Mendoza pica en avanzada: Media sanción al ejemplar proyecto «Ficha Limpia» que busca transparencia en la gestión pública

Actualidad Mendoza

Desde agosto del año pasado, tanto la iniciativa de la diputada María José Sanz como, en paralelo, la de la ex senadora Cecilia Paez, nuestro BienCuyano viene tratando en notas periódicas el avance de hormiga de los proyectos de «Ficha Limpia» en la provincia de Mendoza, una herramienta clave que busca mayor claridad y transparencia en sus representantes. Si bien, la propuesta quiere llegar a tratarse en el recinto del Congreso de la Nación… una vez más la Legislatura mendocina da un paso de calidad institucional y es pionera en llevar adelante el debate este innovador proyecto, tal como fueron en otros años, la equidad de género en las listas electorales.

De esta manera, la Cámara de Diputados mendocina dio este miércoles media sanción al proyecto de ley, denominado Ficha Limpia, que busca evitar que candidatos que tengan una condena de primera instancia puedan acceder a cargos electivos y, con las modificaciones planteadas por la oposición, este cepo se amplió al resto de los cargos públicos.

La norma se validó en general con una votación nominal de 47 votos a favor y la solitaria oposición del Frente de Izquierda.

Si bien, el proyecto inicial presentado por los diputados radicales María José Sanz y José Orts contemplaba solo alcanzaba a los cargos legislativos, el diputado peronista Germán Gómez, jefe del espacio político PJ-Frente de Todos, junto al legislador de Protectora Línea Fundadora, Mario Vadillo, solicitaron que la «Ficha Limpia» no sólo contemple los cargos electivos legislativos, sino que también se ponga en foco los cargos en el Ejecutivo, sobre todo, para el control de quienes manejan fondos públicos.

En concreto, se trata de una modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. La misma determina, entre otros puntos, quiénes pueden (o no) postularse a los cargos electivos locales.

«Para nosotros fue el mejor resultado posible», celebró la diputada radical María José Sanz.

«Hablamos de condenas en primera instancia en delitos vinculados con la corrupción, y hemos sumado otros: delitos del art. 80 del Código Penal (asesinato y femicidio), otros que tienen que ver con la integridad sexual de las personas, contra la libertad de las personas y con el estado civil, es decir, los cambios de identidad y sustracción de identidad», expresó la autora del proyecto.

En ese sentido, se refirió a la ampliación de los alcances de la propuesta. «Debe existir una limitante moral en las personas. No podría ser representante de los mendocinos y las mendocinas un pedófilo o alguien que se robó un bebé. Son delitos de gravedad para la sociedad», sostuvo.

Asimismo, destacó que «los responsables directos van a ser los partidos políticos». Por esto, si un espacio político inscribe a alguien con alguna de estas condenas, la Junta Electoral le dará aviso, tendrá 24 horas para hacer un reemplazo y, si esto no ocurre, toda la lista quedará inhabilitada.

Votación:
El bloque del FdT-PJ se abstuvo en el artículo 1.

El PI votó negativo el artículo 1.

El FIT votó negativo todo el expediente. Los demás bloques (Cambia Mendoza, Protectora, Protectora-Línea Fundadora, PD, PDP, UP-FR y FR) acompañaron con su voto afirmativo.

Finalmente, el oficialismo acumuló un expediente de Gustavo Cairo (PRO) que establece que «los funcionarios de los poderes ejecutivos provincial y municipales y los funcionarios de entes descentralizados y empresas del Estado, deberán presentar ante la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, dentro de los 30 días de su designación, un certificado de antecedentes penales donde conste que no hayan sido condenados por delitos contra la administración pública». 

El peronismo cuestionó que sólo se tomaran en cuenta ese tipo de delitos y no el resto que contempla la norma, a lo que el radicalismo accedió. De este modo, el PJ votó a favor de la iniciativa (aunque se abstuvo de votar en el artículo 1°) y el oficialismo logró que la ley salga con un amplio consenso en la Cámara Baja. La discusión continuará en el Senado, donde -de no existir modificación a lo aprobado en Diputados- se convertirá en ley.

