En el «Gobierno de Diálogo» que pregona mediáticamente el gobernador Rodolfo Suarez, los temas se imponen de prepo, a golpes, por decreto o sin consensos. Así salió la idea (por decreto) de desactivar la Ley 7722 que protege el agua en la provincia; debajo de la mesa, la instalación de María Teresa Day para la Corte; en medio del colapso sanitario de la provincia, la desesperada idea de reformar la Constitución mendocina… y ahora se suma la idea a los ponchazos de reformar el sistema educativo provincial. Una propuesta que dicen que está en borrador, pero en realidad está ya casi cerrada. Elucubrada desde las oficinas de un técnico electricista que hoy está a cargo de la dirección general de las escuelas mendocinas, donde jamás se le consultó a los propios protagonistas, ni a docentes, ni a directivos, ni a secretarios, ni a pedagogos, ni al portero…
El proyecto «borrador» presentado por el gobierno de Rodolfo Suarez trata de recortar los gastos en la educación pública, delega responsabilidades a los gobiernos municipales, precariza la situación laboral de los docentes, los sobreexige por el mismo precio, les quita estabilidad, fomenta el acomodo y la designación «a dedo», legaliza la bimodalidad y los negocios de empresas tecnológicas, mayor ajuste, cierre de carreras y también el ciberpatrullaje a la comunidad docente. Un modelo neoliberal de un radicalismo de derecha.
Cientos de docentes indignados y preocupados por la continuidad de su futuro laboral y el inminente nivel de la calidad educativa pública gratuita que se les dará a los próximos mendocinos y mendocinas, se reunieron desde distintas partes de la provincia de Mendoza, en un encuentro virtual convocado por los legisladores Mario Vadillo y Marcelo Romano del flamante partido político Ciudadanos por Mendoza.
El extenso encuentro de más de cuatro horas, docentes y directivos se realizó el pasado jueves, donde expresaron libremente su malestar ante esa reforma privatista de la Ley Provincial de la Educación.
Los docentes solicitaban la palabra y seguían su turno para opinar, el debate fue plural y enriquecedor. Los legisladores y concejales de Ciudadanos por Mendoza, escucharon atentamente las problemáticas más resaltantes de todas las escuelas de la provincia.
El diputado Mario Vadillo se refirió a no entender la necesidad del apuro del gobierno provincial por tratar esta trascendental reforma que influye en el futuro de los mendocinos y mendocinas, en medio de una crisis sanitaria, con terapias intensivas colapsadas y la imposibilidad de gestar consensos con mesas de debate presenciales con la comunidad educativa.
Si bien la virtualidad da una posibilidad de comunicación masiva, la dinámica de debate se cercena por falta de ida y vuelta, problemas de conectividad, accesibilidad de algunos docentes… digamos, los mismos argumentos que el mismo radicalismo utiliza a nivel nacional en el Congreso…
«No sabemos qué es lo nuevo que sirva tanto y que se tenga que tratar en una emergencia sanitaria. La problemática real es que las docentes, porque la mayoría son mujeres, se sienten muy avasalladas. Ganan 30 mil pesos, tienen que pagar el internet, están muy dolidas con la realidad, porque el Gobierno dice una cosa en los medios, pero lo que ellas viven es todo lo contrario», señaló el diputado Vadillo.
Por otro lado, el senador Marcelo Romano también está preocupado por «las formas» de meter de prepo los proyectos el gobernador Rodolfo Suarez. Tanto en la reforma de la Ley 7722 como la designación de María Teresa Day, apeló a las imposiciones de manera exprés, sin lugar a debates, sin consensos y en menos de una semana. Romano desconfía que esta importante reforma estructural de la educación que influye en el futuro de Mendoza se realice de la misma manera y sin lugar al debate de todos los sectores de la comunidad educativa. El «Gobierno de Diálogo» solo se convierte en un «Monólogo Radical» ¿Eso se llama debates en democracia?
