50 organizaciones de inmigrantes y de derechos humanos, diputados de distintos bloques y la adhesión y presencia de personalidades destacadas como Elia Espen, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora-, la adhesión de Adolfo Pérez Esquivel.
El 30 de enero el presidente Mauricio Macri modificó a través de un decreto la Ley de Migraciones para restringir el ingreso y acelerar la deportación de extranjeros con condenas privativas de libertad o con antecedentes penales. La resolución presidencial afirma que los extranjeros son el 4,5% de la población total del país, mientras que representan el 33% de los presos federales vinculados a causas de narcotráfico. A comienzos de febrero, el CELS y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Gobierno Nacional por el decreto migratorio, ya que lo considera una vulneración de forma directa del derecho a la defensa.
La diputada nacional por Mendoza, Soledad Sosa, afirmó que “Este DNU es un ataque reaccionario a la población migrante y a los derechos humanos. No se trata de una reforma sino de una nueva ley que le da súper poderes al Departamento Nacional de Migraciones, creando un andamiaje de persecución y extorsión sobre personas que tengan antecedentes, ya sea por una contravención o por un proceso sin condena, cuando el delito de la trata de personas, el narcotráfico, el lavado de dinero que es a escala mundial. Busca establecer la relación migrante-criminalidad, distrayendo a la población sobre los verdaderos responsables del delito organizado como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero, etc., refuerza los aspectos restrictivos de la anterior Ley de Migraciones, es una vuelta a la Ley de Residencia y al decreto de la última dictadura militar que favoreció expulsiones de migrantes ante el reclamo de las patronales de reducir el mercado laboral.
No es el mismo trato que reciben las empresas extranjeras llamadas a invertir en nuestro país. Nuestra provincia tiene una composición migrante importantísima, la propia actividad vitivinícola, la cosecha del ajo y el trabajo rural, la construcción, la industria textil, las ferias populares, y en los hornos de ladrillos, podemos encontrar esta presencia de migrantes que forman parte de la cultura mendocina, por esto queremos que la Legislatura y el gobierno provincial rechace este DNU”. declaró la diputada del FIT mendocino.