“Ficha Limpia” cuenta con el apoyo de ciudadanos y ciudadanas que a través de un Movimiento nacional  han impulsado la propuesta recolectando firmas a través de la plataforma Change.org. Hasta el momento, se han sumado más de 380.000 firmas dándole aval a esta iniciativa que de tener sanción definitiva en el Senado, haría que Mendoza haga punta en la lucha contra la corrupción.

El Texto aprobado

El texto acordado por la mayoría de los bloques, incorpora el inciso 3) al artículo 37 de la Ley Nº 4746 (Orgánica de Partidos Políticos), estableciendo que no podrán ser candidatos a cargos partidarios, ni precandidatos en elecciones primarias, ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos (…), las personas que se encuentren  condenadas, en Juicio Oral y Público, a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por los delitos contra la Administración Pública previstos en los Capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y  XIII del Título XI del Libro Segundo del Código Penal y en el inciso 5 del artículo 174° de dicho Código. Esto es, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública.

También, por los delitos contra el orden económico y financiero comprendidos en el Título XIII del Libro Segundo del Código Penal; contra las personas comprendidos en los artículos 80° incisos 4), 11) y 12) del Título I del Libro Segundo del Código Penal; los delitos contra la integridad sexual comprendidos en los artículos 119°, 120°, 124° a 128°, 130°, 131° y 133° del Título III del Libro Segundo del Código Penal; contra el estado civil de las personas comprendidos en los artículos 138°, 139° y 139° bis del Título IV del Libro Segundo del Código Penal; y los delitos contra la libertad comprendidos en los artículos 140°, 142°, 142° bis, 145° bis, 145° ter y 146° del Título V del Libro Segundo del Código Penal.

Los partidos políticos o alianzas electorales, a fin de acreditar el cumplimiento de tales disposiciones, deberán exigir a todos los precandidatos  y candidatos titulares y suplentes que integren sus listas, para cualquier cargo electivo provincial y municipal, el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, “siendo responsables directos de su presentación” ante los órganos con competencia electoral. Este certificado se deberá acompañar junto con la presentación de listas, tanto en las elecciones primarias como en las generales.

En caso de haberse advertido su falta de presentación, el organismo con competencia electoral intimará, por única vez, al partido político o alianza electoral al cumplimiento de dicho requisito o al reemplazo del precandidato o candidato, en un plazo de 24 horas. En caso de no adjuntarse el Certificado de Antecedentes Penales correspondiente o, en su defecto, en  caso de no producirse el reemplazo del precandidato o candidato en el término previsto, la lista de dicho partido político o alianza electoral será considerada como lista incompleta y no podrá participar de las elecciones provinciales o municipales.

Por otra parte, si se advirtiese, con posterioridad a las elecciones provinciales y municipales, que alguno de los candidatos electos registrara antecedentes por los delitos mencionados, la situación será inmediatamente comunicada a la Cámara Legislativa o Concejo Deliberante que corresponda a los fines de iniciar el proceso constitucional pertinente a que hubiere lugar.

Se agrega por otra parte, el artículo 17 bis a la Ley 2551 – Ley Electoral de la provincia – señalando que los partidos políticos no podrán registrar candidatos a cargos públicos electivos para las elecciones provinciales y municipales en violación a lo establecido en el artículo 37º de la ley 4746.

Se incorporó también al articulado de esta media sanción una modificación al artículo 5 de la Ley 8993 (de Ética Pública -Responsabilidad en el ejercicio de la Función Pública), estableciendo que  los sujetos comprendidos en la presente ley deberán presentar ante la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, dentro de los 30 días de su designación, un certificado de antecedentes penales donde conste que no hayan sido condenados por los delitos ya incorporados en esta normativa.

Los funcionarios públicos  deberán observar como requisito de permanencia en el cargo, una conducta acorde con las obligaciones previstas en la presente ley en el ejercicio de sus funciones. Si asi no lo hicieren serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función.

Un caliente debate en el recinto virtual

Durante el tratamiento en el recinto, la diputada María José Sanz (UCR) señaló que “estos proyectos se conocen como “ficha limpia” o de “políticos sin antecedentes”, pero en definitiva lo que se propone es dar la  mayor transparencia posible  al Estado. La modificación de la Ley 4746 –  Orgánica de Partidos Políticos –  propone la incorporación de nuevas condiciones para ser candidato a cargos electivos  en Mendoza. Para nosotros esto es  muy importante porque  otorga un salto de calidad, e incorporar a funcionarios políticos aumenta esta propuesta”.