Los docentes se expresaron en libertad
El saber escuchar a los docentes, sus experiencias, sus diferentes realidades, hacen que un debate se convierta enriquecedor. Los referentes de Ciudadanos por Mendoza, Mario Vadillo, Marcelo Romano, Luis Giachino, Lisi Rodríguez, María del Carmen Olivera, Rubén Lázzaro, por el Partido Verde Emmanuel Fugazzoto, solo se dedicaron a escuchar los diferentes puntos de vista de esta reforma que quiere imponer Suarez, docentes sin afiliaciones políticas que solo ponen sus fuerzas diariamente en la enseñanza de todos los niños, jóvenes y adultos de la provincia, de norte a sur, de este a oeste, en el centro y en las fronteras.
La pandemia desnudó los años de escasa inversión en materia educativa y la ausencia en políticas de Estado. En muchos rincones de Mendoza hay problemas de conectividad que hace que el proceso de aprendizaje discrimine entre «los que pueden pagar y los que no» o «los que viven en el centro y los que viven en parajes rurales». Muchos alumnos y docentes no tienen computadoras o dispositivos móviles para adecuarse a la virtualidad. Los gobiernos de Cornejo y de Suarez nunca repartieron notebooks a la comunidad educativa, ni eficientes conexiones gratuitas para alumnos y docentes… lo cual generaron graves problemas en la actual situación educativa, donde el docente tuvo que pagar un servicio privado de internet desde su propio bolsillo para poder dar clase a los pocos alumnos que también pueden costear ese gasto, en un contexto de desempleo y crisis productiva.
La profesora del ciclo secundario, Ivana, confirma esta realidad en la charla virtual de Ciudadanos: «Los docentes en esta situación de pandemia, hemos hecho un esfuerzo sobrehumano y lo único que ha quedado demostrado acá es que la educación no es ni pública ni gratuita y que no es universal tampoco, porque no llegamos a los alumnos. Hemos llegado con muchísima dificultad, yo tengo mi computadora, tengo banda ancha, tengo fibra óptica, tengo un buen celular… pero muchos de mis alumnos no lo tienen porque es tan mala la situación económica, porque las familias por ahí tienen que elegir entre darles de comer o darles el internet para aprender. Lamentablemente el gobierno los dejó olvidados y no ha hecho nada con esa gente».
Y agrega «¿Es necesario reglamentar la parte virtual? y sí porque la estamos usando… eso lo reconozco pero hagámoslo a través de resoluciones y dejemos la ley para dar un tratamiento serio más adelante, para no retroceder, para poder avanzar para poder estudiarla con tiempo. No estas leyes que se quieren sacar entre gallos y medianoches sin que nadie se entere».
«Con esta reforma no quiero tener alumnos de primera, alumnos de segunda y alumnos de tercera. Solo quiero que el Gobierno de Mendoza me solucione los problemas que tengo para poder enseñar eficazmente, llegar a todos mis alumnos por igual. Simplemente que pueda hacer mi trabajo en forma responsable», concluyó entre lagrimas y angustia.
«Esta reforma de la ley no le interesa la parte educativa, lo que le interesa al Gobierno Provincial es un ajuste del sistema educativo, porque no van a poner ningún punto más para el presupuesto de plata para la educación» sostiene el profesor Sebastián cuando tuvo la palabra.
Marcela, directora de un establecimiento educativo de frontera, acercó otros puntos de vista «Con esta reforma hay un claro ataque contra la Constitución provincial, contra la Nacional, contra la estabilidad laboral, ni siquiera contempla la ley de contrato de trabajo e incluso atenta contra las comunidades más vulnerables».
«Con la idea de delegar el rol educativo a las Municipalidades, el jefe comunal deberá seleccionar los establecimientos públicos por su rentabilidad más por su rol educativo y social. Es así que una escuela de frontera, con una comunidad de 82 niños, solo implica pérdidas para la comuna y deberá cerrar. Es así que los niños de esa comunidad deberán desplazarse al centro urbano, lo que será un importante gasto en el traslado para esas humildes familias. Incluso la Municipalidad no podrá hacerse cargo de los bolsones de comida para esas familias», sostiene.
«Esta Ley no aporta nada… nos resta a nosotros como docentes y directivos, nos resta a nuestras comunidades, nos resta a nuestros alumnos, nos resta al futuro. O sea que en realidad en lugar de estar pensando una ley de educación para los próximos 20 años, estamos volviendo 70 años atrás», concluyó Marcela, entre tantos otros oradores del fructífero encuentro.