“Quiero dejar claro que hablamos de condenas en primera instancia y por delitos contra la administración pública, delitos contra las personas, contra el orden económico y financiero, delitos contra la integridad sexual, contra el estado civil de las personas,  contra la libertad. Este grupo de delitos importantes se suman al delito de la corrupción”, subrayó.

“Que quede claro además, que no estamos discutiendo el principio de inocencia, estamos incorporando requisitos de elegibilidad para cargos electivos, estamos incorporando requisitos de idoneidad, estamos incorporando a la plana de los poderes políticos, situación que armoniza directamente con el Estatuto del Empleado Público. Lo que buscamos es niveles de coherencia, y a un candidato no se le puede exigir menos. La sociedad  viene pidiendo acciones en este sentido”, puntualizó Sanz.

Finalmente, dijo que “estamos legislando en pos de la transparencia, algo que cambiará la credibilidad del sistema político”, a lo que agregó que “estamos orgullosos. Queremos elevar la vara porque existe un interés público de evitar la corrupción. El Movimiento Social Ficha Limpia logró 381 mil firmas que  avalan este proyecto. Nuestros representantes deben tener determinadas características y siguiendo  la línea de los derechos humanos, no queremos que nos avasallen delincuentes a través de los  cargos políticos”.

Por su parte, José Orts (UCR), indicó que “estamos ante un proyecto que es un reclamo social y esas 381 mil firmas se organizan para decir basta de corruptos. Hemos podido ver cómo la sociedad no quiere vivir junto a corruptos y resulta lamentable que la justicia no los condene. El espíritu de esta Ley, es tener personas a cargos electivos que no tengan antecedentes. Las penas del Código Penal no alcanzan, le agregamos mayores requisitos a la Ley Orgánica de Partidos Políticos”.

En esa línea, sostuvo que “justamente hay que ver qué Mendoza queremos y esto, claramente conlleva mayor responsabilidad a las alianzas electorales y partidos políticos porque no podemos poner candidatos en tercer o cuarto lugar que hayan delinquido. Le damos mayor claridad institucional. Esta ley va en  favor de la ética, de la moral, de la democracia. Esta Ley busca  terminar con los individuos que delinquen y también con las organizaciones delictivas. Si se roba al Pueblo no hay escuelas, hospitales. Que los que cometieron un fraude no se escuden en esta Legislatura. Esta ley es de avance institucional, de  avance democrático”.

A su turno, Mailé Rodríguez (FIT), adelantó su voto negativo al considerar que “se está hablando mucho de corrupción pero no se la está atacando realmente con esta Ley. Recién se citaba lo ocurrido en Brasil, lo ocurrido con Lula. Vemos en Bolivia lo que sucedió, cómo esta misma Ley de Ficha Limpia y legislaciones similares, fueron en perjuicio de los propios procesos democráticos. Incluso se vio que, en zonas de legalidad como ésto, se llevaron a cabo nuevas formas de goles de Estado”.

“Estamos de acuerdo que los funcionarios deben tener las mismas condiciones que un trabajador. Las situaciones de privilegio de la casta política y judicial deben cambiar. Pero queremos manifestar que no acompañaremos el proyecto porque cuando se ataca en nombre de la República ciertos derechos, en realidad estamos haciendo un armado autoritario”.

En tanto, el diputado Germán Gómez, titular de la bancada del FdT-PJ, indicó que “la corrupción se debe atacar no sólo desde lo material sino con actos concretos, sobre todo con una Ley de estas características”.

“Lo que estamos acá discutiendo son los actos de corrupción, y lo que reclaman esas entidades, y lo que reclama la sociedad, esas 360.000 firmas, hay que también después expresarles la verdad de este proyecto, el cual vamos a apoyar”.  A la hora de la votación, el bloque votó afirmativamente en general pero se abstuvo en el primer artículo. Según señaló Gómez, “tenemos una duda respecto a la inconstitucionalidad”, en lo referente a la instancia judicial. “Nos abstenemos de votar ese concepto porque entendemos que pueden haber cuestiones ligadas a la inconstitucionalidad, al privarse a una persona de su libertad, que pueda interponer recursos que ya están regulados”.

En idéntico sentido se expresó Eduardo Martínez (PI), quien anticipó por su parte el voto negativo al artículo 1, “Creo que hay que reformar el servicio de justicia, no puedo aceptar que se proscriba a una persona por una sentencia en primera instancia. Estoy convencido de que debe darse con sentencia firme”

Jorge López, titular del interbloque Cambia Mendoza, destacó que “estamos ante una futura Ley que va a ser pionera a nivel nacional. Esto demuestra lo importante que es la defensa de las instituciones en nuestra provincia.  Esperemos que sea la punta de lanza para que otras jurisdicciones avancen en el mismo sentido”.

“De los tres artículos que tiene este proyecto, el artículo que viene a modificar esta situación es el artículo 1, el que realmente demuestra la voluntad que tenemos para ir en contra de la corrupción. Para no darle un salvavidas a la corrupción, tenemos experiencias de sobra, el salva vidas del fuero legislativo. Allí se ve la voluntad, porque si no,  sólo nos quedamos en lo discursivo. El argumento de inconstitucionalidad no lo acepto, es esquivar las decisiones”, puntualizó. 

Mercedes Llano (PD), expuso que “esta incorporación de dos posturas que son válidas es importante para el mensaje que le damos a la ciudadanía, porque hace a la calidad de una norma que seguramente pondrá a la vanguardia a Mendoza”.

“La corrupción en Argentina es una práctica en permanente expansión según el índice de percepción de la corrupción. De 180 países estamos en el puesto 66, el 56 por ciento de los argentinos consideraban desde 2007 hasta 2018, que la corrupción se había expandido. Según Transparencia internacional, el gobierno no hace bien su trabajo contra la corrupción, la gente percibe que la corrupción está enraizada y la convergencia entre la impunidad y la corrupción han debilitado al entramado democrático”, acotó.

“Con las modificaciones recién introducidas, esta iniciativa trasciende esta restricción a funcionarios extra escalafonarios designados de manera directa o no. De esta manera incluimos a todos los funcionarios políticos de todos los poderes del estado. Este punto es muy significativo ya que  la probidad de los funcionarios públicos debe medirse con la misma vara”, afirmó.

Pablo Cairo (Protectora FP), adelantó en tanto su voto afirmativo al estar “incluidos todos los funcionarios en cargos públicos, no sólo a cargos electivos”.

También Josefina Canale (PDP), indicó que “es muy enriquecedor para Mendoza este proyecto y que se esté dando esta discusión en este ámbito, siendo la corrupción uno de los problemas endémicos  que tenemos en el país y viviendo las consecuencias de lo que trae la corrupción y que se puede ver en los altos niveles de pobreza de Argentina”.

“Respeto al primer artículo que tiene que ver  con sentencia en primera instancia, pertenecer a ejecutivo provincial o municipal teniendo acceso a dineros públicos y pertenecer al legislativo implica privilegios. Estos privilegios hacen que los ciudadanos que ejercen estos cargos no sean iguales  a otros ciudadanos que no lo hacen. Esto por aquellos que puedan pensar que este proyecto puede ser inconstitucional”, fundamentó.

De igual modo, Gustavo Cairo (PRO), expresó que “aceptamos la incorporación del resto de los delitos que estaban en el proyecto original de ficha Limpia y a todos los funcionarios, por las dudas que alguien haya quedado fuera de este esquema”.

Por otra parte, en relación al artículo 1, manifestó que “el principio de inocencia es una garantía constitucional, establece que nadie puede ser penado sin juicio previo .Cuando una persona es condenada habiendo tenido un juicio previo,  la presunción de inocencia ya  deja de existir más allá de que exista algún recurso de alzada que pueda modificar la situación judicial de la persona. Pero para que haya una condena tiene que haber plena prueba”, aclaró.

De igual forma Adrián Reche (UCR), sostuvo que “celebro el avance de este proyecto, con las modificaciones realizadas, y que toman el guante del clamor social que rechaza los actos de corrupción que tan mal le hacen a nuestro país”.

Mario Vadillo (Protectora LF), dijo a su turno que “conforme con lo que se ha logrado con todos los bloques, es importante que las fuerzas políticas se unan para esto. Creo que lo que hemos logrado, es algo superador. Ficha Limpia ampliada, superada, espero que se pueda copiar para todas las provincias”.